«Son muchísimos más los ciudadanos que tienen miedo a salir a comprar algo al supermercado por los precios que van a encontrarse que por la posibilidad de que al volver se encuentren con su vivienda ocupada»
Atención a esto. Un titular de Europa Press nos cuenta que el 77% de los españoles considera que la okupación es un problema social en España, según un estudio. Una pena que no quedase espacio en el titular para aclarar que es un estudio de Línea Directa, que está vendiendo seguros con «cobertura antiokupación».
Frente al peculiar estudio de la aseguradora, los datos del último barómetro del CIS, bastante más riguroso en la forma de plantear las preguntas, son un poco distintos. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, el fantasma de la ocupación de viviendas solo representa el primer problema del país para el 0,1% de los ciudadanos. Si sumamos el porcentaje de personas que lo considera el primero, el segundo o el tercero de los principales problemas que sufrimos en España, todos ellos suman solo el 1,5%.
Mientras Línea Directa recurre a un “estudio” para convencernos de lo importante que es contratar su nuevo producto, Securitas Direct y Movistar Prosegur, las principales empresas del negocio de las alarmas, tampoco necesitan incurrir en publicidad engañosa inventando que hay un elevado nivel de riesgo de que nos okupen la vivienda. De eso se encargan muchos de los medios de comunicación en los que esas empresas se anuncian. Medios que se esfuerzan en tener contentas a empresas que están entre los principales anunciantes del país. Cada vez que en prensa, radio o televisión presentan anécdotas como si fueran casos generalizados o llaman “okupa” a quien en realidad no es más que un inquilino que ha dejado de pagar el alquiler, aumentan las contrataciones de alarmas.
Dejemos las cosas claras. Menos de 1 de cada 1.000 ocupaciones se producen en la vivienda habitual o en la segunda residencia de las víctimas. Y se resuelven de inmediato. Porque la policía puede intervenir ante ese delito sin que lo ordene un juez y solo espera a un auto judicial cuando tiene dudas como consecuencia de que el afectado no ha sido capaz de acreditar que es el propietario de la vivienda. Si se trata de una segunda residencia, puede que el tema se demore al día siguiente con una citación en el juzgado donde se dictará el desalojo inmediato.
La inmensa mayoría de las ocupaciones las cometen personas sin recursos económicos que entran a vivir en viviendas donde hace años que no vive nadie. Viviendas que generalmente están en manos de bancos y fondos buitre que arrancaron a familias a las que desahuciaron porque no podían pagar la hipoteca.
Pero por mucho que intenten manipularnos para que contratemos un seguro antiokupas o instalemos alarmas en casa, a día de hoy son muchísimos más los ciudadanos que tienen miedo a salir a comprar algo al supermercado por los precios que van a encontrarse que por la posibilidad de que al volver se encuentren con su vivienda ocupada.
Las subidas de precios sí que son un problema social de primer orden ante el que el Gobierno debería actuar de una vez. Y ante el que todos los partidos políticos deberían estar de acuerdo en que la solución es poner topes a los márgenes de beneficio de quienes se están forrando y desarrollar controles para que lo mucho o poco que se legisle o que ya esté legislado se cumpla. Porque desde enero está prohibido aumentar márgenes de beneficio en los alimentos con el IVA rebajado pero los precios no paran de subir. Y mientras, en el Gobierno hacen como que no va con ellos la historia.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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