Ilegalizar a Vox estaría avalado por leyes españolas y por tribunales internacionales 

Existen argumentos suficientes para que inicie los trámites para erradicar a la extrema derecha de Vox de la política española

Vox, a través de un discurso basado en el odio, en el nacionalismo radical y haciendo uso de las nuevas tecnologías, lleva su mensaje ultra a todos los hogares por medio de la utilización de las técnicas de propaganda ya usadas con fines catastróficos (Goebbels podría dar fe de ello), unos métodos que son una herramienta común en todas las estrategias para el crecimiento de extrema derecha del mundo.

Las consecuencias de la crisis económica está siendo el caldo de cultivo perfecto para que el autoritarismo y las ideas populistas de la extrema derecha sean vistos como la solución que la democracia no ha querido o no ha podido dar. Pero los populismos tienen las patas cortas y la posverdad, aun siendo ahora mismo caldo de cultivo ultranacionalista, tiene que rematar en caída al vacío.

EL planteamiento de Vox, que ya era ultraconservador y ultracatólico, se radicalizó desde que tuvieron contactos en 2017 con Steve Bannon, el gurú de extrema derecha que llevó a Trump al poder. A partir de ese momento, el partido de extrema derecha se subió a una ola de populismo que los llevó a ser acusación particular en el procedimiento judicial del procés, a causar un enorme revuelo con la polémica en torno a la exhumación del cadáver del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos y a introducir el miedo al migrante en el debate político.

Vox incluyó entre su mensaje populista elementos identificados como antifeministas e islamófobos, haciendo también hincapié en la reivindicación de valores tradicionales como la caza y la tauromaquia, en el nacionalismo centralista, el rechazo al aborto y en propuestas económicas de signo liberal tales como la reducción de impuestos y la disminución de la burocracia. Su discurso trae todos y cada uno de los elementos ideológicos que caracterizan a un partido de extrema derecha: nacionalismo, reacción al cambio cultural, nativismo y autoritarismo; así, sus propuestas en contra de la inmigración, por la seguridad o la ilegalización de partidos o ONG.

Como recuerda un artículo este lunes en Diario16, muchas instituciones y organismos han pedido hasta ahora la ilegalización de Vox y España tiene, desde 2002, una herramienta para poder hacerlo: la Ley de Partidos, aprobada por el gobierno de José María Aznar, con la que se pretende impedir que un partido político pueda «atentar contra el régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia y las actividades de bandas terroristas», algo que la formación de ultraderecha hace constantemente.

La ilegalización de Vox sería posible

Además, el artículo 9, señala que los partidos deberán respetar los derechos humanos y los principios democráticos, además de realizar su actividad aceptando el pluralismo ideológico. Sin embargo, Vox ha decidido que el actual gobierno no es legítimo por el hecho de que a la extrema derecha no le gusta que el pueblo español decidiera que quería ser gobernado por una coalición progresista.

Por otra parte, la ley aprobada por José María Aznar afirma que cualquier formación política puede ser ilegalizada cuando su actividad vulnere «las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual».

Además, según la ley ningún partido puede ir acompañado de simbología que incite a la violencia, pero en los actos del partido ultra se pueden ver banderas preconstitucionales.

En 2018, el Parlamento Europeo instó a «luchar contra las organizaciones que propaguen discursos de odio y violencia en espacios públicos, en la línea de prohibir efectivamente los grupos neofascistas y neonazis y cualquier otra fundación o asociación que exalte y glorifique el nazismo y el fascismo dentro del respeto del ordenamiento jurídico y la jurisdicción nacional».

Una sentencia dictada por el Tribunal Europeo ha avalado la disolución de los grupos de extrema derecha al vulnerar el Convenio Europeo de Derechos Humanos ya que estas asociaciones están en contra de los valores de «tolerancia, paz social y no discriminación», lo que incluye también a partidos políticos.

Esta disolución, que también conlleva la ilegalización, es acorde al derecho y al respeto de los derechos humanos cuando estos grupos usen la «libertad de asociación con el objetivo de destruir los ideales y valores de la sociedad democrática», como grupos de la extrema derecha francesa que hacían llamamientos a una revolución nacional para deshacerse de los migrantes o de raza no caucásica. Unos llamamientos como los antiinmigración más que conocidos de Vox.

La sentencia del TEDH avala la posibilidad de que, el Gobierno pueda aplicar la Ley de Partidos española al contener muchos de los puntos que recoge.