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Cuando destruir el agua potable también se convierte en una estrategia de guerra
Desde el 7 de octubre de 2023, el genocidio y el bloqueo total impuesto por Israel sobre la Franja de Gaza han empujado a más de 2 millones de personas a una forma de supervivencia que roza lo inhumano. No hablamos de escasez coyuntural ni de una crisis técnica. Hablamos de sed planificada. De un castigo colectivo que convierte el agua en arma y la infraestructura civil en objetivo militar.
Según la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza, más del 90 % de las plantas de agua y desalinizadoras están fuera de servicio. No por averías fortuitas, sino por destrucción directa y falta deliberada de combustible, consecuencia del bloqueo. La vida cotidiana ya no se mide en horas ni en días, sino en litros que llegan o no llegan. En los campos de desplazados, el tiempo se ha reducido a una espera interminable ante cisternas improvisadas, bidones sucios y colas bajo el sol.
El agua que beben es salada, contaminada y, en muchos casos, peligrosa. Huele mal. Provoca dolores. Enferma. Pero no hay alternativa. Cuando una población entera depende de camiones cisterna irregulares, sin esterilización y bajo amenaza constante, el resultado no es una emergencia humanitaria puntual, sino una política de aniquilación lenta.
AGUA SALADA, CUERPOS FRÁGILES
Rahma Fadi vive en una tienda cerca del campo de personas refugiadas de Al-Maghazi. Tiene seis hijas e hijos. Cada día espera un camión que quizá no llegue. Cuando llegan, el agua se almacena en garrafas rodeadas de moscas. “Cuando mis hijas e hijos lloran de sed, les doy agua salada y rezo”, explica. No es una metáfora. Es una decisión diaria entre lo malo y lo peor.
Su pareja, Akram Fadi, 41 años, era taxista. Una granada disparada por un tanque israelí le destrozó la pierna derecha mientras huía hacia el sur. La amputación se realizó sin medios adecuados, en un sistema sanitario devastado. Desde entonces, Rahma carga sola con la supervivencia familiar. Hace colas durante horas para llenar unos pocos recipientes que deben durar todo el día.
La escena se repite en Nuseirat. Allí vive Ruba Al-Amsha, 17 años, desplazada desde Al-Shujaiya. Se sienta frente a su tienda, rodeada de bidones vacíos. Sufre dolores intensos en el riñón derecho. Cada vez que bebe agua del tanque, el dolor empeora. “El agua es salada y a veces huele extraño, pero no tenemos otra opción”, dice. No ha podido ver a una médica o un médico. El transporte es casi imposible.
Los datos del Ministerio de Salud de Gaza son demoledores. Entre el 40 % y el 42 % de las personas con insuficiencia renal han muerto por la interrupción de la diálisis, causada por la falta de agua, electricidad y la destrucción de hospitales. La sed mata, aunque no siempre deje una imagen inmediata.
Las tiendas se han convertido en focos de infección. Diarreas, intoxicaciones y enfermedades transmitidas por el agua aumentan, especialmente entre niñas, niños y personas mayores. No es un daño colateral. Es el resultado directo de impedir el acceso al agua potable.
CUANDO LLEVAR AGUA TE CONVIERTE EN OBJETIVO
Mahmoud Abu Rayan tiene 42 años y conduce un camión cisterna. Antes de la guerra trabajaba en un taller mecánico. Hoy recorre campamentos bajo el zumbido constante de drones. Lleva agua sabiendo que puede no volver. “Si no llevo el agua, ¿qué van a beber las niñas y los niños?”, pregunta. La respuesta es obvia y brutal.
Antes del alto el fuego, los conductores de camiones de agua eran objetivo habitual. Transportar agua se convirtió en una actividad de riesgo extremo. Abu Rayan ha visto morir a personas mayores y menores mientras esperaban con garrafas vacías. Ha tenido que abandonar rutas por falta de combustible. A veces vuelve caminando. A veces no duerme.
La combinación de escasez de agua y escasez de combustible hace casi imposible garantizar un suministro mínimamente seguro. El bombeo aleatorio y el transporte en cisternas sin esterilizar aumentan el riesgo de contaminación. Pero la sed no espera protocolos sanitarios.
Desde el Ministerio de Salud y municipios como Al-Zahra, trabajadoras y trabajadores sanitarios intentan contener lo incontenible. Sajid Ashraf lo explica con claridad: aumentan los casos de diarrea y envenenamiento, el sistema está colapsado y los recursos son mínimos. Aun así, limpian espacios públicos, reparten lo que pueden y sostienen una red comunitaria que resiste al derrumbe.
El problema no es técnico. No es logístico. Es político y militar. Destruir plantas desalinizadoras, impedir el combustible y atacar a quienes llevan agua no es un fallo del sistema. Es el sistema funcionando como castigo colectivo.
La crisis del agua en Gaza no es una nota al pie del genocidio. Es uno de sus ejes centrales. Convertir el agua en un lujo, en un riesgo o en una sentencia es una forma de guerra que viola cualquier marco de derecho internacional. Privar de agua potable a una población civil es un crimen, aunque se ejecute gota a gota.
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