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Fraude, prevaricación y silencio institucional: un modus operandi que desnuda la corrupción en la gestión educativa madrileña.
La Consejería de Educación del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, bajo la dirección de Enrique Ossorio y Rocío Albert, enfrentó entre 2021 y 2023 un esquema de corrupción sistemática que ahora investiga el juzgado de instrucción número 36 de Madrid. Durante este periodo, en lugar de licitar obras públicas según lo exige la Ley de Contratos del Sector Público, se recurrió a prácticas opacas como el uso reiterado de contratos menores, un procedimiento con mínimos controles financieros.
Centros como el Ignacio Ellacuría y Ciudad Escolar son ejemplos emblemáticos de este fraude. En lugar de gestionar obras integrales que excedían con creces el límite de 50.000 euros, las reformas se fragmentaron en pequeños contratos: ventanas por un lado, pintura por otro, y así sucesivamente. Este método permitió evitar licitaciones públicas y adjudicar los trabajos directamente a empresas seleccionadas sin competencia alguna. En Ciudad Escolar, donde se construyó un hospital de prácticas de FP, se gastaron 2,5 millones de euros bajo este esquema irregular, tal y como recoge ElDiario.es.
El esquema no solo permitió adjudicaciones sin transparencia, sino que esquivó deliberadamente los controles de la Intervención de la Comunidad de Madrid. Para encubrir el alcance de estas operaciones, el dinero se distribuyó entre varios institutos mediante transferencias separadas, dificultando su detección.
Los informes elaborados por la Intervención General confirman las irregularidades en contratos menores, incluyendo la ausencia de presupuestos comparativos, lo que resultó en sobrecostes millonarios. En el IES Tetuán de las Victorias, los contratos menores con una misma empresa se renovaron año tras año, sin convocar concursos públicos. Reformas en baños, aulas e incluso suministros básicos, que debieron ser licitados, se asignaron de manera directa.
RESPONSABILIDADES Y EL SILENCIO DE LAS AUTORIDADES
La investigación no solo apunta a irregularidades administrativas, sino a una clara cadena de responsabilidades que alcanza las más altas esferas de la Consejería de Educación. Alfonso Mateos, subdirector de FP, fue cesado rápidamente como chivo expiatorio cuando el caso estalló. Sin embargo, es difícil creer que el esquema no fuera conocido y aprobado por quienes dirigían la Consejería. Las obras, por su envergadura y coste, requerían autorizaciones superiores.
El caso salió a la luz gracias al empresario encargado de construir el hospital de prácticas de Ciudad Escolar, quien denunció públicamente tras no recibir pago por las obras. Al descubrir que su contrato no existía formalmente en ningún registro, envió burofaxes y se reunió con representantes del Gobierno regional. Fue entonces cuando la Consejería, en un intento por contener la situación, abrió una investigación interna y denunció el caso a la Fiscalía.
A pesar de las evidencias crecientes, la Consejería mantuvo un mutismo absoluto hasta que la publicación de elDiario.es expuso los hechos. Desde entonces, el caso ha escalado: la Fiscalía ha incorporado nuevas denuncias, y el número de centros educativos involucrados asciende ya a diez. Entre ellos, el IES Ciudad de los Poetas y el Tetuán de las Victorias, cuyas auditorías confirman irregularidades con posible trascendencia penal.
El argumento esgrimido por las autoridades de que las irregularidades se deben a la «falta de formación financiero-jurídica» de los directores de los centros es insostenible. Los directores carecen de capacidad de contratación directa y ejecutaron instrucciones provenientes de la Consejería. No es coincidencia que todos los casos investigados se concentren entre 2021 y 2023, bajo el mismo liderazgo político.
UN SISTEMA EDUCATIVO VULNERADO POR LA CORRUPCIÓN
El modelo expuesto no solo erosiona la confianza en las instituciones públicas, sino que afecta directamente a un sistema educativo que ya enfrenta graves carencias. Mientras se desvían millones a empresas seleccionadas arbitrariamente, estudiantes de FP y secundaria deben enfrentarse a infraestructuras precarias y recursos insuficientes.
Ahora, el juzgado deberá determinar si estas irregularidades constituyen delitos de prevaricación y malversación, y si quienes se beneficiaron actuaron «a sabiendas» del fraude. Sin embargo, lo más alarmante es la indiferencia con la que el Gobierno regional ha manejado las acusaciones, protegiendo a figuras clave como Ossorio y Albert.
En lugar de asumir responsabilidades políticas, Ayuso y su equipo han optado por desviar la atención, mientras el caso sigue desvelando nuevas capas de corrupción.
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