Fiscalía abre diligencias a Vox por presunto delito de odio por el cartel contra los «MENA» 

También el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica dependiente del Ministerio de Igualdad prepara una demanda

La Fiscalía Provincial de Madrid ha incoado diligencias de investigación por un presunto delito de odio contra Vox por un cartel electoral instalado en la puerta del Sol en el que se compara el dinero dedicado a una pensión de jubilación con el de mantener a los menores extranjeros no acompañados (MENA). La Fiscalía ha abierto la investigación de oficio. 

El cartel, que se ha hecho viral durante todo el día de hoy, ha sido colocado en la estación de Renfe de Sol. En él comparan el coste mensual de los menores extranjeros no acompañados, ( «Un MENA 4.700 euros al mes»), con la pensión que reciben los mayores, («Tu abuela 426 euros de pensión/mes»). 

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También el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica dependiente del Ministerio de Igualdad prepara una demanda contra la formación de Santiago Abascal por incitar al odio con una «propaganda electoral racista contra la infancia migrante».»Atacar a colectivos vulnerables además de ser deleznable está penado en nuestra legislación», ha denunciado a través de Twitter Antumi Toasijé, presidenta de esta entidad.

Propaganda nazi

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha denunciado en las redes sociales que la campaña de Vox «solo tiene un nombre», que es el «fascismo», y ha anunciado que denunciará esta «propaganda nazi» ante la Junta Electoral.

«No podemos permitir que estos criminales gobiernen en Madrid», asegura Iglesias, que resalta que el «4 de mayo nos lo jugamos todo».

Delitos de odio

Son delitos de odio aquellos que inciten infracciones contra personas por su conexión, simpatía, filiación, apoyo o pertenencia «a un grupo» por su origen nacional o étnico, el lenguaje, el color, la religión, el sexo, la edad, la discapacidad intelectual o física, la orientación sexual u otro factor similar.

Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra estos colectivos considerados vulnerables, se enfrentan según establece el Código Penal a penas de prisión de uno a cuatro años y además con la pena de multa de seis a doce meses.