Pide, eso sí, que solo se rescate a cristianos, que los musulmanes se los queden los países vecinos de Afganistán.
El caos y la urgencia reina en el aeropuerto de Kabul. A toda prisa se está intentando sacar a todos los ciudadanos afganos posibles que huyen del extremismo islámico y que se enfrentan a limitadísimas plazas e incluso a mercenarios que solo buscan beneficio económico.
En medio de las noticias que nos llegan sobre Afganistán nos encontramos las declaraciones del diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, pidiendo al Gobierno que se encargue de traer a España a una «pequeña comunidad» que profesa el cristianismo en Afganistán y así salvarlas de los talibanes.
Eso sí, el diputado ultra remarca que este colectivo debe ser una caso «excepcional» porque su partido sigue pensando que los demás civiles afganos han de ser acogidos por países musulmanes cercanos a Afganistán.
Ha defendido que una vez que estas personas sean acogidas en los países vecinos de Afganistán, España colabore con estos países «en la forma en que se estime más conveniente» pero, apostilla, «sin que se vuelva a producir en Europa lo que pasó con la crisis de Siria» ya que, a su parecer, es «indigno tratar a esas personas como pura mercancía política y propagandística de los intereses del Gobierno». Eso es un filtro para Vox.
Clandestinos en Afganistán
Lázaro ha explicado que existe un grupo de «alrededor de 200 personas» afganas cristianas que viven en el país asiático de manera «puramente clandestina» y que no tienen otro punto de acogida que no sea la «Europa occidental».
«Hay que hacer una excepción y sacarlas del infierno que se les avecina», ha alertado el diputado en declaraciones en una rueda de prensa. El resto de la población parece no importarles demasiado a la formación de extrema derecha.
No fue lo único. El también diputado de Vox, Víctor González Coello, se ha referido a este asunto diciendo que los afganos amenazados por los talibán solo tienen dos alternativas: «O conversión o muerte».
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
¿Qué ocurre cuando las personas dejan de ser tratadas como seres humanos y pasan a utilizarse como herramientas políticas? En este nuevo #ReportajeSR de Spanish Revolution, Léa Gugelmann analiza a fondo la…
THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
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