Un informe de la Cámara de Cuentas, el organismo autonómico que fiscaliza el gasto electoral, detecta “inconsistencias”.
Un informe de la Cámara de Cuentas, el organismo autonómico que fiscaliza el gasto electoral, detecta “inconsistencias” en el partido de Abascal. Por ello el PSOE pide que el Tribunal de Cuentas fiscalice en los ejercicios 2018 y 2019 tras una denuncia que Anticorrupción desechó al igual que otra posterior.
Infolibre ha informado que «las cuentas electorales de la formación ultraderechista que a escala regional comanda Rocío Monasterio no cuadran».
El apartado del informe donde se analizan las «inconsistencias internas» de Vox desgrana que se refieren a «la cuenta de acreedores varios en Balance presenta un saldo de 672,72 euros, y en el Libro Mayor presenta un saldo de 29.372,40 euros”. Es decir, «la cifra de lo adeudado por Vox a distintos acreedores por sus actividades en la campaña autonómica de Madrid se balancea en 28.699,68 euros, según el papel que se consulte», aclara Infolibre.
“Aunque en alegaciones se afirma que el origen de estos movimientos en contabilidad que no tienen reflejo en el extracto bancario se encuentra en la recarga de una tarjeta virtual, realizada erróneamente por el Banco desde una cuenta corriente no electoral, lo cierto es que no se ha acreditado documentalmente la recarga en la cuenta no electoral de titularidad del Partido, lo que hubiera fundamentado su consideración como aportación del mismo”, añade el informe.
Este martes, infoLibre pidió a los portavoces de Vox Madrid su versión sobre lo sucedido y sobre el porqué de las «inconsistencias internas». No hubo respuesta.
El dictamen de la Cámara de Cuentas madrileña no exige explicaciones adicionales por parte de Vox. «Pero el partido de Santiago Abascal tal vez deba ofrecer nuevos datos si prospera en el Congreso una iniciativa registrada por el PSOE el 8 de septiembre aunque salió a la luz la semana pasada: la que propone que se encomiende al Tribunal de Cuentas “una fiscalización de la contabilidad” de Vox en 2018 y 2019, “con especial atención a los hechos recogidos en la petición remitida al tribunal en julio de 2020 por la Fiscalía de Valencia”, sentencia el medio.
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