¿Por qué, en pleno 2024, miles de personas siguen saliendo a las calles para reclamar algo tan básico como un techo?
La respuesta es tan simple como indignante: porque quienes tienen el poder han decidido mirar hacia otro lado mientras las y los ciudadanos se ahogan en alquileres imposibles y ven cómo se esfumaron sus sueños de una vivienda propia. El Estado y los gobiernos autonómicos, encabezados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el de Isabel Díaz Ayuso, han hecho oídos sordos a las demandas de una población desesperada. La vivienda ha dejado de ser un derecho y se ha convertido en una mercancía más en manos de especuladores.
LA INACCIÓN POLÍTICA Y LA IMPUNIDAD DE LOS RENTISTAS
El pasado 13 de octubre, más de 100.000 personas tomaron las calles de Madrid y Barcelona en una multitudinaria protesta contra la crisis de la vivienda. Las pancartas lo decían todo: “Ama tu barrio, odia a los rentistas”, “Bajad los alquileres o nos bajamos al casero” y “Hace falta ya una huelga de alquileres”. Cada lema recogía la frustración de un pueblo que ve cómo los alquileres se disparan mientras sus salarios permanecen congelados. Madrid y Barcelona no se manifestaron solo por unas cifras, se manifestaron porque la dignidad de las personas se ha convertido en una mercancía.
A lo largo de las calles, miles de voces resonaron al unísono, exigiendo que se tomen medidas inmediatas. Pero el verdadero mensaje iba más allá de las pancartas. La ocupación simbólica del Palacio del Ayuntamiento de Madrid por parte de un grupo de activistas fue un acto de desafío directo contra una clase política que ha traicionado a las y los ciudadanos al ponerse del lado de los especuladores y rentistas. Desde las ventanas del Ayuntamiento, se desplegó una pancarta que resumía la esencia de la protesta: “Los Rentistas nos roban, los políticos los defienden”.
Victoria Domínguez, de la Asamblea de Vivienda de Usera, lo expresó claramente al señalar la responsabilidad compartida entre los gobiernos central y autonómico. “Mientras no se regulen los precios de los alquileres, esto lo vamos a seguir arrastrando años y años”, declaró. Las y los manifestantes sabían que no enfrentan solo a Ayuso y su gestión desastrosa, sino a todo un sistema político que permite que las grandes empresas inmobiliarias y los fondos de inversión dominen el mercado de la vivienda.
Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid, Víctor Paloma fue contundente al señalar que la vivienda no es solo cuestión de construir más o menos. “Esto va de defender un derecho, de revertir el modelo”, afirmó. Y es que, mientras los gobiernos continúan apostando por el ladrillo y la especulación, quienes necesitan un hogar digno siguen siendo despojados de su futuro.
DE LA ESPECULACIÓN A LA REPRESIÓN: EL FRACASO DEL MODELO ACTUAL
El panorama que denuncian las y los manifestantes no es exclusivo de Madrid. El Gobierno central no ha hecho más que dar largas a las demandas de quienes viven cada día con el miedo de ser desahuciados, y ha mantenido intactos los privilegios de aquellos que convierten las viviendas en activos financieros, ignorando el sufrimiento de las familias. Sánchez, Ayuso, y todos los que han pasado por las instituciones, han permitido que la vivienda se convierta en un lujo al alcance de pocos.
El 13 de octubre, la manifestación fue una advertencia para quienes gobiernan. No era solo una protesta más, sino un recordatorio de que la gente no está dispuesta a seguir soportando este abuso. Desde la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) hasta las organizaciones más pequeñas como PAH Vallekas, el mensaje fue claro: la paciencia se ha agotado y es hora de que los políticos cumplan con sus promesas.
Las demandas no pueden ser más claras: la regulación de los alquileres, un parque público de viviendas accesible y la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional. Es una cuestión de dignidad y derechos, no de economía ni de negocio. Pero, al parecer, este gobierno y los anteriores no han querido o no han sabido escuchar.
Mientras tanto, las y los manifestantes seguirán en las calles, gritando por los que han sido silenciados, luchando por los que han sido expulsados, y exigiendo un futuro donde la vivienda vuelva a ser un derecho y no una fuente de enriquecimiento para unos pocos.
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