La propuesta presentada por EH Bildu el pasado lunes al Congreso instaba al Ejecutivo a impedir la deslocalización de aquellas compañías que se hayan beneficiado de los fondos públicos
Este jueves, el Congreso de los Diputados de España aprobó una enmienda presentada por EH Bildu, PSOE y Unidas Podemos en la que se incluyen medidas para evitar la deslocalización de empresas que hayan recibido fondos públicos y garantizar el mantenimiento del empleo. La iniciativa, que ha sido apoyada por una amplia mayoría del hemiciclo con 175 votos a favor, 11 abstenciones y 158 votos en contra, se establece que la recepción de apoyo y ayudas públicas por parte de empresas quedará condicionada a que no haya reubicación o deslocalización de la actividad, y se establece por ley el reintegro del apoyo y las ayudas públicas recibidas al producirse esta situación durante un determinado periodo de tiempo.
El acuerdo alcanzado por los partidos políticos del Gobierno permite desarrollar y elaborar una legislación específica para condicionar la recepción de la financiación y las ayudas públicas por parte de empresas que deslocalicen una parte o la totalidad de su actividad. El incumplimiento de las condiciones recogidas en la Ley de Industria deberá suponer el reintegro de las ayudas públicas obtenidas.
EH Bildu ha considerado que este acuerdo es un buen punto de partida para negociar y alcanzar un acuerdo amplio en la Ley de Industria que permita legislar sobre la devolución de las ayudas públicas que hayan podido recibir las empresas que incumplen las condiciones establecidas. La formación política cree que es una buena noticia que las fuerzas que componen el Gobierno se abran por primera vez a desarrollar una legislación para evitar la deslocalización y garantizar el mantenimiento del empleo.
Por otro lado, la propuesta presentada por EH Bildu el pasado lunes al Congreso instaba al Ejecutivo a impedir la deslocalización de aquellas compañías que se hayan beneficiado de los fondos públicos. De este modo, la consecución de subvenciones o ayudas, tanto estatales como autonómicas, se condiciona a la imposibilidad de trasladar la totalidad de su actividad o parte de ella, así como su sede social o fiscal fuera de España. El periodo que contempla la propuesta es que dichas compañías no podrán realizar tales movimientos durante al menos los cinco años posteriores a la última financiación pública obtenida.
Es importante destacar que, a pesar de la aprobación de estas medidas, el PP, Vox y Ciudadanos se han posicionado en contra de la enmienda presentada por EH Bildu, PSOE y Unidas Podemos. Sin embargo, la mayoría del hemiciclo ha respaldado la iniciativa y se espera que se pueda avanzar en la configuración de un entorno regulatorio atractivo para promover la constitución de empresas y la inversión extranjera, así como garantizar el mantenimiento del empleo en España.
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