Este medio se sostiene gracias a su comunidad. APOYA EL PERIODISMO INDEPENDIENTE .
El país vive bajo toque de queda y censura tras unas elecciones sin competencia, con líderes opositores encarcelados y observadores internacionales expulsados.
AUTORITARISMO CONECTADO: APAGÓN DIGITAL Y URNAS VACÍAS
El 29 de octubre de 2025, Tanzania votó, o al menos eso dijo su Gobierno. Lo que realmente ocurrió fue una coreografía de poder donde la democracia se convirtió en ceremonia y el voto en simulacro. La presidenta Samia Suluhu Hassan, en el cargo desde 2021 y convertida en la primera mujer jefa de Estado del país, se aseguró una victoria sin riesgo. Ningún rival significativo pudo participar. Las urnas estaban llenas, pero el pluralismo estaba vacío.
A primera hora de la jornada, el observatorio internacional NetBlocks confirmó un apagón total de Internet. El acceso a redes sociales y plataformas de mensajería fue bloqueado en todo el territorio. La censura digital coincidió milimétricamente con la apertura de los colegios electorales. En un país donde el teléfono móvil es casi la única fuente de información, el silencio fue la orden del día.
Por la noche, el Gobierno decretó un toque de queda nacional. Se pidió a estudiantes y personal público que no salieran de sus casas. Mientras tanto, las imágenes que lograron filtrarse desde Dar es Salaam mostraban protestas reprimidas a golpes y detenciones masivas. En medio del apagón informativo, la verdad tuvo que escapar por grietas: por redes satelitales, por la valentía de periodistas locales, por la voz quebrada de las familias que buscaban a las y los suyos.
El líder opositor Tundu Lissu, del partido CHADEMA, sigue encarcelado. Se le acusa de traición, un término que en Tanzania ha dejado de significar conspiración y ha pasado a equivaler a disidencia política. Su partido, junto a ACT Wazalendo, fue directamente excluido de las elecciones.
Amnistía Internacional documentó esta deriva en su informe más reciente, “Wave of Terror Sweeps Across Tanzania”, que denuncia desapariciones forzadas, torturas y juicios arbitrarios. “El miedo se ha convertido en política de Estado”, concluye.
REPRESIÓN ESPIRITUAL Y SILENCIO REGIONAL
El terror no se detuvo en la oposición. También la fe se ha convertido en enemigo del poder. En junio, el Gobierno clausuró la Iglesia Ufufuo na Uzima y canceló su registro legal después de que el obispo Josephat Gwajima denunciara secuestros y desapariciones. El delito: decir la verdad. Otros líderes religiosos, como Benson Bagonza y Dickson Kabigumila, han recibido amenazas o se han visto obligados a exiliarse.
Periodistas, activistas y clérigos desaparecen sin dejar rastro. La represión se extiende como una sombra que borra nombres y biografías. Las familias que buscan justicia chocan contra el muro del silencio institucional.
La respuesta internacional ha sido tibia hasta el punto de lo obsceno. Ninguna misión de observación independiente fue admitida. Países como Bélgica, Suecia, Alemania e Irlanda retiraron a su personal. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se desentendió del proceso electoral. Solo delegaciones simbólicas de la Unión Africana (UA) y la Comunidad del África Oriental (EAC) estuvieron presentes, lo que legitimó con su presencia una farsa.
El Kenya Human Rights Network fue una de las pocas voces regionales que se atrevió a denunciarlo:
“Lo que ocurre en Tanzania traiciona los principios fundacionales de la Comunidad del África Oriental. La injusticia en un país amenaza la justicia en todos”.
El texto recordaba que el año pasado activistas de Kenia y Uganda, como Boniface Mwangi y Agather Atuhaire, fueron detenidos, torturados y deportados por intentar asistir al juicio de Lissu. El autoritarismo ya no necesita fronteras; las borra.
Tanzania se ha convertido en un espejo de advertencia. Cuando los gobiernos apagan Internet, silencian templos y encarcelan a sus críticos, no solo están sofocando una protesta: están ensayando el futuro de todo un continente.
Y mientras las instituciones africanas miran hacia otro lado, las y los ciudadanos comienzan a organizar su propia defensa: la de la verdad, la memoria y la libertad.
Este periodismo no lo financian bancos ni partidos
Lo sostienen personas como tú. En un contexto de ruido, propaganda y desinformación, hacer periodismo crítico, independiente y sin miedo tiene un coste.
Si este artículo te ha servido, te ha informado o te ha hecho pensar, puedes ayudarnos a seguir publicando.
Cada aportación cuenta. Sin intermediarios. Sin líneas rojas impuestas. Solo periodismo sostenido por su comunidad.
Seguir
Seguir
Seguir
Seguir
Subscribe
Seguir
El veto sindical a la Policía Nacional empieza a resquebrajarse
La anomalía democrática ya no cabe debajo de la alfombra. Dos tribunales superiores de justicia, el del País Valencià y el de Madrid, han admitido a trámite sendas demandas de agentes de la Policía Nacional contra una prohibición que huele a otro tiempo: la que les impide afiliarse a sindicatos de clase, interprofesionales, como CNT, CGT, UGT o CCOO. La pelea apunta directamente al artículo 28 de la Constitución, que reconoce la libertad sindical, y al artículo 14, que garantiza la igualdad y la no discriminación. Fechas y cifras importan: la norma que ahora se discute fue aprobada en 2015, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, y afecta a un cuerpo donde la escala básica suma más de 70.000 agentes.
Esta es la democracia estadounidense: 88 corporaciones no pagaron impuestos federales y regaron la política con 852 millones
La democracia estadounidense tiene una liturgia muy solemne. Banderas, discursos sobre la libertad, himnos, padres fundadores, ceremonias patrióticas y presentadores de televisión hablando de “oportunidad”. Luego llega la letra pequeña. Y la letra pequeña dice esto: 88 grandes corporaciones que no pagaron ni un dólar de impuesto federal sobre la renta empresarial en el año fiscal 2025 gastaron unos 852 millones de dólares en lobby y contribuciones electorales durante los últimos ciclos políticos.
No es una anomalía. Es el sistema funcionando.
Trump aprieta el cerco petrolero a Cuba y llama “libertad” al castigo colectivo
El 11 de junio, Marco Rubio anunció nuevas sanciones contra Unión Cuba-Petróleo, CUPET, la empresa estatal cubana de petróleo y gas. No fue un gesto administrativo. No fue una nota técnica del Departamento de Estado. Fue otro giro de tuerca contra una población que ya vive entre apagones, falta de combustible, problemas de transporte, hospitales tensionados y una economía castigada por 65 años de embargo estadounidense. Lo llaman presión. Lo llaman democracia. Lo llaman “apoyo al pueblo cubano”. Pero cuando una sanción corta energía, encarece comida, complica medicinas y deja a la gente sin movilidad, el nombre honesto es otro: castigo colectivo.
Rubio, hijo de inmigrantes cubanos y viejo militante del cambio de régimen, defendió la medida acusando al Gobierno cubano de usar la energía como herramienta de represión, enriquecimiento y control social. El guion es conocido. Primero se asfixia un país. Luego se acusa al país asfixiado de no respirar bien. Después se presentan las consecuencias del bloqueo como prueba de que hacía falta más bloqueo. La maquinaria imperial funciona así: provoca la herida, señala la sangre y vende la amputación como tratamiento.
Vídeo | Más de 30.000 personas ya han visto el #ReportajeSR sobre cómo Israel está cambiando las reglas del mundo
El nuevo trabajo de Reportajes SR, con Olga Rodríguez, analiza por qué lo que ocurre en Gaza no es solo una tragedia palestina, sino una advertencia global sobre la impunidad, el derecho internacional y la ley del más fuerte. Más de 30.000 personas han visto…
Vídeo | La batalla cultural ultra no empezó ayer: nuevo #ReportajeSR este domingo 14
El domingo 14, a las 15:00, estrenamos en nuestro canal de YouTube un nuevo #reportajesr: “Cómo la extrema derecha está ganando la batalla cultural”. La primera parte lleva un título que debería funcionar como advertencia: “Esto no empezó ayer”.
El reportaje, presentado por Patricia Salvador y dirigido por Lea Gugelmann, periodistas de Spanish Revolution, ya está disponible de forma anticipada para suscriptoras y suscriptores del canal.
Porque sí, la extrema derecha no empieza siempre gritando censura, deportaciones, recortes o mano dura. A veces empieza antes. Mucho antes. Empieza alterando el lenguaje. Empieza llamando “libertad” al privilegio de quienes más tienen. Empieza llamando “familia” a un modelo único y obediente. Empieza llamando “patria” a una frontera moral. Empieza llamando “sentido común” a una agenda profundamente reaccionaria.