Entre 2011 y 2015, Rato habría defraudado algo más de 1,1 millones de euros a Hacienda.
El juez de Madrid que investigaba a Rodrigo Rato ha puesto fin a la instrucción sobre el presunto origen ilícito del patrimonio del exministro de Economía Rodrigo Rato, al que atribuye presuntos delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y fiscales. El magistrado ha dictado el llamado auto de transformación y abre el plazo para que la Fiscalía y la Abogacía del Estado presenten los escritos de acusación en los que precisen qué condenas piden para Rato.
Los hechos están en parte relacionados con su etapa como presidente de Bankia, donde supuestamente Rodrigo Rato habría cobrado comisiones por la adjudicación a ciertas sociedades de campañas de publicidad de la entidad financiera, ya que Rato recibió a través de una de sus sociedades una comisión de 835.000 euros. Esto podría considerarse un delito de corrupción en los negocios.
El dinero era derivado al extranjero y reintroducido en España con apariencia de legalidad a través de una compleja estructura societaria utilizando el sistema de falsos préstamos participativos entre sociedades que estaban bajo su control, lo que supondía un delito de blanqueo de capitales.
Rato eludía asimismo el pago de impuestos por los servicios personales que cobraba -conferencias o asesoramientos, por ejemplo- presentándolos como servicios de una sociedad, lo que le permitía esquivar el pago de IRPF.
Tampoco acababa pagando el más favorable Impuesto de Sociedades porque presentaba siempre bases imponibles negativas para este impuesto.
Entre 2011 y 2015, Rato habría defraudado algo más de 1,1 millones de euros a Hacienda. Por estos hechos, la Fiscalía y la Abogacía podrían acusarle de cuatro delitos fiscales.
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