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La moción de censura que arrebató Lugo a la izquierda ya deja algo más que un cambio de gobierno: recortes selectivos, símbolos perseguidos y un modelo político donde la democracia parece negociable.
UNA ALCALDÍA NACIDA DEL TRANSFUGUISMO
Lugo apenas ha necesitado una semana para comprobar qué ocurre cuando un gobierno nace de una operación política sostenida por una tránsfuga. Lo que el PP vende como “estabilidad” huele más bien a maniobra de laboratorio. A toma institucional acelerada. A ocupación simbólica. Y también a ajuste de cuentas ideológico.
La nueva alcaldesa, Elena Candia, llegó al bastón de mando gracias a una moción de censura apoyada por María Reigosa, edil elegida bajo las siglas del PSOE y convertida ahora en pieza imprescindible de la derecha lucense. El resultado fue inmediato: fin de 27 años de gobiernos progresistas en la ciudad y una fractura política y social que no se ha apagado desde entonces.
La imagen del primer día ya era bastante elocuente. Candia pronunciando su discurso mientras los bancos de la oposición permanecían vacíos y cientos de personas protestaban fuera del Ayuntamiento contra una operación que consideran ilegítima. No era un ambiente precisamente de “normalidad democrática”. Era otra cosa. Más áspera. Más turbia.
Y después llegó el primer pleno extraordinario. 200 segundos. Poco más de tres minutos para reorganizar un ayuntamiento entero. La velocidad no parecía casual. Tampoco el relato escogido: anunciar un recorte del 40% en el “gasto político” para intentar vestir la operación de austeridad ejemplarizante. El típico truco. Convertir la política en espectáculo contable mientras se esconden las costuras reales de la operación.
Porque el supuesto ahorro tiene letra pequeña. El nuevo gobierno simplemente deja sin dedicación exclusiva a buena parte de las y los concejales. Y mientras presume de tijeretazo, aumenta las asignaciones por asistencia a plenos y comisiones. Casualidad o no, justo el mecanismo que permite beneficiar económicamente a María Reigosa sin incumplir formalmente la ley antitransfuguismo. La oposición lo resumió con bastante claridad: “pago de favores”.
La propia arquitectura del nuevo gobierno resulta reveladora. Reigosa no puede ser oficialmente premiada con una concejalía ejecutiva, pero el PP le crea un cargo difuso de “supervisora de infraestructuras” y la sienta a la derecha de la alcaldesa en el salón de plenos. Sin cartera. Sin competencias claras. Pero exhibida como pieza central de la nueva mayoría. Una especie de vicealcaldesa fantasma. El transfuguismo convertido en escenografía institucional.
DE LA BANDERA PALESTINA AL “GALLEGO DE SCHRÖDINGER”
Las primeras decisiones del nuevo gobierno no fueron precisamente sobre vivienda, precariedad o servicios públicos. No. El estreno político consistió en retirar la bandera palestina de un edificio público vinculado a la Memoria Democrática. Porque hay prioridades. Y porque la derecha contemporánea parece incapaz de resistirse a las guerras simbólicas cuando llega al poder.
La bandera llevaba allí desde enero de 2024, colocada durante el mandato del nacionalista Rubén Arroxo tras acuerdo plenario. Pero el nuevo ejecutivo decidió eliminarla apenas horas después de la moción de censura. El gesto fue tan rápido como calculado. Y el PP gallego ni siquiera intentó disimular demasiado. Alfonso Rueda justificó la decisión afirmando que Candia quería gobernar “para todos”. Curiosa manera de gobernar para todos: empezar retirando símbolos de solidaridad con un pueblo masacrado.
La respuesta ciudadana tampoco tardó. Ediles del BNG aparecieron en el pleno con pañuelos palestinos. Hubo concentraciones. Protestas. Y hasta el escritor Lois Pérez aprovechó el pregón de la Feria del Libro para denunciar públicamente la deriva del nuevo gobierno municipal. Lugo pasó en cuestión de días de debatir políticas municipales a discutir si la solidaridad internacional molesta demasiado cuando gobierna el PP.
Pero la ofensiva simbólica no terminó ahí. También llegó el clásico cambio de imagen corporativa. El nuevo gobierno sustituyó en redes sociales el histórico logotipo municipal por el escudo de la ciudad y comenzó a teñir distintas áreas del azul corporativo popular. Una obsesión muy reconocible en ciertos sectores de la derecha española: colonizar visualmente las instituciones como si fueran patrimonio de partido. Como si ganar una alcaldía equivaliera a comprar una marca.
Y luego apareció el episodio más delirante de la semana: el llamado “gallego de Schrödinger”. La oposición denunció que desaparecía el área específica de Promoción da Lingua Galega del nuevo organigrama municipal. El gobierno respondió primero hablando de “error”. Después aseguró que la lengua gallega no desaparece, sino que se “refuerza” repartiendo competencias entre otras áreas. Es decir: el departamento desaparece, pero al mismo tiempo sigue existiendo. Política cuántica aplicada a la gestión pública.
La plataforma Queremos Galego convocó protestas inmediatas. Y no es difícil entender por qué. Cada gesto del nuevo gobierno parece responder al mismo patrón: desmontar símbolos progresistas, diluir políticas identitarias incómodas para la derecha y lanzar mensajes culturales a su electorado. Todo en apenas siete días.
Siete días. Eso ha bastado para convertir Lugo en una demostración práctica de cómo el poder institucional puede utilizarse no para gobernar mejor, sino para reescribir el tablero político a golpe de revancha, marketing y transfuguismo.
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