Netanyahu debe ser juzgado por crímenes de guerra, como en Núremberg 

La barbarie no se justifica con propaganda. La Corte Penal Internacional debe actuar con firmeza ante el uso planificado del hambre, el desplazamiento forzado y los bombardeos a civiles como estrategia militar en Gaza.

La ofensiva liderada por Benjamín Netanyahu sobre Gaza no es un accidente de guerra ni una respuesta proporcional. Es una operación meticulosamente diseñada para quebrar, someter y expulsar a una población entera. Desde octubre de 2023, el gobierno israelí ha impuesto un asedio total que bloquea alimentos, agua, electricidad y medicinas a más de 2 millones de personas, tal y como ha documentado Amnistía Internacional. Esto no es “defensa”. Es el uso del hambre como arma de guerra, y está prohibido por el Artículo 54 del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra.

El lenguaje de guerra que utiliza el propio Netanyahu no deja lugar a dudas. Habló públicamente de “animales humanos” al referirse a la población palestina, una deshumanización explícita que recuerda con espeluznante precisión la propaganda del Tercer Reich. La BBC recogió esta frase en octubre de 2023. Estas palabras no son errores. Son doctrina. Son arquitectura del exterminio.

Mientras tanto, los bombardeos han alcanzado hospitales, escuelas de la ONU, convoyes humanitarios y campos de refugiados. El 17 de octubre, por ejemplo, el hospital Al-Ahli fue arrasado. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. La sistematicidad de estos ataques ha sido denunciada por organizaciones como Human Rights Watch, que ya ha calificado estas acciones de crímenes de guerra: HRW denuncia crímenes de guerra en Gaza.

El desplazamiento forzoso también forma parte del plan. Netanyahu ha alentado abiertamente a la población del norte de Gaza a marcharse, mientras continúa bombardeando el sur, cerrando todas las salidas. Este intento de vaciar Gaza equivale a una limpieza étnica, como ha señalado Francesca Albanese, relatora de la ONU.

IMPUNIDAD POLÍTICA Y COMPLICIDAD INTERNACIONAL

Netanyahu no es un dirigente cualquiera. Es el jefe de un régimen armado, blindado y sostenido por potencias extranjeras, principalmente Estados Unidos. Y lo sabe. Por eso se permite desafiar abiertamente a la Corte Penal Internacional, como ocurrió en abril de 2024, cuando su gobierno amenazó con represalias diplomáticas y económicas si se emitía una orden de detención contra él o sus ministros, según reveló The Guardian.

La protección estadounidense actúa como escudo de impunidad. Desde el inicio de la ofensiva, Washington ha vetado sistemáticamente todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que pedían un alto al fuego, como la del 18 de octubre de 2023 y la del 20 de febrero de 2024. Aquí puede leerse el listado de vetos.

El paralelismo con otros líderes juzgados por crímenes de guerra no es gratuito. Slobodan Milosevic, Augusto Pinochet y los altos mandos nazis en Núremberg fueron responsables de planificar, justificar y ejecutar políticas de exterminio, tortura y desplazamiento. También ellos utilizaron el argumento del enemigo interno o el “terrorismo” para justificar sus masacres. También ellos se creían intocables. Y todos acabaron ante la justicia.

No hay diferencia jurídica ni ética entre bombardear Sarajevo y arrasar Rafah. Entre secuestrar bebés bosnios y bloquear incubadoras en Gaza. Entre justificar la tortura en nombre del orden o del Dios de turno.

Israel ha cruzado todas las líneas del derecho internacional humanitario. Y Netanyahu ha sido el rostro visible, el cerebro político, el ejecutor del castigo colectivo. Su detención y enjuiciamiento no son una cuestión ideológica: son una obligación legal y moral de la comunidad internacional. Como señala el Estatuto de Roma de la CPI, no existe inmunidad posible frente a crímenes de guerra o de lesa humanidad, aunque se trate de un jefe de Estado en ejercicio.

Es hora de que el banquillo de los acusados vuelva a ser ocupado. Como en Núremberg. Como con Milosevic. Como con Pinochet.

La historia ya lo ha absuelto de nada.