Lo llaman democracia, pero es blindaje fiscal para Trump 

El Departamento de Justicia convierte una demanda del presidente contra el Estado en un escudo para él, su familia y sus empresas, mientras las y los contribuyentes pagan la factura.

UN ESTADO A MEDIDA DEL PRESIDENTE

Lo llaman democracia y no lo es. Lo llaman justicia y huele a privilegio escrito con membrete oficial. El 19 de mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos añadió un apéndice al acuerdo para cerrar la demanda de Donald Trump contra el IRS. Ese apéndice dice que la agencia tributaria queda “prohibida para siempre” de continuar determinadas auditorías sobre declaraciones fiscales de Trump, su familia, sus empresas y personas o entidades vinculadas. Después, el propio Departamento de Justicia matizó que se refería a auditorías existentes, no futuras. Pero el golpe político ya estaba dado. Un presidente logra que el aparato judicial de su propio gobierno firme un blindaje fiscal para su círculo. Eso no es normalidad institucional. Es saqueo con toga.

El acuerdo venía del día anterior, 18 de mayo, cuando el Departamento de Justicia anunció la creación de un fondo de 1.776 millones de dólares llamado “Anti-Weaponization Fund”, vendido como mecanismo para compensar a quienes dicen haber sido perseguidos por la administración Biden. A cambio, Trump abandonaba su demanda de 10.000 millones de dólares contra el IRS y otras dos reclamaciones civiles de 230 millones de dólares relacionadas con la investigación sobre Rusia y el registro de Mar-a-Lago en 2022. La operación tiene una belleza obscena: el poderoso demanda al Estado, el Estado que ahora controla negocia con él, y el resultado es un fondo multimillonario y un escudo fiscal para su entorno. Capitalismo de amiguetes, pero con presupuesto público.

La reacción no ha sido solo de demócratas. También algunos republicanos han visto el agujero. Un grupo de demócratas de la Cámara lo calificó como un “litigio colusorio” pensado para obligar al pueblo estadounidense a poner dinero en los bolsillos de Trump, su familia y sus amistades. Señalaron posibles choques con la separación de poderes, la cláusula de emolumentos internos y el plazo de prescripción de dos años para acciones civiles. Dicho de otra forma: no estamos ante una simple disputa tributaria. Estamos ante la pregunta elemental de cualquier sistema que pretende llamarse democrático: si las leyes sirven para todas y todos, o si algunas fortunas pueden doblarlas hasta convertirlas en servilleta.

Trump demandó al IRS después de que un contratista del gobierno se declarara culpable en 2023 de robar información fiscal del propio Trump y de otros estadounidenses ricos, filtrada a medios en 2019 y 2020. Ese delito existió. Pero una cosa es perseguir una filtración ilegal y otra muy distinta es transformar ese caso en una vía para desactivar auditorías fiscales, levantar un fondo de casi 1.800 millones de dólares y reforzar la narrativa de persecución de un presidente multimillonario. La víctima perfecta del trumpismo siempre es Trump. Incluso cuando quien paga es el resto.

LA IMPUNIDAD TAMBIÉN DECLARA PÉRDIDAS

Durante años, Trump dijo que no publicaba sus declaraciones porque estaba siendo auditado. En el debate presidencial de 2016 habló de “doce años” de auditorías. En septiembre de 2020 volvió a presentarse como maltratado por el IRS. La cantinela era sencilla: no podía enseñar sus impuestos porque el sistema lo perseguía. Luego llegaron los documentos. Cuando el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara publicó seis años de declaraciones en 2022, se vio la ingeniería del privilegio: Trump y Melania pagaron solo 750 dólares en impuestos federales en 2016 y 2017, tras declarar pérdidas de 32,4 millones y 12,9 millones de dólares. En 2018 declararon 24,3 millones de ingresos y pagaron 999.456 dólares. En 2020 declararon pérdidas de 4,8 millones y no pagaron impuestos federales.

Ahí está el truco moral de la élite: cuando una trabajadora o un trabajador se retrasa con Hacienda, el Estado aparece con todas sus letras. Cuando un magnate declara pérdidas masivas, litiga durante años, llega a la Casa Blanca y consigue que el Departamento de Justicia le cierre la puerta al IRS, entonces lo llaman acuerdo. No es casualidad. Es clase. Es el privilegio convertido en arquitectura legal. Las y los contribuyentes comunes sostienen escuelas, hospitales, carreteras, salarios públicos, emergencias y servicios básicos. Los de arriba sostienen bufetes, influencias, cargos nombrados a dedo y relatos televisivos sobre su propio martirio.

La historia arrastra otra capa. Según Richard Neal, entonces presidente del Comité de Medios y Arbitrios, el IRS no empezó a auditar a Trump durante su presidencia hasta 2019, cuando el comité lo solicitó, pese al requisito histórico de auditar cada año las declaraciones del presidente. En 2022, Neal sostuvo que esas auditorías pedidas no se completaron. Associated Press informó entonces de que el proceso había quedado “dormido, en el mejor de los casos”. La supuesta persecución fiscal se parece bastante a lo contrario: una maquinaria pública lenta, temerosa y finalmente domesticada ante el poder.

Y hay más dinero en juego. En 2024, The New York Times y ProPublica informaron de que una auditoría del IRS sobre las pérdidas declaradas por Trump en su rascacielos de Chicago podía acabar en una factura de más de 100 millones de dólares. No está claro si esa u otras auditorías estaban activas cuando se firmó el apéndice. Precisamente por eso el apéndice importa tanto. Porque no solo cierra una disputa. Puede cerrar una puerta. Y en política, cuando una puerta se cierra para proteger a un poderoso, suele abrirse otra para cargarle la factura a la gente común.

La ley federal prohíbe que el presidente, la vicepresidencia y otros cargos del Ejecutivo pidan directa o indirectamente al IRS iniciar o terminar una auditoría sobre un contribuyente concreto. La norma existe por una razón obvia: impedir que el poder político use Hacienda como arma o como escudo. Pero el propio texto excluye al fiscal general de la categoría de “applicable person”. Y aquí aparece Todd Blanche, fiscal general interino, firmando el documento que blinda a Trump y su constelación empresarial. La democracia no muere solo cuando se persigue a enemigos. También muere cuando se protege a los amigos.

Esto no va solo de impuestos. Va de una oligarquía que aprendió a presentarse como perseguida mientras captura el Estado pieza a pieza. Va de quienes hablan de libertad para no rendir cuentas. Va de quienes llaman “armamento” a cualquier investigación que toque sus negocios, pero no tienen problema en convertir el Departamento de Justicia en una caja de herramientas personal. Y va, sobre todo, de una democracia formal que permite que el presidente negocie con el gobierno que dirige para salir mejor parado que cualquier ciudadano o ciudadana normal ante Hacienda. Lo llaman democracia, pero cuando la ley se arrodilla ante el dinero, lo que queda es otra cosa.