La SER ya no parece estar cambiando de voces. Parece estar cambiando de dueño político.

La salida de Àngels Barceló no es solo una noticia de radio. Es una señal. Cuando en una redacción empiezan las reuniones discretas, las órdenes sobre qué temas conviene bajar y las frases tipo “menos novio de Ayuso”, el problema ya no es de parrilla. Es de poder. De quién manda. De quién decide qué se cuenta y qué se tapa suavemente para no molestar demasiado. PRISA gira, Oughourlian aprieta y la SER se enfrenta a una pregunta incómoda: ¿sigue siendo una emisora con periodistas o empieza a ser una marca con instrucciones?

No fue por preguntar.

Vito Quiles se queda 3 meses sin credencial de prensa en el Congreso. Y no, no es censura. Es el resultado de grabar sin permiso, perseguir a Zapatero por los pasillos, publicar imágenes consideradas obtenidas ilícitamente y acumular más de una decena de procedimientos abiertos por saltarse las normas. Lo que algunos llaman “libertad de expresión” empieza a parecerse demasiado a barra libre para intimidar. El Congreso no es un plató ultra. Y el periodismo no es una excusa para convertir el acoso en contenido.

Aznar ha vuelto a hacerlo.

25 segundos de vídeo, una frase y toda una forma de entender el poder: “el que pueda hacer, que haga”.

No dijo casi nada. Y lo dijo todo. Porque cuando Aznar habla de “hacer” no está pensando en la gente peleando por la sanidad pública, por la vivienda o por llegar a fin de mes. Está llamando a filas a quienes tienen influencia, contactos, despacho, toga, micrófono o dinero.

La derecha no necesita siempre gritar. A veces le basta con una contraseña.

Y esta vez la contraseña llega en plena tormenta por el caso Plus Ultra, con Zapatero imputado, Felipe González pidiendo elecciones y el bloque conservador oliendo sangre política. Viejos expresidentes, viejas redes, viejas ganas de mandar aunque no les toque.

La radio mueve sus fichas. Y no es solo radio.

La salida de Àngels Barceló de la SER tras 21 años y el paso al lado de Carlos Alsina en Onda Cero no son simples cambios de temporada. Son movimientos en el corazón de las mañanas, donde se disputa algo mucho más serio que una audiencia: el relato diario del país.

Quién abre el micrófono, quién marca el tono, quién decide qué es escándalo y qué se deja pasar. Ahí está la batalla.

La temporada 2026-27 llega con terremoto en las ondas: Hoy por hoy, el programa más escuchado con 3.200.000 oyentes, tendrá nueva voz desde el 31 de agosto. Y en Onda Cero, Alsina se aparta del primer tramo informativo después de 33 años al frente de programas diarios de información y opinión.

No es casualidad. Nunca lo es.

Porque la radio no solo acompaña. La radio ordena el día. Coloca prioridades. Fabrica sentido común. Y cuando los grandes grupos mueven sus piezas, conviene mirar algo más que los nombres.

La Ertzaintza cargó contra quienes recibían a activistas de la Flotilla. El Gobierno vasco pidió perdón, sí. Pero después hizo lo de siempre: hablar de “orden público”, señalar a la “extrema izquierda” y sacar ETA del cajón para embarrar el debate.

Porque cuando el poder no puede borrar las imágenes, intenta cambiar el marco.

Hubo 4 detenidos, 7 agentes de baja según el consejero y una explicación oficial que huele demasiado a coartada. Lo que vimos fue otra cosa: porrazos contra la solidaridad con Palestina. Y eso no se maquilla con tecnicismos.

¿Molesta más una protesta que un genocidio?

España hierve en mayo y todavía hay quien usa una nevada para negar el incendio.

No es “calorcito”. No es “qué raro está el tiempo”. No es una anécdota para tertulianos con el aire acondicionado puesto. En lo que va de año ya van 12 récords diarios de calor y cero de frío. España lleva desde abril de 2022 sin un récord frío, mientras acumula 100 nuevos récords cálidos.

Y lo peor no es solo el termómetro. Lo peor es quién paga primero.

Porque el calor extremo no golpea igual a quien vive en un chalet con piscina que a quien duerme en un piso recalentado, trabaja en la calle o no puede encender el aire por miedo a la factura. La crisis climática tiene responsables. Y también tiene víctimas.

25 millones públicos y demasiados apellidos cerca

La sanidad pública valenciana no está para engordar clínicas privadas, ni para convertir las listas de espera en una autopista hacia el negocio.

Según la información publicada, la Conselleria de Sanidad derivó más de 25 millones de euros a empresas del grupo privado dirigido por el hermano del conseller Marciano Gómez. Primero llegaron las derivaciones. Luego, la compra por Ribera Salud por 120 millones.

Casualidades, dicen.

Pero cuando el dinero público acaba reforzando empresas privadas conectadas familiarmente con quienes toman decisiones políticas, ya no hablamos solo de gestión. Hablamos de un modelo. Un modelo en el que la pública se vacía, la privada factura y la ciudadanía espera.

Y siempre esperan las mismas personas.