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La Corte Penal Internacional (CPI) mantiene estancada una solicitud de arresto crucial. ¿Por qué los crímenes de Netanyahu siguen sin respuesta mientras otros casos avanzan rápidamente?
Desde el 20 de mayo, cuando el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, pidió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de defensa, Yoav Gallant, la solicitud permanece en la “sala de cuestiones preliminares”. Este tribunal de tres jueces debe aprobar la orden si encuentra evidencias suficientes, pero tras casi seis meses, no se ha emitido ninguna decisión. El retraso es una anomalía alarmante en un proceso que normalmente tarda semanas.
En sus años de funcionamiento, la CPI ha emitido 55 órdenes de arresto en un promedio de ocho semanas, incluyendo casos complejos y de alto perfil. Contra Vladímir Putin, por ejemplo, actuaron en tres semanas. ¿Por qué entonces tanta demora en el caso de Israel? Este silencio prolongado despierta sospechas de un posible sesgo, de un doble estándar que protege a los aliados occidentales mientras otros son juzgados rápidamente.
“Esta tardanza no tiene precedentes, sobre todo en comparación con el caso Putin”, afirma Joana Abrisketa, experta en derecho internacional de la Universidad de Deusto. Mientras algunos Estados y organizaciones han presentado alegaciones para respaldar o rechazar la petición en calidad de amicus curiae, parece que tales procedimientos son más una excusa que una causa real de la demora. Abrisketa sostiene que la Corte está enfrentando una presión sin precedentes, ya que nunca antes había tenido que considerar una orden de arresto para un líder de un aliado de Occidente.
Con el paso de los meses, las condiciones de la orden también se han modificado. Los tres líderes de Hamás buscados por la CPI, Yahya Sinwar, Ismael Haniyeh y Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, han sido eliminados en bombardeos israelíes, mientras que Yoav Gallant, ministro de Defensa israelí, fue destituido por Netanyahu. La guerra en Gaza ha dejado un saldo devastador de más de 43,000 víctimas civiles, según fuentes palestinas, una cifra de muertos que la CPI no parece dispuesta a procesar con la urgencia que merece.
DENUNCIAS DE ACOSO Y PRESIONES CONTRA EL FISCAL GENERAL
A las demoras y presiones se suma un escándalo interno en la CPI. La Corte anunció recientemente una investigación externa sobre denuncias de acoso sexual contra su fiscal, Karim Khan. Él ha rechazado estas acusaciones, calificándolas como parte de una campaña para desacreditar su trabajo en casos sensibles como el de Palestina. No obstante, el fiscal ha cedido temporalmente la dirección de la investigación sobre Gaza a su equipo de confianza.
Craig Mokhiber, quien fue director de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, comentó sobre este tema en un artículo: “La acusación parece más una maniobra de presión que un intento de justicia”. Una cuenta de Twitter anónima, rápidamente amplificada por el Daily Mail, inició el rumor. La presunta víctima no ha presentado cargos y ni el Mecanismo de Supervisión Independiente de la Corte ha encontrado fundamentos suficientes para continuar la investigación.
El mismo fiscal ha denunciado haber sido objeto de presiones de alto nivel. “El tribunal se creó para juzgar a líderes africanos y dictadores como Putin, no para desafiar a Israel o sus aliados”, le confió un alto cargo de una potencia occidental, refiriéndose a la estrecha relación de ciertos Estados con el tribunal. A inicios de mayo, cuando parecía que la orden de arresto se aprobaría, doce senadores republicanos estadounidenses enviaron una carta amenazando con “graves sanciones” si Khan proseguía.
Estas presiones son solo las más recientes. La anterior fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, sufrió amenazas personales para evitar que prosiguiera con la investigación sobre crímenes en Gaza en 2014. Según una investigación de The Guardian, Yossi Cohen, jefe del Mossad, acosó directamente a Bensouda en más de una ocasión, logrando incluso un encuentro forzado en un hotel de Nueva York. Sin embargo, la fiscal decidió continuar y finalmente inició la investigación en 2021.
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