Más allá del alquiler: ¿puede el cooperativismo salvar el derecho a techo? 

Cuando se elimina el ánimo de lucro, aparece una idea escandalosa: vivir dignamente

EL MODELO QUE INCOMODA AL MERCADO

Pongamos que hablamos de La Borda. De Entrepatios. De proyectos cooperativos que, sin anunciarlo a bombo y platillo, están cuestionando la raíz misma de la vivienda como producto financiero. En Barcelona, Madrid, Sevilla o València ya no son anécdotas. Son ensayos reales de otra manera de vivir. Y eso, en un país secuestrado por fondos buitre y herencias inmobiliarias, es casi una revolución.

En lugar de comprar pisos para especular, las cooperativas de cesión de uso construyen (o rehabilitan) viviendas colectivas que no se pueden vender ni alquilar en el mercado libre. Nadie hace negocio. Nadie acumula propiedad. Nadie expulsa al de al lado por no poder pagar un subidón de renta. Las y los habitantes —cooperativistas— no son propietarios individuales, sino parte de una comunidad que cede el derecho de uso a largo plazo, a precios ajustados a los costes reales de construcción y mantenimiento. El resultado: estabilidad, comunidad y acceso.

Sí, se paga por vivir, pero no por enriquecer a un casero ni engordar la cuenta de resultados de un fondo de inversión.

La propiedad colectiva se blinda contra la especulación y devuelve al urbanismo su función social. Es más, lo fuerza a replantearse la lógica. Aquí el suelo no se privatiza, no se pone en venta ni se hereda. En casos como La Borda, es público y cedido por el Ayuntamiento durante 75 años, lo que abarata aún más el proyecto. Aquí no hay revalorización artificial del metro cuadrado, ni hipotecas que duren toda una vida

DE VIVIR PARA PAGAR, A VIVIR PARA VIVIR

Las cooperativas de cesión de uso no son un unicornio. Son una propuesta radical en el sentido más etimológico: van a la raíz. A la raíz de un problema que ningún decreto ha resuelto y que ningún mercado resolverá: el de convertir un derecho en mercancía.

Desde 2013 hasta 2024, el precio medio del alquiler en España ha subido más de un 80%. Solo en Barcelona, según datos de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge, el alquiler medio ha pasado de 669€ a 1.191€ al mes. Mientras tanto, los salarios siguen casi congelados y las ayudas públicas, cuando existen, se las lleva el casero. Literalmente.

Frente a esto, proyectos como el de Princesa49 en Madrid plantean no solo vivir mejor, sino vivir juntos. Arquitectura ecológica, decisiones asamblearias, cuidados compartidos, eficiencia energética, y ausencia total de lucro. No son urbanizaciones elitistas con jardincito privado y alarma conectada a Securitas Direct. Son espacios habitables donde la vida cotidiana no es una suma de deudas, aislamiento y miedo.

Aquí, la hipoteca emocional se disuelve. Porque nadie puede echarte. Porque tu comunidad es tu garantía. Porque la vivienda vuelve a ser eso: una vivienda.

LO QUE MOLESTA A LOS FONDOS: QUE FUNCIONA

Que existan modelos así no es el problema. El problema para Blackstone, Azora, Vivenio o Testa es que funcionan. Funcionan mejor que su burbuja eterna y su chantaje al Estado. Funcionan sin la promesa vacía de que el mercado autorregulará algún día su propio apetito.

Funciona también como vacuna social contra el individualismo narcisista que alimenta el capitalismo inmobiliario. Aquí no hay Airbnb. No hay cláusula abusiva. No hay contratos temporales ni subarriendos ilegales. Aquí se vive, se participa, se cuida. Se construye barrio, en vez de dinamitarlo.

Y eso tiene consecuencias. Políticas, económicas y culturales.

El cooperativismo en cesión de uso ya está en la agenda de muchos municipios progresistas. Pero no basta con tolerarlo: hay que facilitarlo. Hay que ceder suelo público. Hay que garantizar financiación ética. Hay que revisar leyes pensadas para propietarios y bancos, no para comunidades cooperativas.

NO ES UNA UTOPÍA. ES UNA DECISIÓN

La pregunta ya no es si esto es viable. Lo es. La pregunta es: ¿quién tiene miedo de que lo sea?

Mientras las constructoras reclaman más suelo “para liberar oferta” (léase: para especular), mientras los gobiernos facilitan deducciones fiscales a grandes tenedores, mientras se criminaliza a las y los okupas pero no se persigue a quienes acumulan 100 pisos vacíos, mientras todo eso sucede, el cooperativismo responde con hechos.

Aquí no hay promesa electoral, hay llaves en mano. Familias que han entrado a vivir, no a sobrevivir. Modelos replicables, auditables, con balances abiertos y costes contenidos.

No se trata de sustituir todo el parque de vivienda en cinco años, pero sí de demostrar que otra lógica no solo es posible, sino urgente. Y de hacerlo sin pedir permiso a las inmobiliarias ni a sus portavoces con corbata en el Parlamento.

Quien aún crea que la vivienda se arregla con incentivos al propietario, debería pasar una semana en La Borda. Luego hablamos.

Porque el derecho a techo no cabe en el Excel de ningún fondo de inversión.