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El país vive bajo toque de queda y censura tras unas elecciones sin competencia, con líderes opositores encarcelados y observadores internacionales expulsados.
AUTORITARISMO CONECTADO: APAGÓN DIGITAL Y URNAS VACÍAS
El 29 de octubre de 2025, Tanzania votó, o al menos eso dijo su Gobierno. Lo que realmente ocurrió fue una coreografía de poder donde la democracia se convirtió en ceremonia y el voto en simulacro. La presidenta Samia Suluhu Hassan, en el cargo desde 2021 y convertida en la primera mujer jefa de Estado del país, se aseguró una victoria sin riesgo. Ningún rival significativo pudo participar. Las urnas estaban llenas, pero el pluralismo estaba vacío.
A primera hora de la jornada, el observatorio internacional NetBlocks confirmó un apagón total de Internet. El acceso a redes sociales y plataformas de mensajería fue bloqueado en todo el territorio. La censura digital coincidió milimétricamente con la apertura de los colegios electorales. En un país donde el teléfono móvil es casi la única fuente de información, el silencio fue la orden del día.
Por la noche, el Gobierno decretó un toque de queda nacional. Se pidió a estudiantes y personal público que no salieran de sus casas. Mientras tanto, las imágenes que lograron filtrarse desde Dar es Salaam mostraban protestas reprimidas a golpes y detenciones masivas. En medio del apagón informativo, la verdad tuvo que escapar por grietas: por redes satelitales, por la valentía de periodistas locales, por la voz quebrada de las familias que buscaban a las y los suyos.
El líder opositor Tundu Lissu, del partido CHADEMA, sigue encarcelado. Se le acusa de traición, un término que en Tanzania ha dejado de significar conspiración y ha pasado a equivaler a disidencia política. Su partido, junto a ACT Wazalendo, fue directamente excluido de las elecciones.
Amnistía Internacional documentó esta deriva en su informe más reciente, “Wave of Terror Sweeps Across Tanzania”, que denuncia desapariciones forzadas, torturas y juicios arbitrarios. “El miedo se ha convertido en política de Estado”, concluye.
REPRESIÓN ESPIRITUAL Y SILENCIO REGIONAL
El terror no se detuvo en la oposición. También la fe se ha convertido en enemigo del poder. En junio, el Gobierno clausuró la Iglesia Ufufuo na Uzima y canceló su registro legal después de que el obispo Josephat Gwajima denunciara secuestros y desapariciones. El delito: decir la verdad. Otros líderes religiosos, como Benson Bagonza y Dickson Kabigumila, han recibido amenazas o se han visto obligados a exiliarse.
Periodistas, activistas y clérigos desaparecen sin dejar rastro. La represión se extiende como una sombra que borra nombres y biografías. Las familias que buscan justicia chocan contra el muro del silencio institucional.
La respuesta internacional ha sido tibia hasta el punto de lo obsceno. Ninguna misión de observación independiente fue admitida. Países como Bélgica, Suecia, Alemania e Irlanda retiraron a su personal. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se desentendió del proceso electoral. Solo delegaciones simbólicas de la Unión Africana (UA) y la Comunidad del África Oriental (EAC) estuvieron presentes, lo que legitimó con su presencia una farsa.
El Kenya Human Rights Network fue una de las pocas voces regionales que se atrevió a denunciarlo:
“Lo que ocurre en Tanzania traiciona los principios fundacionales de la Comunidad del África Oriental. La injusticia en un país amenaza la justicia en todos”.
El texto recordaba que el año pasado activistas de Kenia y Uganda, como Boniface Mwangi y Agather Atuhaire, fueron detenidos, torturados y deportados por intentar asistir al juicio de Lissu. El autoritarismo ya no necesita fronteras; las borra.
Tanzania se ha convertido en un espejo de advertencia. Cuando los gobiernos apagan Internet, silencian templos y encarcelan a sus críticos, no solo están sofocando una protesta: están ensayando el futuro de todo un continente.
Y mientras las instituciones africanas miran hacia otro lado, las y los ciudadanos comienzan a organizar su propia defensa: la de la verdad, la memoria y la libertad.
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Netanyahu ya no disimula: Gaza se ocupa por porcentajes
Netanyahu ya no disimula. Gaza se está ocupando por porcentajes: primero el 52%, luego el 60%, ahora ordena avanzar hasta el 70% y, cuando el público le pide el 100%, responde con una broma: “vayamos en orden”.
Eso no es seguridad. Es desposesión administrada. Es convertir un alto el fuego en una coartada para encerrar a 2,1 millones de personas en cada vez menos territorio, mientras el mundo finge sorpresa ante una estrategia que lleva meses desplegándose delante de todos.
Cuando un Gobierno habla de ocupar Gaza por fases, ya no estamos ante una guerra: estamos ante un plan.
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Contra el racismo institucional: Ayuso intentó vender colapso y el Supremo le contestó con una palabra incómoda, pruebas
Ayuso intentó vender colapso y el Supremo le ha contestado con lo único que desmonta la propaganda: pruebas. Y no las había. Ni de que la sanidad fuera a hundirse, ni de que la educación fuera a reventar, ni de que Madrid fuese a convertirse en una especie de apocalipsis administrativo por regularizar a personas migrantes.
El truco es viejo y miserable: primero deterioran lo público y luego culpan a quienes llegan buscando derechos, trabajo y una vida posible. No era gestión. Era racismo institucional con membrete oficial.
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Aimar Bretos asumirá Hoy por hoy el 31 de agosto, tras la salida de Àngels Barceló después de 21 años en la cadena y 7 al frente del programa. El problema no es Bretos. El problema es ese viejo truco de llamar “pluralidad” a lo que muchas veces significa presión editorial, ajuste interno y disciplina empresarial.
Porque cuando una periodista sale así, cuando compañeras y compañeros lamentan públicamente las formas, cuando la plantilla tiene que defender su profesionalidad, la palabra independencia empieza a sonar menos a principio y más a decorado.
A lo que llaman relevo quizá haya que llamarlo por su nombre: una operación de despacho con música de sintonía.
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