La pareja de Ayuso pagó miles de euros a empresas de su jefe en Quirón tras fundar su consultora 

Contratos opacos y favores cruzados en el entramado de Maxwell Cremona y Quirón Salud

La conexión de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, con el gigante sanitario Quirón es, cuanto menos, una red de favores, pagos y contratos dudosos. Tras establecer su consultora, Maxwell Cremona, en enero de 2017, González Amador pactó pagos por miles de euros a dos empresas vinculadas a Fernando Camino, su jefe en Quirón, en contratos que parecen encubrir lo que huele a intercambio de favores y evasión fiscal.

Desde la documentación remitida al juzgado hasta las revelaciones de Hacienda, el esquema se presenta como una maraña de facturas y contratos con fines publicitarios y de asesoría, que lejos de ser transparentes, destapan un uso interesado de las relaciones empresariales. A los pocos meses de su creación, Maxwell Cremona comenzó a pagar miles de euros a Inversiones Random SL, una empresa del propio Camino dedicada al alquiler de embarcaciones, donde el velero Adagio II se convirtió en un cartel flotante para la consultora del novio de Ayuso. Pagar por promocionarse en un yate suena tan absurdo como descarado, especialmente cuando el supuesto propósito es “impactar a sus clientes actuales y potenciales”.

Pero el truco no acaba ahí. También figura en el expediente judicial que González Amador contrató a Círculo Belleza SL, otra empresa con participación de Camino, para servicios de “asesoramiento” en sectores tan ajenos como la belleza y la gestión empresarial. La consultora sanitaria Maxwell Cremona, en teoría orientada a temas de salud, necesitaba aparentemente medio millón de euros en “consejos” de una empresa sin activos ni personal. No sorprende que Hacienda haya puesto la lupa sobre estos pagos.

INFLUENCIA Y LUJO: EL JUEGO DE LOS BIENES Y LOS BENEFICIOS

Los vínculos entre el ejecutivo de Quirón y la pareja de Ayuso no solo se traducen en contratos opacos. La compra de propiedades y la adquisición de bienes de lujo revelan una forma de vida muy alejada de la ciudadanía común. En Chamberí, Ayuso y González Amador residen en un ático que el empresario adquirió tras embolsarse dos millones en comisiones de la venta de mascarillas, mientras un segundo piso en el mismo edificio se destina a cenas, visitas y reuniones privadas. La compra de este inmueble fue financiada a través de Babia Capital SL, una empresa propiedad de un empresario hostelero, quien obtuvo un préstamo de 955.000 euros de un “tercero desconocido” para realizar la operación. La opacidad en la compra y la identidad del prestamista dan cuenta de la red de complicidad que rodea a estas figuras.

El fiscalista Javier Luis Gómez Fidalgo, representante de González Amador, administra también Babia Capital SL y, de hecho, es el mismo abogado que ha defendido a Fernando Camino en León. Estas conexiones de alto nivel entre empresarios, abogados y cargos públicos configuran un entramado de intereses que dista mucho de la legalidad que las y los ciudadanos respetan. Mientras Ayuso y su pareja disfrutan de los beneficios de contratos millonarios, evasión de impuestos y propiedades envidiables, el resto de la ciudadanía observa cómo estos privilegios solo existen para quienes tienen acceso al poder.

Al mismo tiempo, Quirón, el grupo sanitario que fue el pilar de esta red de influencias, asegura que todo se ha hecho con transparencia. A pesar de que su política anticorrupción establece claramente que ninguna persona empleada puede recibir pagos o favores de clientes o intermediarios, lo cierto es que estos contratos de González Amador con empresas de su directivo Camino indican lo contrario. Según el grupo sanitario, estos contratos publicitarios y de asesoría son una práctica común y transparente, pero la realidad parece mostrar otra historia.

EL BENEFICIO PRIVADO A COSTA DE LO PÚBLICO

Este caso revela cómo la influencia de las élites y las conexiones empresariales permiten evadir responsabilidades y disfrutar de un poder y una vida de lujo, blindados frente a la justicia. Mientras el pueblo afronta los recortes en sanidad, educación y servicios básicos, estos esquemas de evasión fiscal y enriquecimiento privado evidencian que la corrupción es una herramienta más de quienes están en la cima del poder.

La juez que instruye el caso ha citado a González Amador para una posible condena, y su respuesta ha sido una “confesión” acompañada del pago de medio millón de euros para evitar la prisión. Se espera que su condena sea un simple trámite, otro gesto simbólico en el que el dinero reemplaza la justicia. Así, el mensaje que se transmite es claro: quienes tienen recursos pueden comprar su libertad.

La historia de González Amador y su relación con el sistema sanitario refleja cómo un sector de la élite maneja los recursos públicos como si fueran propios, desviándolos hacia beneficios personales. Las empresas pantalla y las facturas ficticias se usan para inflar ingresos y reducir las contribuciones fiscales que la ciudadanía común sí paga. A fin de cuentas, quienes dirigen y deciden las reglas del sistema conocen bien los resquicios para escapar de ellas.

En un contexto donde la mayoría de la sociedad enfrenta una crisis de acceso a la vivienda, precariedad laboral y sistemas de salud colapsados, el ejemplo de la pareja de Ayuso muestra cómo el sistema capitalista y sus beneficiarios encuentran siempre la forma de resguardar sus privilegios.