La denuncia de Amama revela un posible borrado de pruebas médicas en el sistema sanitario andaluz.
LA SOSPECHA DE UN CRIMEN SANITARIO
La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Andalucía (Amama) ha hecho lo que debería haber hecho el propio Gobierno andaluz: acudir a la justicia. Su presidenta, Ángela Claverol, ha denunciado ante la Fiscalía Superior de Andalucía la posible “ocultación” o “destrucción” de mamografías por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS). No se trata de un error técnico ni de una confusión burocrática: si las pruebas han desaparecido, estamos ante un hecho gravísimo que impide a cientos de mujeres defender su vida y su derecho a la verdad médica.
Según ha explicado Claverol, varias usuarias detectaron que sus mamografías habían desaparecido de los sistemas ClicSalud o Diraya, las plataformas digitales donde se almacenan los historiales médicos en Andalucía. Algunas incluso aseguran que las anotaciones de “lesión sospechosa” fueron modificadas por “probablemente benigna”, y que los nombres de las y los radiólogos que interpretaron las pruebas fueron borrados. Si esto se confirma, no hablamos solo de negligencia, sino de manipulación de pruebas diagnósticas. Es decir, un delito.
La Fiscalía deberá determinar ahora si existe una ocultación deliberada de información médica que impide a las mujeres afectadas emprender acciones legales. Amama sostiene que no se trata de un caso aislado, sino de una práctica estructural que deja a muchas andaluzas “en situación de indefensión”.
“El cáncer no espera, y la burocracia del SAS tampoco debería hacerlo”, advirtió Claverol a las puertas de los juzgados.
SANIDAD PRIVATIZADA, MUJERES DESPROTEGIDAS
El Gobierno de Juanma Moreno Bonilla ha intentado calmar el escándalo asegurando que ya se ha contactado con 2.000 mujeres dentro de un supuesto “plan de choque”. Pero Amama desmiente esa cifra: “No son 2.000, no es cierto”, afirma su presidenta. Lo que sí es cierto es que Andalucía privatizó parte del sistema de mamografías bajo el mandato del PP, con Jesús Aguirre como consejero de Salud, vetando durante dos años un debate parlamentario sobre la situación de la sanidad pública. Desde entonces, los fallos en los cribados de detección precoz de cáncer de mama se han multiplicado.
La privatización no solo externaliza pruebas, externaliza también la responsabilidad política. Y cuando la salud se convierte en negocio, los errores se entierran como si fueran datos molestos.
El problema no es técnico: es estructural, y tiene responsables con nombres y apellidos.
En Andalucía, el deterioro sanitario es ya una evidencia estadística. Según el Centro de Estudios Andaluces (Centra), la preocupación de la ciudadanía por la sanidad se ha duplicado en tres meses, reflejando un malestar profundo.
La supuesta “modernización” de la sanidad que vende el Gobierno andaluz se traduce en colas, recortes, precarización del personal sanitario y pérdida de confianza ciudadana.
Amama denuncia que muchas mujeres no fueron llamadas al cribado, y que otras no pueden acceder a sus resultados.
En una enfermedad donde el tiempo salva vidas, cada archivo borrado es una condena.
Cada línea de código que elimina una prueba médica equivale a una mujer borrada del sistema sanitario.
Moreno Bonilla ha llamado a la asociación para ofrecer una reunión. Claverol ha respondido con la claridad que exige la desesperación:
“Cuando veamos hechos, a lo mejor sí nos juntamos. A día de hoy no hay nada hecho, y el cáncer no para”.
Porque mientras el Gobierno se justifica con planes y promesas, las mujeres siguen esperando frente a pantallas vacías, sin acceso a sus propias mamografías.
El silencio administrativo se convierte en silencio mortal.
Y la sanidad andaluza, en lugar de proteger, parece borrar.
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