No todo vale | El costo oculto de las energías verdes: explotación infantil en minas 

En 82 países, incluyendo muchos de América Latina, los minerales esenciales para las energías verdes están contaminados por prácticas de explotación infantil

La transición hacia energías limpias, impulsada por la urgencia de combatir el cambio climático, oculta una cara oscura y preocupante. Mientras el mundo celebra la innovación tecnológica y la expansión de los vehículos eléctricos, las baterías recargables y los paneles solares, la explotación infantil y el trabajo forzoso continúan alimentando esa maquinaria global.

Un reciente informe titulado “Sudor y esfuerzo: trabajo infantil, trabajo forzado y trata de seres humanos en el mundo“, revela una realidad incómoda. En 82 países, incluyendo muchos de América Latina, los minerales esenciales para las energías verdes están contaminados por prácticas laborales inhumanas. El mundo quiere ser verde, pero lo hace a costa de las manos de niños y niñas que trabajan en condiciones deplorables.

AUGE DEL TRABAJO INFANTIL EN LA EXTRACCIÓN MINERA

El informe del ILAB detalla el alarmante aumento de productos que se fabrican con trabajo infantil o forzado, pasando de 159 bienes en 78 países en 2022 a 204 productos en 82 países en 2024. Entre ellos, los minerales como el cobalto, el litio y el zinc, fundamentales para baterías y otros componentes tecnológicos de la revolución verde. Específicamente, niñas y niños en países como la República Democrática del Congo, Zambia, Zimbabue y Bolivia se ven forzados a trabajar en minas peligrosas, a menudo en condiciones de semiesclavitud, para extraer minerales clave para la producción de tecnologías limpias.

El cobalto y el litio son esenciales en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos, uno de los símbolos de la transición energética. Sin embargo, detrás de estas innovaciones hay menores que cargan rocas pesadas, excavan túneles y manejan sustancias tóxicas, en minas donde las regulaciones son escasas o inexistentes. La revolución verde está siendo alimentada por el sacrificio de los más vulnerables, aquellos cuyas voces rara vez llegan a ser escuchadas en los foros internacionales de sostenibilidad.

El informe no solo apunta a los abusos en África, sino también a la cadena de suministro global que perpetúa este ciclo de explotación. El aluminio de China, el polisilicio para paneles solares y el níquel de Indonesia son otros ejemplos de materiales contaminados por el trabajo forzado. Incluso en países como los Países Bajos y Corea del Sur, que importan materias primas de países con alto índice de explotación, la situación sigue siendo crítica.

A medida que la demanda de minerales crece para sostener la expansión de las energías limpias, aumenta la presión sobre las comunidades empobrecidas para proporcionar estos recursos. Las consecuencias son devastadoras: cuanto más se retrase la transición responsable, más niños y niñas quedarán atrapados en este ciclo de pobreza y explotación.

CHINA Y EL DOMINIO DEL TRABAJO FORZOSO

La situación es particularmente grave en China, donde el informe del ILAB revela que la explotación laboral está integrada en el tejido mismo de la producción industrial. Desde 2016, el gobierno chino ha sometido a los uigures y otras minorías étnicas a trabajos forzados en la región de Xinjiang. Según el informe, China es uno de los principales exportadores de bienes producidos con trabajo forzado, incluidos el aluminio, el silicio y el cloruro de polivinilo. El dominio económico de China se basa en un sistema de abuso laboral que trasciende las fronteras y llega a todos los rincones del planeta.

Productos como la sosa cáustica y el silicio de grado metalúrgico, esenciales para diversas industrias, están contaminados por el trabajo forzoso impuesto a las minorías uigures. Desde 2020, el número de productos en esta categoría ha aumentado, una señal preocupante de la creciente dependencia global de bienes contaminados por la explotación laboral. El costo de la energía limpia no puede ser la esclavitud de comunidades enteras.

Las empresas que dependen de estos minerales enfrentan un dilema moral. Muchas ocultan detrás de procesos corporativos complejos su incapacidad o falta de voluntad para abordar los abusos laborales en sus cadenas de suministro. Aunque algunas compañías promueven iniciativas de responsabilidad social y sostenibilidad, la realidad es que estas medidas rara vez llegan a las minas y fábricas donde ocurre la mayor parte de la explotación.

Las demandas del mercado global, que presiona por productos más baratos y de rápida fabricación, exacerban el problema. El consumidor promedio, en su búsqueda por energías verdes y productos tecnológicos más accesibles, es parte involuntaria de este ciclo de explotación.

UN FUTURO LIMPIO NO PUEDE CONSTRUIRSE SOBRE LA EXPLOTACIÓN

El informe también revela una lista de países latinoamericanos involucrados en estas prácticas, donde la explotación infantil en la agricultura y la minería sigue siendo un problema grave. Argentina, Bolivia, Colombia y México son algunos de los países señalados por el uso de trabajo infantil forzado. Aunque algunos avances se han logrado, como la eliminación del trabajo infantil en la producción de arándanos en Argentina y gambas en Tailandia, la situación general sigue siendo inaceptable en una región que busca desarrollo sostenible.

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos llama a una acción coordinada entre países para establecer mecanismos de control más estrictos en las cadenas de suministro de minerales. Esto incluye, entre otras medidas, imponer restricciones comerciales a los países que no respeten los derechos laborales. No podemos hablar de un futuro sostenible si los pilares sobre los que se construye están manchados de sangre y sudor infantil.

El camino hacia un mundo con energías limpias está plagado de contradicciones. Mientras nos enorgullecemos de las innovaciones que prometen reducir las emisiones de carbono y detener el calentamiento global, millones de niñas, niños, mujeres y hombres siguen siendo explotados en las sombras. La sostenibilidad no es solo una cuestión ambiental; también es, y debe ser, una cuestión de derechos humanos.