Este medio se sostiene gracias a su comunidad. APOYA EL PERIODISMO INDEPENDIENTE .
El escándalo estalló en el Parlamento de Holanda gracias a la perseverancia de esta letrada nacida en Cáceres
La abogada cacereña Eva González Pérez no podía ni imaginar que su trabajo fuera a terminar con la dimisión en bloque del Gobierno de Holanda, donde ejerce desde hace dos décadas.
En 2014, la abogada denunció la situación que afectaba a más de 26.000 familias de Holanda: la retirada de ayudas para financiar el cuidado de sus hijos a familias que resultaban ser en su mayoría turcas o marroquíes.
Decenas de miles de familias fueron obligadas a devolver grandes cantidades de dinero, en el plazo de semanas, llevando a muchos a perder su casa y su trabajo. Estas deudas rompieron familias e hicieron a otras trabajar día y noche para reunir el dinero recibido durante años.
Tras años sin tirar la toalla, la letrada consiguió demostrar que sus clientes fueron víctimas de acusaciones infundadas de fraude y necesitaban las ayudas del gobierno de Holanda. Eva se empezó a hacer eco de lo que pasaba cuando la empresa de su marido, que dirigía una empresa de niñeras, se vio afectada por el recorte de las ayudas a sus clientes, que sucedía sin ninguna justificación.
Eva les pidió que enviaran la documentación que les reclamaba la agencia tributaria para demostrar que no hubo fraude, pero Hacienda se mantuvo firme y no desbloqueó las ayudas y después de varios meses les comunicaban que no tenían derecho a recibir nada.
La magistrada tildó el método de trabajo de Hacienda como «ilegal y discriminatorio» porque, junto a cada caso, los funcionarios apuntaron la nacionalidad de origen de las víctimas. Además, después de que se haya destapado la documentación se pudieron ver anotaciones como: «No informar al demandante», «si pregunta no se le dice nada» y más.
Hace un mes, un comité parlamentario formado para investigar lo ocurrido concluyó en un informe que se había cometido una «injusticia sin precedentes» contra los padres, que recibieron un «trato institucionalmente sesgado», lo que «viola los principios del Estado de derecho», y acusó a ministros, funcionarios, diputados y jueces de haber «cometido errores».
Eva González derribó al Gobierno holandés
Muchas familias siguen sufriendo problemas personales y psicológicos a raíz de lo sucedido, algo que el gobierno de Holanda quiere compensar ahora con una indemnización de 30.000 euros que evite la dimisión del Ejecutivo en bloque.
González ha obtenido respuestas y disculpas de algunas autoridades neerlandesas que han cometido errores, ocultado datos, tratado de frustrar investigaciones y han elaborado un perfil étnico de sus víctimas.Tal y como relata Eva, tenían su nombre escrito en sus documentos alertando a sus compañeros de que tuvieran cuidado con lo que le contaban.
Como consecuencia del escándalo este jueves dimitió Lodewijk Asscher, líder socialdemócrata y ministro de Asuntos Sociales de Holandaentre 2012 y 2017. Este viernes, Mark Rutte reunió a su equipo para hablar de la posible dimisión, a tan solo dos meses de las elecciones legislativas, poniendo patas arriba el escenario político neerlandés.
La diputada neerlandesa Renske Leijten clamó que «esta mujer merece una estatua, nombres de calles y de plazas» porque, según señaló, «nunca debe olvidarse lo valiente que ha sido, modesta hasta el último suspiro» por haber arrojado luz sobre la discriminación administrativa de la agencia tributaria de Países Bajos.
Ahora Eva se ha marcado como objetivo que estas familias recuperen la fe en el sistema y ella se encargará de ello.
Este periodismo no lo financian bancos ni partidos
Lo sostienen personas como tú. En un contexto de ruido, propaganda y desinformación, hacer periodismo crítico, independiente y sin miedo tiene un coste.
Si este artículo te ha servido, te ha informado o te ha hecho pensar, puedes ayudarnos a seguir publicando.
Cada aportación cuenta. Sin intermediarios. Sin líneas rojas impuestas. Solo periodismo sostenido por su comunidad.
Seguir
Seguir
Seguir
Seguir
Subscribe
Seguir
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
15.000 personas ya han visto cómo la fe se convierte en poder
El último ReportajeSR analiza cómo determinados sectores del evangelismo conservador dejaron de limitarse a los templos para convertirse en una maquinaria política al servicio de la extrema derecha. De Trump a Bolsonaro, de Milei a Vox: redes comunitarias, guerras culturales, dinero, medios y religión convertidos en infraestructura electoral.
Presentado por Léa Gugelmann, el reportaje ya ha superado las 15.000 visualizaciones desde su estreno. Porque para entender el auge de la extrema derecha no basta con mirar a sus candidatos: también hay que observar quién construye sus discursos, moviliza sus bases y presenta el autoritarismo como una misión divina.
Vídeo | Sadismo en primera persona
Un turista graba el encierro de San Fermín como si estuviera en una atracción. Adrenalina, golpes, risas y animales convertidos en decorado para conseguir un vídeo viral. No está viviendo una tradición: está consumiendo sufrimiento como entretenimiento.
Además, corre con una cámara cuando está prohibido hacerlo, poniendo en peligro a quienes tiene alrededor. La turistificación añade otra capa de irresponsabilidad a una barbaridad ya normalizada: venir, beber, molestar, jugar con la vida ajena y marcharse con unos cuantos clics. El sadismo también se graba en primera persona.