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«Son muchísimos más los ciudadanos que tienen miedo a salir a comprar algo al supermercado por los precios que van a encontrarse que por la posibilidad de que al volver se encuentren con su vivienda ocupada»
Atención a esto. Un titular de Europa Press nos cuenta que el 77% de los españoles considera que la okupación es un problema social en España, según un estudio. Una pena que no quedase espacio en el titular para aclarar que es un estudio de Línea Directa, que está vendiendo seguros con «cobertura antiokupación».
Frente al peculiar estudio de la aseguradora, los datos del último barómetro del CIS, bastante más riguroso en la forma de plantear las preguntas, son un poco distintos. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, el fantasma de la ocupación de viviendas solo representa el primer problema del país para el 0,1% de los ciudadanos. Si sumamos el porcentaje de personas que lo considera el primero, el segundo o el tercero de los principales problemas que sufrimos en España, todos ellos suman solo el 1,5%.
Mientras Línea Directa recurre a un “estudio” para convencernos de lo importante que es contratar su nuevo producto, Securitas Direct y Movistar Prosegur, las principales empresas del negocio de las alarmas, tampoco necesitan incurrir en publicidad engañosa inventando que hay un elevado nivel de riesgo de que nos okupen la vivienda. De eso se encargan muchos de los medios de comunicación en los que esas empresas se anuncian. Medios que se esfuerzan en tener contentas a empresas que están entre los principales anunciantes del país. Cada vez que en prensa, radio o televisión presentan anécdotas como si fueran casos generalizados o llaman “okupa” a quien en realidad no es más que un inquilino que ha dejado de pagar el alquiler, aumentan las contrataciones de alarmas.
Dejemos las cosas claras. Menos de 1 de cada 1.000 ocupaciones se producen en la vivienda habitual o en la segunda residencia de las víctimas. Y se resuelven de inmediato. Porque la policía puede intervenir ante ese delito sin que lo ordene un juez y solo espera a un auto judicial cuando tiene dudas como consecuencia de que el afectado no ha sido capaz de acreditar que es el propietario de la vivienda. Si se trata de una segunda residencia, puede que el tema se demore al día siguiente con una citación en el juzgado donde se dictará el desalojo inmediato.
La inmensa mayoría de las ocupaciones las cometen personas sin recursos económicos que entran a vivir en viviendas donde hace años que no vive nadie. Viviendas que generalmente están en manos de bancos y fondos buitre que arrancaron a familias a las que desahuciaron porque no podían pagar la hipoteca.
Pero por mucho que intenten manipularnos para que contratemos un seguro antiokupas o instalemos alarmas en casa, a día de hoy son muchísimos más los ciudadanos que tienen miedo a salir a comprar algo al supermercado por los precios que van a encontrarse que por la posibilidad de que al volver se encuentren con su vivienda ocupada.
Las subidas de precios sí que son un problema social de primer orden ante el que el Gobierno debería actuar de una vez. Y ante el que todos los partidos políticos deberían estar de acuerdo en que la solución es poner topes a los márgenes de beneficio de quienes se están forrando y desarrollar controles para que lo mucho o poco que se legisle o que ya esté legislado se cumpla. Porque desde enero está prohibido aumentar márgenes de beneficio en los alimentos con el IVA rebajado pero los precios no paran de subir. Y mientras, en el Gobierno hacen como que no va con ellos la historia.
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