La Fiscalía apoya que se abra una investigación penal a Mazón por su gestión de la DANA: ¿responsabilidad política o criminal? 

Los responsables públicos, empezando por Mazón, no pueden escudarse en la fatalidad de la naturaleza cuando las herramientas para mitigar el impacto estaban al alcance.

La Fiscalía de València ha respaldado abrir una investigación penal contra Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, por su cuestionada gestión de la DANA que asoló la Comunitat Valenciana el pasado 29 de octubre. El devastador temporal dejó 223 víctimas mortales, tres personas desaparecidas, 80 municipios afectados y daños materiales millonarios. Ante este desastre, las acusaciones señalan a Mazón como principal responsable autonómico por la falta de planificación y la inacción frente a las alertas meteorológicas.

Siete querellas y denuncias han sido presentadas contra Mazón, procedentes de organizaciones como CGT e Iustitia Europea, así como de abogados y particulares. A pesar del volumen de denuncias, la Fiscalía considera que deben unificarse en una sola causa para evitar dilaciones procesales. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ya ha dado un primer paso en esta dirección, acumulando los procedimientos en curso.

El respaldo del Ministerio Público no solo legitima las demandas sociales de esclarecer responsabilidades, sino que subraya la gravedad de los hechos. La muerte de más de doscientas personas no puede quedar reducida a un capítulo más de negligencia institucional. La resolución del TSJCV, que será debatida por un pleno compuesto por la presidenta Pilar de la Oliva y otros magistrados, determinará si Mazón deberá enfrentarse a un proceso judicial que podría marcar el resto de su carrera política.

UNA CRISIS DE GESTIÓN QUE EXPONE LA INACCIÓN SISTÉMICA

Las acusaciones contra Mazón no surgen en el vacío. La DANA evidenció fallos estructurales en los mecanismos de respuesta de la Generalitat y de las agencias implicadas, como la Agencia Valenciana de Emergencias. Mientras las alertas meteorológicas advertían de lluvias torrenciales, la gestión preventiva fue inexistente. La falta de planes de evacuación y de coordinación entre instituciones dejó a miles de personas desprotegidas frente a un desastre anunciado.

Entre las querellas también figura una denuncia de Manos Limpias contra responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar, AEMET y la Agencia Valenciana de Emergencias, una disputa que revela el caos competencial entre organismos durante la crisis. El caso, inicialmente asignado al Juzgado de Instrucción número 15 de València, se trasladó al número 20, evidenciando además las trabas burocráticas para depurar responsabilidades en tiempo real.

Por otro lado, en el ámbito contencioso-administrativo, se ha interpuesto un recurso por «inacción» contra la Presidencia de la Generalitat y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. En noviembre, este recurso fue admitido a trámite, poniendo en el foco la ausencia de medidas preventivas y la falta de respuesta adecuada durante la tragedia.

La DANA no solo desnudó la incompetencia administrativa, sino que puso de manifiesto las prioridades políticas de un gobierno más preocupado por su imagen que por salvar vidas. Los responsables públicos, empezando por Mazón, no pueden escudarse en la fatalidad de la naturaleza cuando las herramientas para mitigar el impacto estaban al alcance.

Las inundaciones de octubre no fueron un desastre aislado, sino un síntoma de un sistema que prioriza el beneficio económico por encima de la seguridad de las personas.