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A partir del 17 de abril, los funcionarios llevarán a cabo paros parciales entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde de forma indefinida.
En busca de un aumento salarial, miles de funcionarios de la Administración de Justicia comienzan una huelga indefinida con paros parciales diarios. Pero, ¿quiénes son estos trabajadores y cuáles son sus demandas? Descubre cómo este nuevo conflicto podría seguir afectando al sistema judicial.
Los funcionarios en huelga
Un 93% del personal de la Administración de Justicia, aproximadamente 45.000 funcionarios, están llamados a la huelga por los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO, UGT y CIG. La mayoría pertenece a los cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial, aunque también hay médicos forenses y personal especializado del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Estos empleados trabajan en todo el territorio nacional, tanto en comunidades autónomas con competencias de Justicia transferidas como en aquellas que aún dependen del Ministerio.
Reivindicaciones de los trabajadores
Los sindicatos demandan un incremento en el complemento general del puesto en las nóminas de estos empleados, el único concepto retributivo aplicable a todos los cuerpos y ámbitos territoriales. Las subidas solicitadas van desde los 430 euros brutos mensuales para los profesionales de la categoría A1 hasta los 350 euros para el grupo C2.
Además, exigen la paralización de la tramitación parlamentaria de la Ley de Eficiencia Organizativa del Sector Público de Justicia, que modificará aspectos orgánicos de los servicios judiciales.
Impacto de la huelga
A partir del 17 de abril, los funcionarios llevarán a cabo paros parciales entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde de forma indefinida. También se ha convocado un paro general para el miércoles y una «gran manifestación» en Madrid, a la que se espera que asistan trabajadores de todo el país.
A pesar de los servicios mínimos garantizados por el Ministerio, la huelga podría afectar al funcionamiento de los juzgados y fiscalías de guardia, así como a los actos del Registro Civil, causas con presos y medidas cautelares.
Respuesta del Ministerio de Justicia
La ministra Pilar Llop se ha comprometido a dialogar sobre las reivindicaciones sindicales y ha pedido a los trabajadores que «miren por los ciudadanos» y «no causen un perjuicio» en el servicio público. Llop también ha recordado que los funcionarios de las comunidades autónomas sin competencias de Justicia transferidas ya recibieron una subida salarial en el pasado.
Otros sectores en lucha
Jueces, fiscales y abogados de oficio también han expresado su malestar y están considerando posibles movilizaciones para defender sus derechos profesionales y retributivos. La situación actual en la Administración de Justicia muestra una creciente preocupación por parte de los empleados, lo que podría desembocar en una serie de conflictos prolongados que afecten al sistema judicial.
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