El autoritarismo no siempre llega con tanques: a veces avanza a tiros, con uniforme federal y silencio cómplice
Estados Unidos no está al borde de una guerra civil. Está dentro de ella. No con frentes definidos ni declaraciones solemnes, sino con una violencia fragmentada, cotidiana y selectiva, ejercida desde el propio Estado federal contra parte de su población. Mientras buena parte de la prensa y la clase política siguen hablando de “polarización” o “tensión institucional”, en las calles se despliega otra realidad: tropas federales actuando sin control, personas asesinadas por observar o protestar y un poder ejecutivo que gobierna por hechos consumados.
Donald Trump no espera permisos. Rompe primero y normaliza después. Desmanteló las políticas de diversidad e inclusión sin debate ni respaldo legal suficiente y cientos de miles de trabajadoras y trabajadores públicos quedaron fuera. El impacto fue especialmente brutal entre las mujeres negras: unas 300.000 perdieron empleos estables en la administración. No fue un error administrativo, fue una purga política. También ordenó borrar lenguaje histórico sobre justicia racial en museos y edificios públicos, reescribiendo el pasado por decreto. Y mientras tanto, bombardeó embarcaciones en el Caribe causando alrededor de 100 muertes, sin pruebas ni autorización clara, y secuestró buques con petróleo venezolano como si el derecho internacional fuera una molestia opcional.
A esto se suma el despliegue de fuerzas federales en ciudades estadounidenses sin respeto a las autoridades locales, usando el peso del Estado central para imponer una lógica de ocupación. No es desorden, es método.
LA VIOLENCIA FEDERAL COMO POLÍTICA DE GOBIERNO
El trumpismo no solo gobierna desde arriba. Ha liberado una violencia específica, ejecutada por agentes federales que actúan como tropas de choque. No es retórica. Es sangre. El enero de 2026, en Minneapolis, Renee Good fue asesinada por agentes federales mientras ejercía como observadora civil. No era migrante. Era ciudadana estadounidense, madre y esposa. Fue tiroteada tres veces cuando intentaba marcharse tras apelar, inútilmente, a la humanidad de quienes la rodeaban.
Dos semanas después, Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos del sistema de veteranos, fue derribado, golpeado y ejecutado con nueve disparos en cinco segundos. Murió en el acto. También era ciudadano estadounidense. También estaba protestando de forma pacífica. El Gobierno reaccionó como ya es costumbre: criminalizando a la víctima. El Departamento de Seguridad Nacional y figuras como Kristi Noem recurrieron al término “terrorista” para justificar lo injustificable.
Los datos confirman que no se trata de casos aislados. En enero de 2026, The Wall Street Journal documentó al menos 13 episodios en los que agentes migratorios dispararon contra vehículos civiles. A finales de mes, la cifra ya estaba desfasada. En total, ICE y otras agencias federales han disparado armas de fuego contra población civil al menos 16 veces en este periodo. No hay investigación proporcional, no hay rendición de cuentas, no hay freno.
Esta violencia no distingue entre migrantes y ciudadanos. Distinge entre quienes obedecen y quienes estorban.
RESISTENCIA LOCAL Y EL MIEDO A ROMPER LAS FORMAS
Ante este escenario, algunos gobiernos locales han intentado reaccionar. En el condado de Montgomery, Maryland, se ha propuesto la County Values Act, que exige orden judicial para que ICE acceda a zonas no públicas y prohíbe el uso de instalaciones municipales para redadas. También se impulsa la Unmask ICE Act, que impediría a agentes federales operar con el rostro cubierto. No es una excentricidad: en muchos estados, la ciudadanía tiene prohibido ir encapuchada, mientras quienes disparan sí pueden ocultar su identidad.
Hasta 15 estados han promovido iniciativas similares. Alaska, Illinois, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón, Pensilvania, Vermont, Washington, Florida, Georgia y Tennessee han debatido o presentado proyectos para limitar esta práctica. Además, 21 fiscales generales estatales enviaron una carta al Congreso alertando de que los agentes enmascarados “terrorizar comunidades en lugar de protegerlas” y debilitan el sistema de justicia.
El problema es más profundo que las máscaras. La respuesta sigue atrapada en la liturgia institucional, confiando en que cartas, proyectos de ley y declaraciones basten frente a un poder federal que ya ha decidido saltarse las reglas. Se sigue apelando a la cortesía democrática mientras el otro lado actúa desde la impunidad.
La historia estadounidense ofrece un espejo incómodo. El equilibrio entre poder federal y estatal, consagrado en la Décima Enmienda de 1791, sirvió durante décadas para proteger la esclavitud. Solo una guerra civil permitió abolirla. Durante la Reconstrucción, el Gobierno federal impuso derechos. Cuando retiró las tropas, llegaron los códigos raciales y un siglo de segregación. Más tarde, el movimiento por los derechos civiles volvió a necesitar al Estado federal para frenar a los estados racistas.
Hoy, la paradoja es brutal. Ahora es el poder federal el que actúa como fuerza de opresión, y son los gobiernos locales los que deberían proteger a sus comunidades. Eso implica algo que la política estadounidense teme pronunciar: provocar una crisis constitucional real. No simbólica. No retórica.
Significa exigir que las policías locales respondan a su comunidad y no colaboren con agentes federales que secuestran, agreden o matan. Significa condicionar carreras y mandos a esa lealtad. Detener y arrestar a agentes federales cuando violen leyes locales, como se haría con cualquier otra persona armada.
Estados Unidos ya está en una guerra civil de baja intensidad. No declarada, pero perfectamente reconocible. Y mientras se siga fingiendo que es solo ruido político, los disparos seguirán marcando el ritmo.
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