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La discriminación sanitaria en residencias durante la pandemia queda al descubierto
La Fiscalía de Madrid ha dado un paso que podría marcar un antes y un después en la rendición de cuentas por la tragedia de las residencias durante la pandemia. El Ministerio Público ha judicializado nueve casos de una macrodenuncia por un presunto delito de denegación de la asistencia sanitaria por discriminación. Los autores y firmantes de los infames «Protocolos de la Vergüenza», Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, podrían enfrentarse a la justicia por el rechazo sistemático a hospitalizar a residentes en situación de deterioro físico o cognitivo, dejándoles morir sin atención médica.
EL PROTOCOLO QUE CONDENÓ A MILES DE ANCIANOS
Durante los meses más duros de la pandemia, en la Comunidad de Madrid se aplicaron protocolos que impedían derivar a los hospitales a personas mayores con deterioro físico o cognitivo, incluso si presentaban síntomas graves de COVID-19. Los «Protocolos de la Vergüenza» fueron firmados por Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, altos cargos del Gobierno madrileño bajo el mando de Isabel Díaz Ayuso. Estos documentos establecían criterios de exclusión basados en el estado de salud previo de los residentes, condenándolos de facto a morir sin recibir tratamiento hospitalario.
Más de 7.291 personas murieron en residencias madrileñas solo en los primeros meses de la pandemia. De ellas, más de 6.000 nunca llegaron a ser trasladadas a un hospital porque los protocolos lo prohibían. La decisión no fue médica, fue política. La orden no se basaba en la saturación del sistema sanitario, sino en una criba administrativa que daba por desahuciados a los residentes en función de su estado físico y mental.
La Fiscalía de Madrid ha tardado casi cinco años en mover ficha, pero finalmente ha decidido investigar estos hechos bajo el prisma de la discriminación, recogido en el artículo 511 del Código Penal. La macrodenuncia presentada por las asociaciones de familiares de víctimas —Marea de Residencias y 7291 Verdad y Justicia— acusaba a un total de 29 personas, incluyendo a los altos cargos del Gobierno madrileño y a los geriatras responsables de aplicar las órdenes en los hospitales públicos de Madrid.
La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ignoró durante años las denuncias de los familiares. Ningún representante de la Fiscalía se reunió con las víctimas hasta que las asociaciones lograron presentar la macrodenuncia en octubre de 2024. Ahora, ante la inminente prescripción de los casos —que comienza a contar desde el quinto aniversario de las muertes—, la Fiscalía ha actuado para evitar que los responsables eludan la acción de la justicia.
EL SILENCIO CÓMPLICE DE AYUSO Y SUS ALTOS CARGOS
La gestión de la pandemia en las residencias de Madrid ha sido uno de los episodios más oscuros del Gobierno de Ayuso. Mientras la presidenta madrileña presumía de la «milagrosa gestión» de la crisis sanitaria, miles de ancianos morían en sus habitaciones sin atención médica. Isabel Díaz Ayuso siempre ha negado la existencia de los protocolos, a pesar de que están documentados y firmados por cargos de su propio gobierno.
Carlos Mur, firmante del protocolo, llegó a reconocer públicamente que las órdenes de no derivación existieron, pero trató de justificarlas como una decisión basada en «criterios clínicos». Sin embargo, el contenido del protocolo contradice esa versión. Las directrices establecían que los pacientes con mayor deterioro físico o cognitivo no podían ser trasladados a hospitales «por falta de recursos», a pesar de que los hospitales madrileños no llegaron a estar desbordados en ningún momento.
Ayuso ha intentado enterrar este escándalo por todos los medios. En varias ocasiones, el Gobierno regional ha bloqueado comisiones de investigación en la Asamblea de Madrid. Además, los familiares de las víctimas han denunciado presiones y amenazas para que no continúen con las acciones judiciales. Sin embargo, las pruebas son contundentes: los protocolos existen y fueron aplicados de manera sistemática en las residencias madrileñas.
El informe de la Fiscalía confirma que los protocolos fueron aplicados en al menos 25 hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. El Summa 112 —dirigido entonces por Pablo Busca— también fue señalado como responsable de ejecutar estas órdenes. La responsabilidad, sin embargo, va mucho más allá de los técnicos que firmaron el protocolo. Las asociaciones de víctimas exigen que Mur y Peromingo «tiren de la manta» y señalen quién dio la orden política de aplicar esta criba sanitaria.
La tragedia de las residencias no fue un error, fue una decisión política basada en la discriminación y el abandono institucional. Miles de ancianos fueron condenados a morir porque el Gobierno de Ayuso decidió que sus vidas no merecían ser salvadas. Ahora, por fin, la justicia podría sentar en el banquillo a los responsables.
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