El Tribunal de Apelación de Gante ha denegado la extradición de Valtonyc a España.
La Justicia belga ha denegado este martes la extradición a España del rapero Josep Miquel Arenas, alias Valtònyc, por un delito de amenazas. El Tribunal de Apelación de Gante descartó antes los delitos de injurias a la Corona y enaltecimiento del terrorismo por los que también le reclama la Justicia española.

«¡Victoria! Después de tres años de procedimientos legales, un desvío al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y al Tribunal Constitucional belga, el Tribunal de Apelaciones resuelve que Valtònyc no puede ser extraditado», ha anunciado su abogado Simon Bekaert, en Twitter. «Un buen día para la música y la libertad de expresión», ha remachado.
Victory ! After three years of legal procedures, a detour to the European Court of Justice and to the Belgian Constitutional Court, the Court of Appeal rules that Valtonyc can not be extradited. A good day for music and freedom of expression. @valtonyc
— Simon Bekaert (@Simonbekaert) December 28, 2021
Sin embargo, la Fiscalía puede recurrir la sentencia y agotar la vía legal acudiendo al Tribunal de Casación, que estudiaría cuestiones formales durante el proceso judicial.
Durante todo el proceso, la defensa de Valtònyc se ha mostrado segura de que siguiendo los estándares europeos no hay margen para que su cliente sea entregado a España.
Valtònyc por su parte ha expresado por Twitter que «primero te ignoran, luego se ríen, después te atacan y, finalmente, ganas. Gracias a los que me han apoyado desde mi detención el 2012, desde el exilio el 2018, al equipo jurídico y a los imprescindibles que saben que la lucha es el único camino».
La entrega del rapero, que huyó de España en junio de 2018, ya fue rechazada en primera instancia. Saltó entonces a la segunda, un proceso que se ha dilatado más de un año y donde el juez de Gante elevó al Constitucional belga el caso de los ataques al rey.
El magistrado se aferró a la ley belga de 1847 que protege la figura del monarca, pero el alto tribunal la declaró inconstitucional al considerar que colisiona con la libertad de expresión y «no satisface una necesidad social urgente y es desproporcionada con el objetivo de proteger la reputación de la persona del rey».
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