La explosión programada del orden internacional: 

Un análisis del reconocimiento de Somalilandia y la geopolítica del desprecio

Por Manu Pineda

En un acto que ha resonado como un gong a través de las ya frágiles estructuras del orden internacional, Israel se ha convertido en la primera entidad del mundo en reconocer oficialmente a la región separatista de Somalilandia como un Estado soberano e independiente. Este movimiento representa la punta de lanza de una tendencia profundamente peligrosa: la explosión deliberada y sistemática de los principios fundamentales del derecho internacional, impulsada por alianzas de conveniencia y por un creciente sentimiento de impunidad entre determinados actores estatales.

Este acto constituye el síntoma de una enfermedad mayor: una dinámica que conecta la política de poder en Oriente Medio con las luchas por la influencia en el Cuerno de África, y que deja al descubierto la hipocresía de un sistema internacional que tolera que algunos violen las reglas mientras se envuelven en la retórica de su defensa.

El anuncio del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, fue recibido con júbilo por las autoridades de Somalilandia, que lo calificaron de “histórico”. Para el gobierno federal de Somalia, en cambio, supone un ataque deliberado contra su soberanía y una violación flagrante de su unidad e integridad territorial. Esta posición del gobierno somalí cuenta con un respaldo amplio, prácticamente unánime de la comunidad internacional.

La reacción fue inmediata y contundente. Desde Estados como Egipto, Jordania, Turquía y Arabia Saudita, hasta organizaciones clave como la Unión Africana, la Liga Árabe, la Unión Europea y la Organización para la Cooperación Islámica, todas reafirmaron su apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Somalia y condenaron el reconocimiento israelí. La propia ONU, a través de un alto funcionario, recordó ante el Consejo de Seguridad que este órgano ha reafirmado “en repetidas ocasiones el respeto a la soberanía, la integridad territorial, la independencia política y la unidad de Somalia”.

La Unión Africana expresó una preocupación especialmente grave, advirtiendo de que la creación de este precedente podría desencadenar una reacción en cadena de reclamaciones separatistas en todo el continente, alimentando dinámicas de fragmentación e inestabilidad estructural.

Si el rechazo es tan amplio, la pregunta resulta inevitable: ¿por qué Israel decidió avanzar en esta dirección? La respuesta no se encuentra en el derecho internacional, sino en la lógica descarnada de la soberbia estratégica, el supremacismo como ideología y la impunidad como escudo.

El motivo central es contrarrestar la influencia regional de Irán y, de forma más concreta, la amenaza que representan los hutíes de Yemen. Somalilandia, con su extensa costa sobre el estratégico golfo de Adén y situada a apenas 300 kilómetros de zonas bajo control hutí, ofrece una posición geoestratégica de enorme valor. Israel busca consolidar aliados en el entorno del mar Rojo y disponer de una plataforma operativa próxima a los escenarios de conflicto.

El objetivo final es establecer una presencia de inteligencia o incluso militar, incluyendo drones o sistemas defensivos, destinada a interceptar ataques hutíes y a proyectar poder de manera más directa. La advertencia de los propios hutíes, que han declarado cualquier presencia israelí en Somalilandia como un “objetivo militar legítimo”, confirma la gravedad del nuevo factor introducido en la ecuación regional.

Este cálculo estratégico solo es posible dentro de una dinámica más amplia de impunidad, inseparable del respaldo político, diplomático y militar de Estados Unidos. Esta relación simbiótica ha construido un auténtico escudo que permite a Israel operar más allá de las líneas rojas del derecho internacional.

Durante la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre esta cuestión, la representante estadounidense, Tammy Bruce, no solo evitó cualquier crítica, sino que defendió el “derecho” de Israel a establecer relaciones diplomáticas como cualquier otro Estado soberano. Para justificar esta postura recurrió a una comparación cínica, equiparando el reconocimiento de Somalilandia con el reconocimiento de Palestina por parte de otros países, y acusando al Consejo de aplicar un doble rasero.

Esta analogía fue rechazada de forma tajante por varios diplomáticos, entre ellos el representante de Eslovenia, quien subrayó la diferencia esencial: Palestina es un territorio sometido a una ocupación ilegal prolongada, mientras que Somalilandia forma parte integrante de un Estado miembro de la ONU reconocido internacionalmente.

Este respaldo estadounidense es solo la expresión visible de una protección política y militar mucho más profunda, consolidada a lo largo de distintas administraciones y reforzada durante el segundo mandato de Donald Trump, quien llegó a trivializar el asunto preguntando con desdén: “¿Alguien sabe realmente qué es Somalilandia?”.

La complejidad del escenario se incrementa al observar las tensiones en el seno del Golfo Pérsico. El reconocimiento israelí se superpone a una fractura cada vez más evidente entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, antiguos aliados cuya rivalidad por la influencia en el sur de Yemen ha pasado de la competencia discreta a una confrontación abierta.

En este tablero, Somalilandia es una pieza clave para los Emiratos, que ya operan allí una importante base militar. Israel, que normalizó relaciones con Abu Dabi en 2020 mediante los Acuerdos de Abraham, encuentra en los EAU un socio natural para esta jugada. La alineación de intereses entre Israel y los Emiratos en el mar Rojo se refuerza, introduciendo una nueva variable en la pugna regional y profundizando las tensiones con Arabia Saudita.

Esta dinámica evidencia que la llamada coalición anti-hutí está profundamente fragmentada y que sus integrantes priorizan agendas propias antes que cualquier estrategia común.

La actuación de los Emiratos Árabes Unidos resulta paradigmática de una forma contemporánea de subimperialismo: el comportamiento de potencias regionales que, sin ser hegemónicas a escala global, despliegan prácticas imperialistas en su entorno inmediato con el respaldo tácito o explícito de una gran potencia.

El caso de Sudán es ilustrativo. Desde abril de 2023, una guerra devastadora enfrenta al ejército sudanés con las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un grupo paramilitar responsable de atrocidades masivas. Existen evidencias sólidas de que los EAU son el principal patrocinador externo de las RSF, proporcionándoles armas, financiación y apoyo logístico, en estrecha relación con el control de las minas de oro sudanesas y su contrabando hacia territorio emiratí.

Las atrocidades cometidas, especialmente contra la comunidad masalit en Darfur, han sido de tal magnitud que en marzo de 2025 el gobierno sudanés presentó una demanda contra los Emiratos ante la Corte Internacional de Justicia, acusándolos de violar la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio. Aunque la causa enfrenta obstáculos legales, la gravedad de las acusaciones es incontestable.

Esta diplomacia de doble carril (invocar el derecho internacional de forma selectiva mientras se lo vulnera sistemáticamente) define el proyecto de poder emiratí y explica su convergencia con Israel en escenarios como Somalilandia.

Desde esta perspectiva, el reconocimiento de Somalilandia es la expresión de un orden internacional en descomposición, donde las normas se aplican de manera selectiva y la impunidad se convierte en un privilegio reservado a quienes cuentan con el patrocinio adecuado.

Nos encontramos ante la convergencia de procesos extremadamente peligrosos: la instrumentalización de la soberanía con fines militares, el uso del reconocimiento diplomático como moneda de cambio en guerras indirectas, y la hipocresía estructural de quienes se presentan como defensores del derecho mientras lo socavan allí donde estorba a sus intereses.

La respuesta a este desprecio absoluto no puede limitarse a la condena retórica. Exige una reafirmación práctica, coherente y sostenida de los principios que sostienen la convivencia internacional. Implica un respaldo firme a la soberanía y la integridad territorial de países como Somalia, la exigencia de responsabilidades por las violaciones del derecho internacional humanitario (en Gaza, en Darfur, en el Caribe o en cualquier otro lugar) y la defensa del sistema de reglas comunes frente a la ley del más fuerte.

De no hacerlo, el mundo avanzará hacia una jungla geopolítica en la que los más vulnerables siempre pagarán el precio, y en la que la paz y la estabilidad serán sacrificadas en el altar de los intereses de quienes se sitúan por encima de las normas, por encima de los pueblos y por encima de todo.