Francia señala la salida: el boicot digital a Trump empieza en la administración pública 

La ruptura con Zoom, Teams y Microsoft no es una cuestión técnica, es un aviso político: Europa empieza a desconectar del chantaje tecnológico de Estados Unidos.

Durante años, Europa habló de soberanía digital como quien cita un principio abstracto en un documento oficial. En 2026, ese concepto empieza a traducirse en decisiones concretas. Francia ha marcado un punto de inflexión al anunciar que 2,5 millones de funcionarias y funcionarios dejarán de usar Zoom, Microsoft Teams, Webex y GoTo Meeting antes de 2027. No es un ajuste administrativo. Es un gesto político con destinatario claro: la administración de Donald Trump y el poder estructural de las grandes tecnológicas estadounidenses.

El Gobierno francés sustituirá esas plataformas por Visio, un sistema de videoconferencia de desarrollo propio. El mensaje es explícito. No se puede construir un Estado dependiente de infraestructuras privadas extranjeras capaces de apagar el interruptor cuando Washington lo ordene. La decisión llega en un contexto de creciente hostilidad diplomática, con tensiones abiertas entre Estados Unidos y Europa y un precedente que lo cambió todo: las sanciones impuestas en 2025 por la Casa Blanca contra el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional tras la orden de arresto contra Benjamin Netanyahu.

Aquel episodio demostró algo que hasta entonces se consideraba una hipótesis teórica. Microsoft canceló el correo institucional del fiscal sancionado. El gesto fue legal, pero el mensaje político fue devastador. Si una empresa privada puede cortar servicios esenciales a una institución internacional por orden de un gobierno extranjero, la soberanía digital europea es una ficción.

SOBERANÍA DIGITAL O DEPENDENCIA POLÍTICA

La decisión francesa no surge de la nada. Emmanuel Macron lleva años insistiendo en la necesidad de reducir la dependencia tecnológica de Estados Unidos y China. Pero ahora el clima ha cambiado. Ya no se trata solo de competitividad o privacidad. Se trata de seguridad, autonomía política y capacidad de decisión.

El propio Ejecutivo francés fue claro al anunciar la medida. El objetivo es “poner fin al uso de soluciones no europeas y garantizar la seguridad y confidencialidad de las comunicaciones públicas”. David Amiel, ministro de Función Pública, advirtió de que los intercambios científicos, los datos sensibles y las innovaciones estratégicas no pueden quedar expuestos a actores no europeos.

El problema no es nuevo. Desde las revelaciones de Edward Snowden en 2013, Europa sabe que sus datos circulan por infraestructuras sujetas a leyes estadounidenses. El Cloud Act permite a Washington exigir información a empresas norteamericanas aunque los servidores estén en territorio europeo. Las llamadas “nubes soberanas” prometidas por las Big Tech no han disipado ese riesgo. El control último sigue estando fuera de Europa.

A este escenario se suma el giro agresivo de la administración Trump, que ha normalizado el uso de sanciones económicas y tecnológicas como arma política. La Comisión Europea ya no oculta su preocupación. En el Foro de Davos de enero de 2026, la comisaria Henna Virkkunen lo dijo sin rodeos: la dependencia tecnológica puede ser utilizada como arma contra Europa.

EL EFECTO DOMINÓ EN EUROPA

Francia no está sola. La ruptura con las plataformas estadounidenses forma parte de un movimiento más amplio. En Alemania, el estado de Schleswig-Holstein migró en 2025 44.000 cuentas de correo desde Microsoft a software libre y sustituyó SharePoint por Nextcloud. El siguiente paso podría ser abandonar Windows y apostar por Linux en toda la administración regional.

En Austria, el ejército ya redacta informes con LibreOffice, una suite de código abierto desarrollada en Europa. La razón no es solo económica. Microsoft está empujando a las administraciones hacia el almacenamiento obligatorio en la nube, lo que implica perder control sobre documentos sensibles. LibreOffice, al no depender de servicios cloud, devuelve ese control a las instituciones.

También Dinamarca ha iniciado pruebas de software libre en su administración central y en ciudades como Copenhague y Aarhus. En Lyon, el Ayuntamiento reemplaza progresivamente las licencias de Microsoft por alternativas abiertas. Italia lleva años con experiencias similares en municipios y regiones, aunque ahora el motivo ya no es ahorrar licencias, sino evitar el encierro tecnológico.

El patrón es claro. Europa empieza a entender que la neutralidad tecnológica no existe. Cada contrato con una Big Tech estadounidense implica aceptar un marco legal, político y geoestratégico ajeno. Y ese marco se ha vuelto abiertamente hostil.

Las propias empresas lo saben. Microsoft insiste en su compromiso con Europa y en su interés por mantener la “confianza transatlántica”. Pero la confianza no se construye con comunicados. Se construye con garantías estructurales, y esas garantías hoy no existen.

Lo que Francia ha hecho no es un gesto simbólico. Es una advertencia. Si la tecnología se usa como arma, Europa tiene derecho a desarmarse del todo y construir sus propias herramientas. Porque cuando la soberanía se delega en servidores extranjeros, la democracia se convierte en un servicio bajo licencia revocable.