La política del rumor: anatomía de una deshumanización 

Cuando la derecha convierte la salud en arma arrojadiza, no busca transparencia, busca degradación.

La política española ha entrado en una fase donde ya no se discuten proyectos, ni presupuestos, ni modelos de país. Se discute el pulso, el electrocardiograma y la supuesta tensión arterial del adversario. El último episodio ha sido el bulo sobre una presunta “enfermedad cardiovascular” de Pedro Sánchez, amplificado por terminales mediáticas y elevado a categoría parlamentaria por Cayetana Álvarez de Toledo en el Congreso.

No es un desliz. Es un método.

Primero se inocula la sospecha en los márgenes digitales. Después se viraliza en la periferia mediática. Finalmente, una diputada lo introduce en la Cámara y exige la “desclasificación” del historial médico del presidente. La mentira se institucionaliza y la intimidad se convierte en campo de batalla.

DESHUMANIZAR PARA GOBERNAR

No estamos ante un simple rumor. Estamos ante una estrategia clásica de deshumanización política. La literatura académica lo ha estudiado durante décadas. El psicólogo social Herbert Kelman describió en 1973 cómo la deshumanización facilita la agresión política al privar al adversario de su condición de sujeto moral. Más recientemente, investigaciones como las de Nick Haslam (2006) han señalado que negar atributos humanos a una persona o colectivo es un paso previo a legitimar su exclusión o su castigo.

No hace falta exagerar. Basta observar la secuencia.

En los últimos años, el presidente ha sido caricaturizado, insultado y convertido en objeto de escarnio personal. Desde el “hijo de puta” pronunciado en sede parlamentaria por Isabel Díaz Ayuso hasta motes repetidos con fruición en mítines y redes. El adversario político deja de ser un rival democrático para convertirse en un cuerpo sospechoso, enfermo, ilegítimo.

El salto cualitativo es evidente cuando se exige hacer público su historial médico. En España, la protección de datos sanitarios está blindada por la Ley Orgánica 3/2018 y por el Reglamento General de Protección de Datos europeo. La Agencia Española de Protección de Datos contempla sanciones graves por la difusión no autorizada de información médica. Es un derecho fundamental.

Pero aquí no se busca información. Se busca degradación.

El argumento es falaz desde su raíz. España no es una monarquía absoluta donde la enfermedad del soberano abre una crisis sucesoria. En un sistema parlamentario existen vicepresidentas y vicepresidentes, ministros y ministras. La continuidad institucional no depende del estado clínico de una sola persona. Convertir la salud en cuestión de Estado es un gesto de teatralización autoritaria, no de control democrático.

Además, el subtexto es inquietante. Se sugiere que la enfermedad, real o inventada, sería un demérito. Una tara incompatible con el ejercicio del poder. Es un mensaje que golpea a millones de personas con patologías crónicas que trabajan, votan y sostienen este país cada día. La enfermedad no inhabilita la ciudadanía; lo que inhabilita es la indecencia política.

EL RÉGIMEN DEL RUMOR Y LA BASURA MEDIÁTICA

El bulo no surge en el vacío. Nace en una constelación mediática que vive de la provocación constante. Fotomontajes, titulares insinuantes, fotografías seleccionadas para sugerir deterioro físico. La lógica es simple: cuanto más grotesca la insinuación, mayor el tráfico.

Después llega la amplificación internacional. Medios como Politico ironizan sobre la necesidad de desmentir el “inminente fallecimiento” del presidente. España convertida en anécdota. El ridículo como exportación nacional.

Hay una paradoja reveladora. Cuando el exministro Eduardo Zaplana salió de prisión alegando una enfermedad terminal, se difundieron informes médicos para justificar su excarcelación. Hoy han pasado casi 2.000 días desde aquel diagnóstico descrito como “cercano al 100%” de terminalidad. Nadie pidió entonces “desclasificaciones” inquisitoriales en el Congreso. La vara de medir no es la transparencia; es la conveniencia.

La salud del presidente importa poco a quienes agitan el rumor. Lo que importa es erosionar su figura, sembrar duda, introducir la sospecha de debilidad. El poder autoritario siempre ha olido la sangre antes que el debate.

Este episodio no puede aislarse del clima general. Se cuestionan decisiones judiciales cuando no gustan. Se habla de “golpe institucional” si las urnas no favorecen. Se insinúan conspiraciones médicas cuando las encuestas no acompañan. La política convertida en una sucesión de ficciones paranoicas.

El problema no es que exista confrontación. La democracia vive de la confrontación. El problema es que la confrontación abandone el terreno de las ideas y se instale en la anatomía del adversario. Cuando se pide la apertura del historial clínico de un presidente por puro cálculo partidista, no se está ejerciendo control parlamentario. Se está cruzando una línea ética.

Y esa línea no es abstracta. Es concreta. Es la frontera que separa el desacuerdo legítimo del señalamiento personal. La frontera entre la crítica política y la estigmatización.

En un país con listas de espera, con profesionales sanitarias y sanitarios sosteniendo un sistema tensionado, con pacientes que luchan por acceder a tratamientos, el espectáculo de diputadas utilizando supuestas patologías como munición debería producir vergüenza colectiva. La salud pública no es un meme ni una herramienta de demolición partidista.

No se trata de defender a una persona concreta. Se trata de defender un mínimo de civilización democrática. Si aceptamos que la intimidad médica puede ser exigida como arma política, mañana cualquier alcaldesa, cualquier diputado, cualquier activista podrá ser sometido al mismo escrutinio morboso.

La política del rumor es eficaz porque erosiona sin necesidad de probar. Deja una mancha que no necesita evidencia. Se limita a insinuar. Y en esa insinuación constante se degrada el espacio público.

Quizá el verdadero síntoma no sea el supuesto problema cardíaco inventado, sino el deterioro moral de quienes creen que la democracia consiste en abrir expedientes clínicos en la tribuna del Congreso.

La enfermedad que debería preocuparnos no está en un historial médico, sino en una cultura política que ha decidido que la deshumanización es una estrategia legítima de oposición.