Es importante que los responsables políticos que cometan delitos de corrupción rindan cuentas ante la justicia y asuman las consecuencias de sus acto
El diputado del Partido Popular por Cáceres, Alberto Casero, ha renunciado a su escaño en el Congreso de los Diputados «para evitar cualquier daño que su situación pueda producir al partido». La decisión se produce después de que el Tribunal Supremo haya acordado procesarle por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación a cinco contratos que firmó cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) en 2017 y 2018 sin sujetarse a los procedimientos administrativos legalmente establecidos.
La renuncia voluntaria de Casero antes de que se haya dictado auto de apertura de juicio oral supone la pérdida de su aforamiento ante el Tribunal Supremo, lo que significa que el procedimiento, que se dirige contra él por presuntos delitos de malversación y prevaricación, regresará a los juzgados de Trujillo donde se inició la investigación.
La prevaricación y la malversación son delitos muy graves que atentan contra el interés general y la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Es importante que los responsables políticos que cometan estos delitos rindan cuentas ante la justicia y asuman las consecuencias de sus actos. La renuncia de Casero a su escaño no implica que esté eximido de su responsabilidad penal, sino que deberá responder ante los tribunales como cualquier ciudadano.
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