Rehenes de la especulación: la vivienda pública secuestrada 

El derecho a un techo digno convertido en moneda de cambio electoral y negocio para fondos buitre

UNA GENERACIÓN ATRAPADA

En España, acceder a una vivienda ya no es un derecho constitucional sino un privilegio reservado a quien pueda pagarlo. Las y los jóvenes, pero también familias trabajadoras enteras, se han convertido en rehenes de un sistema diseñado para expulsarles del mercado. Alquileres disparados, compra inalcanzable, pisos turísticos ocupando el espacio de vecinos y un parque público raquítico: apenas un 3% frente al 9% europeo.

El anuncio del Gobierno de ayudas de 30.000 euros para jóvenes de hasta 35 años a través del alquiler con opción a compra no es solo una medida económica. Es también un mensaje político: o blindas la vivienda pública o no recibes nada. Por primera vez, se plantea condicionar la financiación a que las comunidades tripliquen su inversión, protejan de por vida las promociones y acaben con el saqueo que convirtió 2,4 millones de viviendas públicas en botín para bancos y fondos de inversión.

Mientras tanto, Ayuso y Feijóo repiten el mismo mantra: blindar la vivienda pública es “crear ciudadanos de categorías”. Una manera elegante de decir que prefieren mantener abierta la puerta a la especulación antes que garantizar estabilidad a la ciudadanía.

EL NEGOCIO DE LOS DERECHOS

La ciudadanía vive atrapada en una paradoja cruel: el Estado invierte en construir vivienda pública, pero luego la desclasifica, la vende o la deja caer en manos privadas. Resultado: pagar dos veces por el mismo derecho. Primero con impuestos, después con hipotecas y alquileres inflados.

La Comunidad de Madrid ha sido laboratorio de esa lógica. Desde los años de Ignacio González hasta Ayuso, las viviendas sociales han pasado de servir a familias humildes a engordar carteras de inversión de fondos como Blackstone. Miles de inquilinos vieron cómo sus contratos se encarecían o desaparecían porque un Gobierno autonómico decidió que era más rentable entregarlas a la banca de inversión.

Ese secuestro se traduce en vidas precarias, en jóvenes que retrasan su emancipación hasta los 30 o 35 años, en familias obligadas a compartir piso, en barrios expulsados por la turistificación. El ciudadano no elige: se resigna o huye.

POLÍTICA DE REHENES

El plan de Sánchez introduce un cambio: usar la financiación estatal como palanca. Se pasa de la retórica a la presión real. Quien no blinde, no cobra. Pero la consecuencia inmediata es la creación de dos Españas: comunidades que aceptan el plan y otras que dejan a sus ciudadanos en la cuneta.

Madrid, Andalucía o Castilla y León prefieren mantener a la gente como rehenes de la especulación antes que aplicar medidas de sentido común. El resultado es que los jóvenes madrileños pueden quedar sin ayudas no por falta de fondos, sino por dogma político.

Los sindicatos ya han advertido que el problema no se limita a la juventud. Cada vez más trabajadores y trabajadoras, con contratos estables, son incapaces de acceder a una vivienda. Y Sumar recuerda que sin control de precios la situación seguirá siendo insostenible. Pero el plan obliga a poner las cartas sobre la mesa: o se gobierna para los especuladores o se gobierna para la ciudadanía.

En Euskadi se blindó la vivienda pública en 2003. Desde entonces, no puede destinarse a segunda residencia ni permanecer vacía sin sanción. Se puede hacer. Se ha hecho. Lo que falta en Madrid o en Andalucía no son recursos, es voluntad.

El rehén lo sabe: paga alquileres imposibles, sobrevive en pisos sin contrato estable o se resigna a vivir con sus padres más allá de los 30. El rehén no es un concepto abstracto: son las enfermeras y enfermeros que sostienen hospitales, las maestras y maestros que educan en colegios públicos, las camareras de piso que limpian hoteles donde el metro cuadrado vale más que sus sueldos anuales.

El rehén se mira en el espejo de una Europa donde la vivienda pública es un derecho consolidado y se pregunta: ¿por qué aquí no?