En las recientes manifestaciones en Senegal, la represión desmedida contra protestantes en ciudades como Saint Louis, Dakar y Ziguinchor ha resultado en la pérdida de tres vidas, incluida la de un joven de apenas 16 años, y ha dejado tras de sí un rastro de detenciones arbitrarias que se cuentan por cientos. Estos eventos no son meros incidentes aislados, sino la manifestación de un sistema que, en su afán por acallar voces disidentes, ha traspasado los límites del respeto a los derechos humanos fundamentales.
VIOLENCIA POLICIAL: UNA REALIDAD INNEGABLE
Las operaciones represivas llevadas a cabo el 9 y 10 de febrero han sido denunciadas por Amnistía Internacional, que no ha dudado en calificar estos actos como homicidios. Las voces de familiares de las víctimas, testigos presenciales y periodistas que cubrían las manifestaciones conforman un coro que clama por justicia y transparencia. “Las autoridades senegalesas siguen mostrando un desprecio absoluto por la disidencia pacífica. Es su deber investigar con prontitud, exhaustividad, independencia, imparcialidad, transparencia y eficacia el uso de medios letales contra manifestantes, incluidos los tres homicidios cometidos durante el fin de semana”, afirma Samira Daoud, directora regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central.
Este llamado a la acción no solo exige que se haga justicia, sino que también subraya la necesidad de garantizar que los presuntos responsables rindan cuentas en juicios justos. La comunidad internacional debe estar atenta y exigir que las víctimas y sus familias tengan acceso a la justicia y a un recurso efectivo.
UNA LEGISLACIÓN OBSOLETA
El marco legal que regula el uso de armas de fuego por parte de las y los agentes de policía en Senegal es, a todas luces, insuficiente y anticuado. No refleja las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos, especialmente en lo que respecta a la libertad de expresión y de reunión pacífica. “Además, el Parlamento debe reformar la legislación senegalesa sobre el uso de armas de fuego por los agentes de policía, ya que está obsoleta y no refleja las obligaciones de respetar, proteger, promover y hacer efectivos los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica contraídas por Senegal en virtud de las normas internacionales de derechos humanos”, insiste Daoud.
La demanda es clara: es imperativo que Senegal actualice su legislación para alinearla con los estándares internacionales. La inacción legislativa no es solo una omisión; es una complicidad con la violencia.
ATAQUES A LA LIBERTAD DE PRENSA
El clima de represión no ha dejado fuera a la prensa. Durante las protestas, se documentaron ataques brutales contra manifestantes pacíficos y el uso de gas lacrimógeno contra periodistas. Estos actos no solo representan un ataque directo a la libertad de prensa, sino que también constituyen un intento por oscurecer la verdad. Mor Amar, periodista de L’Enquête Daily, relata su experiencia: “Cuando ni siquiera habían comenzado las protestas, vinieron los agentes de policía y nos dijeron que nos fuéramos… Uno de los agentes disparó hacia nuestro grupo un bote de gas lacrimógeno que no explotó”.
Este tipo de violencia contra los medios de comunicación es inaceptable y debe ser condenado con la mayor firmeza. Los ataques contra periodistas son ataques contra la democracia misma.
UN LLAMADO A LA ACCIÓN
La situación en Senegal es un reflejo de un problema más amplio que afecta a muchas partes del mundo: el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades para reprimir la disidencia. La comunidad internacional, las organizaciones de derechos humanos y cada uno de nosotros tenemos el deber de alzar la voz contra estas injusticias.
La brutal represión en Senegal es un claro recordatorio de la urgente necesidad de reformas. No podemos permanecer indiferentes mientras las libertades fundamentales son pisoteadas. Las autoridades de Senegal deben actuar con prontitud para investigar estos actos de violencia, reformar su legislación sobre el uso de la fuerza y garantizar la protección de los derechos humanos de todas las personas.
El silencio y la inacción son cómplices de la violencia y la represión. Es hora de que el gobierno de Senegal escuche el clamor de su pueblo y de la comunidad internacional, y tome medidas concretas para restaurar la confianza en sus instituciones. Solo así podrá avanzarse hacia una sociedad más justa y democrática.
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