Moreno y Andalucía ya conocen el precio de Vox 

La ultraderecha no necesita entrar en el Gobierno para imponer su agenda. Ya lo hizo una vez. Y ahora vuelve con más poder, más exigencias y menos complejos.

El PP de Juan Manuel Moreno llevaba años vendiendo una imagen de moderación casi zen. El andaluz tranquilo. El gestor amable. El presidente que sonreía mientras decía que Andalucía había dejado atrás los sobresaltos. Hasta que llegaron las elecciones del 18 de mayo y la realidad volvió a romper el decorado. El PP perdió la mayoría absoluta por dos escaños y ahora necesita a Vox para seguir gobernando. Otra vez.

Y Andalucía ya sabe cómo funciona esto. Vox no regala nada. Nunca lo ha hecho. La ultraderecha no necesita sentarse en San Telmo para condicionar políticas públicas, reventar consensos democráticos o empujar debates reaccionarios hasta convertirlos en norma. Lo hizo durante la pasada legislatura y ahora vuelve con cuentas pendientes.

Cuentas muy concretas.

Paralizar las políticas de memoria histórica. Resucitar los regadíos ilegales alrededor de Doñana. Reabrir guerras culturales sobre inmigración, feminismo o cambio climático. Convertir el Parlamento andaluz en una plataforma permanente de propaganda ultra mientras el PP mira hacia otro lado y habla de “estabilidad”.

Porque esa es la clave de todo esto: la derecha institucional lleva años normalizando a la extrema derecha mientras finge que simplemente está negociando presupuestos.

VOX NO NECESITA GOBERNAR PARA MANDAR

La pasada legislatura dejó un manual bastante claro. Vox registró iniciativas explosivas. Algunas con enorme carga ideológica. Otras directamente diseñadas para dinamitar consensos democráticos básicos. Y el PP nunca las tumbó frontalmente. Nunca. Simplemente las dejó dormir en los cajones del Parlamento.

Una estrategia cómoda. Muy cómoda.

Moreno evitaba aparecer votando junto a Vox en temas especialmente tóxicos, pero tampoco rompía con ellos. No los enfrentaba. No marcaba líneas rojas reales. Dejó que la ultraderecha utilizara el Parlamento como altavoz mientras el PP mantenía intacto su relato de moderación ante los medios de Madrid.

Funcionó durante un tiempo. Hasta ahora.

Uno de los ejemplos más obscenos fue la ofensiva contra Doñana. Vox registró el 6 de octubre de 2022 una ley para amnistiar regadíos ilegales en el entorno del parque nacional. Una bomba ambiental. Una declaración de guerra contra uno de los espacios naturales más importantes de Europa.

Y el PP no sólo no la frenó. Acabó sumándose.

Apenas unos meses antes de las municipales de 2023, Moreno firmó junto a Vox una nueva versión de la norma para contentar a determinados intereses agrícolas y empresariales de la zona. La llamada Ley para la Mejora de la Ordenación de Zonas Agrícolas de la Corona Norte de Huelva terminó convirtiéndose en una herramienta de presión política contra el Gobierno central.

Mientras tanto, Doñana perdía reconocimientos internacionales y veía degradada su protección ambiental.

Eso también tiene consecuencias. Pero suelen pagarlas otras personas. Las futuras generaciones. El territorio. El agua. Siempre lo mismo.

La derecha económica aprieta. La ultraderecha grita. Y el PP termina moviéndose hacia donde le empujan.

LA MEMORIA HISTÓRICA COMO OBJETIVO POLÍTICO

La otra gran obsesión de Vox es todavía más peligrosa porque apunta directamente contra la democracia y la memoria colectiva.

El 2 de noviembre de 2022, el partido de Santiago Abascal registró la llamada “Ley de Reconciliación”. El nombre ya era una trampa semántica bastante evidente. Reconciliación con quién. Reconciliación para qué. Reconciliación a costa de quiénes.

La propuesta buscaba derogar la Ley andaluza de Memoria Histórica aprobada en 2017 sin ningún voto en contra en el Parlamento andaluz. Una ley que ampliaba el reconocimiento a víctimas desde la II República hasta 1982, incluyendo también a quienes sufrieron represión durante la lucha por la autonomía andaluza.

Vox quería sustituirla por una versión blanqueada y revisionista de la historia. Una norma donde franquismo y víctimas quedaban mezclados en un discurso vacío de “concordia”, evitando cualquier condena política clara de la dictadura. Todo reducido a una especie de niebla moral donde desaparecen verdugos y responsabilidades.

La vieja operación de siempre.

No hablar de fascismo. No hablar de represión sistemática. No hablar de miles de desaparecidos en fosas comunes. No hablar de robo de bebés, cárceles, torturas y asesinatos. Hablar simplemente de “violencia” como si todo hubiera sido una pelea entre vecinos.

Y Moreno tampoco rompió ahí.

Porque conviene recordar algo importante: la derogación de la ley memorialista ya formaba parte del acuerdo firmado entre PP y Vox en 2018 para investir a Moreno presidente. No se ejecutó entonces porque políticamente era demasiado costoso. Porque Vox todavía generaba rechazo social amplio. Porque el PP aún fingía cierta distancia.

Ahora esa distancia prácticamente ha desaparecido.

También registraron propuestas contra las políticas climáticas y textos xenófobos que vinculaban delincuencia con población musulmana mientras pedían prohibir el nicab y el burka en espacios públicos. Todo quedó en suspensión parlamentaria. Pero ese nunca fue el problema principal.

El problema era otro: desplazar el marco político hacia la extrema derecha hasta convertir debates reaccionarios en paisaje cotidiano.

Y funcionó.

Porque cada vez que el PP acepta negociar con Vox sin establecer límites reales, la ultraderecha gana incluso aunque no entre en el Gobierno. Gana legitimidad. Gana capacidad de presión. Gana espacio mediático. Gana normalización.

La factura no la paga Moreno. La paga Andalucía entera. Entre fosas comunes olvidadas, parques naturales convertidos en moneda electoral y una democracia cada vez más acostumbrada a convivir con quienes nunca creyeron realmente en ella.