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La artista denuncia la violencia migratoria de Estados Unidos en pleno escenario internacional y señala la crueldad como doctrina de Estado.
Desde un escenario a más de 10.000 kilómetros de Washington, Lady Gaga decidió decir lo que buena parte de la industria cultural estadounidense calla. Durante su concierto en Tokio, la cantante interrumpió el espectáculo para condenar públicamente la violencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, y pedir “piedad” al Gobierno de Donald Trump. No fue una consigna vaga ni una metáfora artística: fue una interpelación directa a una política migratoria que ha normalizado el terror administrativo, la deportación como castigo ejemplar y la deshumanización sistemática de las personas migrantes.
El mensaje no llega en el vacío. Estados Unidos vive desde hace años una militarización del control migratorio que se ha intensificado bajo el trumpismo, con redadas masivas, detenciones arbitrarias, separaciones familiares y muertes evitables. El U.S. Immigration and Customs Enforcement, lejos de actuar como un organismo administrativo, opera como un brazo coercitivo que impone miedo en barrios enteros, con especial saña sobre comunidades racializadas y trabajadoras. No es un fallo del sistema, es el sistema funcionando como fue diseñado.
Que Gaga pronuncie estas palabras en Tokio no es un detalle menor. Hablar fuera del territorio estadounidense es también romper el cerco narrativo interno, señalar que la violencia migratoria no es un asunto doméstico sino una cuestión de derechos humanos con alcance global. Mientras la Casa Blanca intenta vender orden y legalidad, lo que exporta es una política de excepción permanente donde la vida de ciertas personas vale menos por su origen, su acento o su estatus administrativo.
La reacción del poder suele ser previsible. Cuando una figura pública denuncia el abuso, se le exige neutralidad, se la acusa de ingenua o se le recuerda que “no es experta”. Ese argumento siempre aparece cuando alguien con altavoz señala lo evidente: que el ICE ha acumulado denuncias por abusos, negligencias médicas y uso desproporcionado de la fuerza, y que la administración Trump no solo no ha corregido esa deriva, sino que la ha convertido en seña de identidad política. El miedo como herramienta electoral. La crueldad como mensaje.
Lady Gaga no pidió un matiz técnico ni una reforma cosmética. Pidió piedad. Esa palabra, incómoda en la retórica del poder, expone la raíz del problema: no estamos ante un debate jurídico, sino ante una crisis moral. Cuando un Estado necesita humillar y aterrorizar para sostener su frontera, lo que está defendiendo no es la ley, sino una jerarquía de vidas.
En un mundo donde demasiadas estrellas prefieren el silencio para no molestar a patrocinadores, que una artista global use su escenario para denunciar la violencia institucional no es un gesto estético, es una toma de posición. Y deja una pregunta flotando, incómoda y persistente: si incluso desde Tokio se ve la brutalidad del ICE, ¿qué excusa queda para quienes siguen mirando hacia otro lado desde dentro.
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González Amador y el negocio privado junto al poder público que Ayuso no podrá justificar jamás
Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.
González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.
¿Ha cruzado Peinado la última línea?
El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.
Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.
Israel mata al cámara Ahmed Wishah y vuelve a llamar “terrorista” al periodista muerto
El cámara de Al Jazeera Ahmed Wishah fue asesinado el 20 de junio en un ataque aéreo israelí contra una vivienda del campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza. No murió en una abstracción bélica. No cayó en “daños colaterales”. Fue alcanzado por un bombardeo en una casa de un campo de refugiados, uno de esos lugares donde la palabra refugio ya suena a burla cruel cuando la maquinaria militar israelí decide que no hay techo, calle, hospital, escuela, convoy, tienda de campaña ni cámara que merezca seguir en pie.
Según Al Jazeera, en el ataque murieron dos personas y al menos otra persona palestina resultó herida. La cadena fue directa: condenó el “asesinato deliberado” de Ahmed Wishah, trabajador de Al Jazeera Mubasher, y recordó que es el 12º trabajador de la red asesinado en Gaza desde que comenzó la guerra genocida de Israel en octubre de 2023. Doce trabajadores de un mismo medio muertos. Doce. Luego vendrán los portavoces con su jerga de expediente, sus frases prefabricadas y sus acusaciones sin pruebas. Pero el dato queda ahí, como una losa sobre la conciencia de un mundo que mira demasiado y actúa demasiado poco.
Vídeo | Estrenamos este domingo la segunda parte del reportaje “Palestina y la historia que quieren borrar”
Spanish Revolution estrena este domingo a las 15:00 la segunda parte de “Palestina y la historia que quieren borrar”, el reportaje dirigido y presentado por Patricia Salvador dentro de #ReportajesSR, el proyecto audiovisual dirigido por Patricia Salvador y Lea Guggelman.
Bajo el título “La Nakba eterna”, esta nueva entrega continúa el recorrido iniciado en el primer capítulo, donde se abordaba la Nakba para desmontar la mentira de que la historia de Palestina comienza el 7 de octubre.
Vídeo | El turismo que saquea las ciudades mientras sonríe para la foto
El turismo urbano ya no puede seguir vendiéndose como una postal amable, una maleta con ruedas y una pareja haciéndose fotos frente a una fachada histórica. En demasiadas ciudades se ha convertido en otra cosa. En una forma educada de saqueo. Entra sonriendo, paga tres noches, deja propina si toca, sube una historia a Instagram y se marcha. Lo que queda detrás no sale en la foto: alquileres imposibles, vecinas expulsadas, comercios de barrio sustituidos por locales sin alma y calles que ya no pertenecen a quienes las habitan.
No es turismo. Es extracción.