¿Sabes quién se beneficia realmente de los contratos millonarios tras un desastre como la DANA en Valencia? 

No pienses más: las empresas vinculadas al PP

Han pasado cinco meses desde la devastadora DANA del 29 de octubre, que provocó importantes daños en infraestructuras y viviendas en la Comunitat Valenciana. En respuesta, el gobierno autonómico presidido por Carlos Mazón ha destinado un total de 241,5 millones de euros mediante contratos de emergencia. Según una investigación publicada por ElDiario.es, muchas de estas adjudicaciones han favorecido especialmente a empresas constructoras con vínculos históricos con escándalos de corrupción relacionados con el Partido Popular (PP).

A continuación, se detalla la situación de las empresas que han recibido las cantidades más significativas:

FCC: Ha obtenido 19,9 millones de euros, convirtiéndose en la mayor beneficiaria de contratos de emergencia tras la DANA.

Rover Rail: Especializada en infraestructuras de transporte, ha sido adjudicataria de contratos por valor de 19,2 millones de euros.

Ocide Construcción: Con adjudicaciones que suman 15,6 millones, esta empresa está implicada en el ‘caso Azud’, acusada de pagar supuestas mordidas al entorno del PP valenciano y, concretamente, al cuñado de la exalcaldesa Rita Barberá.

Becsa: Ha recibido contratos por 14,6 millones de euros. Uno de sus accionistas, Gabriel Alberto Batalla, fue condenado en el ‘caso Gürtel’ por financiación ilegal del PP valenciano durante las elecciones autonómicas y municipales de 2007.

CHM Infraestructuras: Con adjudicaciones de 14,3 millones de euros, la empresa está presidida por Francisco Javier Martínez Berna, quien asumió responsabilidades judiciales en la financiación ilegal del PP valenciano.

Guerola Áridos y Hormigones: Ha recibido contratos por valor de 12,8 millones de euros para diversas obras tras la emergencia.

Global Omnium Medioambiente: Se le han adjudicado 12,7 millones de euros en contratos de emergencia.

Torrescámara y Cía de Obras: Ha resultado beneficiaria de contratos que suman 11,9 millones de euros.

Comsa SAU: Ha obtenido 11,6 millones de euros por trabajos relacionados con la reparación y reconstrucción.

Grupo Pavasal: Con 10,2 millones de euros adjudicados, está relacionada con pagos a la ‘caja B’ del PP valenciano según quedó acreditado en el ‘caso Taula’.

Eiffage: Empresa beneficiaria con 9,5 millones de euros.

Sociedad de Agricultores de la Vega: Ha recibido adjudicaciones por 9,5 millones de euros. También realizó aportaciones a la ‘caja B’ del PP valenciano según investigaciones judiciales.

Vialobra SL: Ha recibido 5,8 millones de euros en contratos.

UTE Elsan-Torrescámara: Contratada por valor de 4,4 millones de euros.

Tecnología de la Construcción y Obras Públicas: Ha sido beneficiada con contratos por valor de 3,2 millones de euros. Varios de sus propietarios están relacionados con la empresa STV Gestión, próxima al gabinete de Mazón.

Magma Gestión Medioambiental: Ha obtenido contratos por 2,9 millones de euros.

STV Gestión SL: Ha recibido contratos por 2,7 millones de euros, destacando que José Manuel Cuenca, su ex responsable de Relaciones Institucionales, es ahora jefe de gabinete de Carlos Mazón.

Vilor Infraestructuras SL: Con adjudicaciones de 2,7 millones de euros.

Cruz Roja Española: Ha recibido 2,6 millones de euros por servicios de emergencia y asistencia.

Técnica y Proyectos SA: Ha resultado beneficiaria de contratos por 2,3 millones de euros.

Riesgos y críticas al modelo de contratación de emergencia:

El modelo de contratación de emergencia permite rapidez en las respuestas ante desastres naturales, como ocurrió con la DANA. Sin embargo, expertos y organismos como la Agencia Valenciana Antifraude (AVA) advierten sobre sus riesgos asociados a la corrupción debido a la menor transparencia y fiscalización previa.

Joan Llinares, exdirector de la AVA, destaca que este modelo facilita contrataciones a empresas cercanas al poder político, lo que favorece prácticas corruptas, sobrecostes elevados y subcontrataciones con márgenes elevados y poco transparentes. Asimismo, tanto la AVA como el Tribunal de Cuentas recomiendan reforzar la transparencia, competencia y control financiero en este tipo de contrataciones para evitar abusos y malas prácticas.