El número de personas acusadas de abuso infantil dentro de la Iglesia Católica española ha llegado ya a la alarmante cifra de 1.014
Como si de una historia oscura de misterio se tratara, los templos sagrados y las casas educativas de la iglesia española parecen esconder una pesadilla de horror que se encuentra detrás de sus altas paredes y vitrales coloridos. Aunque la iglesia, con su presencia y tradiciones, se nos ha sido vendida como un pilar de la sociedad española durante siglos, las denuncias recientes indican que existe una cara oscura en su seno que amenaza con poner en jaque su posición moral ante la sociedad.
UNA SITUACIÓN ALARMANTE
El número de personas acusadas de abuso infantil dentro de la Iglesia Católica española, incluyendo clérigos y laicos que forman parte de instituciones religiosas, ha llegado ya a la alarmante cifra de 1.014, afectando a al menos 2.104 víctimas. Este dato, recopilado y contrastado por el diario EL PAÍS, incluye todos los casos que han salido a la luz a través de medios de comunicación, sentencias judiciales y admisiones por parte de la propia Iglesia.
Hace un lustro, cuando este medio comenzó su investigación, solo se conocían 34 casos. El millar de acusados se ha alcanzado con la presentación del cuarto informe de este diario, que ha revelado 45 nuevos casos, dirigido a la Conferencia Episcopal (CEE) y al Defensor del Pueblo, quienes desde hace un año tienen abierta una investigación encargada por el Congreso.
A pesar de todos los esfuerzos, de entregar más de 1.300 páginas de testimonios y casos a la Iglesia para su investigación (como se estipula en sus propios estatutos), y de intentar buscar respuestas para las víctimas, el silencio continúa. Incluso ante las pruebas más contundentes, muchas de las órdenes y diócesis mantienen sus labios sellados, sin ofrecer explicaciones sobre sus indagaciones ni sobre los casos que ya conocen.
LA HERRAMIENTA DE LA VERDAD
El oscurecimiento de estas atrocidades fue la norma durante décadas. De los mil casos documentados, se desprende que al menos 60 obispos, entre ellos figuras prominentes como Antonio María Rouco Varela, Carlos Osoro y Vicente Enrique y Tarancón, y 14 líderes de órdenes religiosas han encubierto y ocultado casos de abusos, en ocasiones simplemente reubicando a los pederastas, incluso fuera del país. Ni la Iglesia española ni el Vaticano han tomado medidas al respecto.
Pero ¿qué es lo que encontramos cuando nos asomamos a estos oscuros abismos? Encontramos que, durante décadas, la ocultación fue la norma. Al menos 60 obispos, incluyendo altos cargos como Antonio María Rouco Varela, Carlos Osoro y Vicente Enrique y Tarancón, y 14 líderes de órdenes religiosas han elegido silenciar y encubrir casos de abusos.
A lo largo de las investigaciones, se ha revelado un patrón de abuso sistemático y una cultura de silencio y negación dentro de la institución eclesiástica. Esto ha permitido que los agresores, en muchos casos, continúen en posiciones de poder y sigan en contacto con menores.
LAS CONSECUENCIAS Y LAS RESPONSABILIDADES
La sociedad civil y las víctimas exigen que se asuman responsabilidades y se ponga fin a esta epidemia de abusos. Las voces que piden justicia se han vuelto ensordecedoras, pero la Iglesia aún responde con lentitud.
En la comunidad internacional, la postura de la Iglesia católica ha sido objeto de críticas severas. Organizaciones de derechos humanos, grupos de víctimas y gobiernos de diferentes países están pidiendo acciones concretas y transparencia en la gestión de estos casos. Se ha insistido en la necesidad de una comisión independiente que investigue los abusos, supervise las acciones de la Iglesia y asegure que las víctimas reciban la ayuda y el apoyo que necesitan.
Ante el clamor público, la Iglesia en España debe afrontar una reforma necesaria. Primero, debe admitir y reconocer abiertamente los errores del pasado y los fallos en la gestión de los casos de abusos. Luego, es imprescindible que implemente medidas para garantizar la protección de los menores y brinde apoyo a las víctimas.
Es necesario que la Iglesia colabore plenamente con las autoridades judiciales, y que se establezca un marco legal más riguroso para asegurar que estos delitos no queden impunes. Es fundamental también que se revisen las estructuras de poder dentro de la Iglesia, para evitar que se reproduzcan los mecanismos que permiten el encubrimiento y la impunidad.
El reloj está corriendo y la paciencia de la sociedad es finita. Es hora de actuar.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
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