Los “dinosaurios” piden (de nuevo) el cese de Pablo Iglesias 

Si consigues ser miembro del Gobierno de tu país, todas las deficiencias que señalaste en campaña electoral y cuya superación sería buena para tu país ya no pueden ser denunciadas, porque entonces poco menos que estás cometiendo un delito de alta traición.

En efecto, los “dinosaurios” vuelven al ataque. Parece ser que se han sentido de nuevo amenazados en sus privilegios, pues evidentemente, cualquier afirmación que cuestione las bases donde se asienta el Régimen del 78 atenta contra sus prebendas. Y el blanco de sus ataques, otra vez, vuelve a ser el actual Vicepresidente Segundo del Gobierno de coalición, Pablo Iglesias, precisamente por cuestionar públicamente la normalidad democrática que vivimos en nuestro país. En esta ocasión, una plataforma titulada “La España que reúne” (no sabemos exactamente lo que reúne, a no ser personajes de lo más casposo y reaccionario de nuestro pasado y presente político, económico, social y mediático) es la que aglutina en esta ocasión a casi 200 personalidades de nuestro mundo intelectual, político, académico, diplomático y económico, que han firmado un Manifiesto bajo el enigmático título “César la infamia”, en el que se acusa a Pablo Iglesias de “socavar la imagen de nuestro país”. No nos debe extrañar tanto acoso, pues desde que Podemos nació como formación política, tanto su ideario como sus propios líderes han estado en el blanco de todos los ataques de esa casta política que nos gobierna desde la Transición (lo cual ya, de por sí, constituye una falta de normalidad democrática, dicho sea de paso).

Entre los y las firmantes destacan antiguos dirigentes del PSOE como Joaquín Leguina o Nicolás Redondo Terreros (Presidente de la Asociación referida), otros del PP como Soledad Becerril, y otros de Ciudadanos como Francisco Igea (actual Vicepresidente de la Junta de Castilla y León), Félix de Azúa, la Catedrática de Ética Adela Cortina, o el escritor y ex Ministro de Cultura César Antonio Molina. También se encuentran entre los firmantes José Luis Corcuera, Antonio Miguel Carmona, Tomás Gómez, Fernando Savater, Arcadi Espada, Manuel Valls, Amando de Miguel, Cayetana Álvarez de Toledo, o José Manuel García Margallo. Como vemos, toda una muestra de la “flor y nata” de nuestros dirigentes y ex dirigentes políticos, mediáticos e intelectuales. La idea es básica y sencilla: según estas personalidades, todo gobernante ha de proclamar a los cuatro vientos la soflama de que “España es un gran país”, y sobre todo si es miembro del Gobierno. Ésta es una máxima que no se puede cuestionar. Si consigues ser miembro del Gobierno de tu país, todas las deficiencias que señalaste en campaña electoral y cuya superación sería buena para tu país ya no pueden ser denunciadas, porque entonces poco menos que estás cometiendo un delito de alta traición. A Pablo Iglesias se le ocurrió asegurar hace pocos días que “en España no existe normalidad democrática” (refiriéndose, entre otros asuntos, a la existencia de los presos políticos del Procés), y dicha afirmación ha levantado muchas ampollas, precisamente por ser total y absolutamente cierta.

Pero vayamos primero a destacar algunas perlas del citado Manifiesto, antes de discutir la certeza de dicha afirmación. De entrada, el primer párrafo ya es demoledor, pues reza así: “A lo largo de su historia, la democracia española ha tenido gobernantes buenos, malos y mediocres, idóneos y vulgares, ejemplares y corruptos. Gobernantes con sentido de estado y gobernantes que antepusieron sus intereses al bien común. Lo que no había tenido nunca hasta ahora es un gobernante que no creyera en la dignidad democrática de su país, y así lo aventara al mundo para afrenta de la ciudadanía y desprestigio del nombre de España. Un gobernante que se pusiera del lado del crimen”. O sea que para los/as firmantes, gobernantes malos, vulgares, corruptos, incluso los que antepongan sus intereses al bien común están todos disculpados, siempre que “crean en la dignidad democrática de su país”, lo que es un claro contrasentido, pues difícilmente podrá un gobernante corrupto contribuir a la dignidad democrática de su país, sino más bien a su perversión o involución democrática. Pero la frase final es la apoteósica, pues equipara criticar la normalidad democrática de tu país con “ponerte del lado del crimen”. Absolutamente demencial.

Un poco más tarde afirman: “…A la injuria se suma así la deslealtad, con sus propios compañeros de gobierno, con todas las instituciones del Estado y con una inmensa mayoría de españoles, que seguimos apostando por la democracia nacida en 1978…”. Parece que se les olvida a los firmantes del documento un pequeño detalle: existe una (aún) minoría de españoles que no apostamos por la democracia nacida en 1978, a los que precisamente nos representa en el Gobierno de coalición la facción representada por Unidas Podemos, y tenemos todo el derecho, a través de nuestros representantes (entre ellos el Vicepresidente del Gobierno y el resto de Ministros de dicha formación), a expresarnos en relación a lo que pensamos sobre dicha “democracia nacida en 1978”. Entonces, la pregunta sería: ¿todos los que pensamos así estamos injuriando a nuestro país? El planteamiento, por tanto, no se sostiene, porque en el fondo, obedece a una visión sesgada, excluyente, recortada y parcial de la democracia, en la que estos personajes creen. Y para ellos, todo el que no piense así (en este caso, los que no tenemos su visión de la democracia) estamos “injuriando” a nuestro país. Acusan a renglón seguido a Pablo Iglesias de poseer una “torrencial chabacanería intelectual y moral” y de ser “una persona socializada en el rencor e incapaz de comprender la importancia histórica y la altura moral del gesto de reconciliación entre españoles que, en una Transición que desprecia, fundó nuestro régimen de convivencia democrático”. De nuevo, la visión excluyente: todos los que no asuman su relato sobre la Transición son poco menos que unos indeseables, y punto.

Añaden posteriormente que “…cabe preguntarse por qué forma parte del gobierno de un Estado que él mismo no considera plenamente democrático…”, y se les olvida de nuevo un pequeño matiz fundamental: ¿No será porque le han votado unos cuantos millones de personas? A ver si respetamos la democracia, por favor…¿O no son ellos/as los que afirman que España sí es una democracia plena? Y añaden: “Si realmente cree que España no es una democracia su deber es combatir a su gobierno gallardamente desde la oposición…”. Y nosotros nos preguntamos: ¿Y eso por qué? ¿Dónde está escrito que eso tenga que ser así? ¿No se puede combatir la insuficiencia democrática de un país desde dentro de su gobierno? De hecho, estoy seguro de que muchas de las personas que lo hemos votado lo hemos hecho precisamente para que lo haga. Evidentemente, el planteamiento que los/as firmantes del Manifiesto hacen es legítimo, pero no es obligatorio: Unidas Podemos podría haber optado por quedarse en la oposición, pero sus dirigentes entendieron (y además fue ratificado en referéndum interno) que su labor desde dentro del Gobierno sería más útil…¿Y es que entonces, si pasan a formar parte del Gobierno, deben dejar de pensar como piensan y expresarlo en público? De nuevo, una visión muy estrecha y particular de la democracia y del “patriotismo” de banderita y pandereta.

Bien, una vez rescatados los párrafos más sustanciosos del citado Manifiesto, no sería lógico finalizar este artículo sin irnos a la raíz del asunto, es decir, sin argumentar por qué creemos (junto con Pablo Iglesias) que en nuestro país no existe una plena normalidad democrática. De entrada, como decimos, nuestro concepto sobre la democracia está a años luz de la idea que poseen los/as firmantes del Manifiesto (para los cuales tenemos democracia porque votamos cada cuatro años), pero no vamos a perdernos en disquisiciones profundas, que ya hemos explicado a fondo en otras series de artículos. Aquí lo que se requiere son argumentos concretos y hechos fehacientes y demostrables que desmonten su tesis de que “España es una democracia plena”, porque la verdad es que no lo es. Y se nos ocurren muchísimos. Quizá a los autores/as del Manifiesto se les haya olvidado que la formación política morada se gesta desde las semillas de un movimiento social que se denominó del 15-M (2011), y cuya reivindicación principal era, precisamente, la denuncia de una democracia en nuestro país de carácter tibio, incompleto, de baja intensidad, pobre y recortada. Lo que viene a continuación no es una lista exhaustiva, pero sí un pequeño resumen de nuestro enfoque, que plasmamos en el siguiente decálogo:

1.- No nos parece que se pueda hablar de plena normalidad democrática cuando aún existen cientos de miles de cuerpos de fusilados y represaliados por el franquismo que se encuentran en cunetas y fosas comunes, y cuyas familias llevan décadas esperando que el Estado se arrogue la responsabilidad de rescatar dichos cuerpos, así como de poner en marcha todos los mecanismos para que la Memoria Democrática (de la Segunda República), la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición sean por fin un hecho en este país. No existirá plena normalidad democrática hasta que la asignatura pendiente del franquismo sea por fin superada.

2.- No nos parece que se pueda hablar de plena normalidad democrática cuando, abundando en el punto anterior, poseemos un estamento militar profundamente antidemocrático y anclado a épocas anteriores y negras de nuestro pasado, un estamento militar donde la formación de ultraderecha de nuestro país posee una amplia aceptación, y donde algunos militares retirados se permiten comentarios execrables en un chat, como que “habría que fusilar a 26 millones de españoles”, y nada les ocurre.

3.- No nos parece que se pueda hablar de plena normalidad democrática cuando en nuestro país continúan reflejándose en el Código Penal cierto tipo de delitos absolutamente anacrónicos, tales como el delito de “ofensa a los sentimientos religiosos”, o el de “injurias a la Corona”, que deberían haber sido erradicados hace ya mucho tiempo, pues se encuentran encuadrados dentro de los límites del derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, aún continúan entrando en prisión determinadas personas en nuestro país por hacer uso de este derecho (el último ha sido el joven rapero Pablo Hasel, justamente en estos días).

4.- No nos parece que se pueda hablar de plena normalidad democrática cuando en nuestro país no se acaban de respetar los Derechos Humanos (así, en mayúscula), y esto es especialmente palpable en el trato que se le concede a los migrantes, más concretamente en la existencia de los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros, centros de reclusión donde pueden ir aunque no hayan cometido delito alguno), en la existencia de procesos de “devolución en caliente” a sus países de origen, o en los múltiples impedimentos a la hora de conceder los derechos de asilo o refugio, o de velar por la integración de los migrantes, los MENAS y los jóvenes que finalizan su período de acogida en residencias cuando cumplen la mayoría de edad.

5.- No nos parece que se pueda hablar de plena normalidad democrática cuando la pobreza, la exclusión social y las desigualdades no solo campan a sus anchas, sino que cada día, cada semana, cada mes y cada año alcanzan cotas más sangrantes. Un “Estado Social y Democrático de Derecho” (como la Constitución de 1978 define a nuestro país) que de verdad se precie de serlo no puede consentir unos ratios de desigualdades sociales tan alarmantes, que ya han sido denunciados por los Relatores de la ONU y por infinidad de ONG’s y organizaciones sociales en varias ocasiones.

6.- No nos parece que se pueda hablar de plena normalidad democrática cuando en nuestra sociedad la fuerza y el poder de la Iglesia Católica continúan disfrutando de una influencia desorbitada, plasmada tanto en los privilegios concedidos por el Estado (infinidad de inmatriculaciones, exención de impuestos, concesión de dinero público, presencia de simbología religiosa en multitud de actos públicos…), como en el inmenso radio de acción de su órbita ideológica, plasmada no solo en el mundo de la enseñanza privada y concertada, sino también en su atribución para discutir y oponerse a determinados proyectos legislativos que nuestra sociedad reclama (matrimonio homosexual, leyes de apoyo al mundo LGTBI, avances del feminismo, eutanasia, extensión de la red de centros educativos públicos…). Desde este punto de vista, solo un Estado Laico (que separe completamente las esferas de las creencias en el ámbito privado de la neutralidad en el ámbito público) será plenamente democrático.

7.- No nos parece que se pueda hablar de plena normalidad democrática cuando aún tenemos que soportar una Jefatura del Estado (la Monarquía) no solo que no ha sido elegida por nadie, sino que además disfruta de privilegios absolutamente anacrónicos y aberrantes, tales como la inviolabilidad. Pero curiosamente, los autores/as del Manifiesto critican a Pablo Iglesias y lo quieren fuera del Gobierno por denunciar la ausencia de normalidad democrática, pero apoyan incondicionalmente y sin fisuras no solo al actual monarca Felipe VI, sino a su padre, el Rey Emérito Juan Carlos I, a pesar de haber huido del país por estar acorralado por múltiples investigaciones judiciales que, cuando menos, ponen en serias dudas su ejemplaridad como Jefe del Estado durante 39 años. Desde este punto de vista, solo un modelo republicano es plenamente democrático.

8.- No nos parece que se pueda hablar de plena normalidad democrática cuando asistimos perplejos y asqueados a terribles episodios de una corrupción nauseabunda y generalizada en el principal partido de la oposición, el Partido Popular, formación política que además ha sido condenada como tal por jueces y tribunales de nuestro país. ¿Es que acaso es normalidad democrática que tengamos de asistir diariamente al destape de las vergüenzas y procesos corruptos que adornaban la actividad diaria de una formación política que nos ha gobernado durante años, y que enriquecía sistemáticamente a gente ya de por sí poderosa, mientras recortaba en inversión pública, en ciencia, en investigación, en educación pública, en prestaciones y protección social, en vivienda, en sanidad, etc., aumentando la pobreza y la precariedad de la clase trabajadora?

9.- No nos parece que se pueda hablar de plena normalidad democrática cuando un determinado pueblo de los que conforman el Estado Español (más en concreto, Cataluña), a través de sus representantes políticos legítima y democráticamente elegidos, plantea un referéndum pactado con el resto del Estado para que su población elija si desea erigirse en un pueblo independiente o no, y en vez de crear, habilitar, diseñar o preparar los mecanismos constitucionales (que los hay) para permitir dicho referéndum, se criminaliza a la población catalana, se impide por la fuerza que tenga lugar una jornada de votación tranquila y pacífica, y se acusa, procesa, juzga, sentencia y condena a sus líderes políticos, que aún hoy día permanecen en prisión o en el exilio. La plena normalidad democrática no puede permitir la existencia de presos políticos, y en España existen.

10.- Por último, no nos parece que se pueda hablar de plena normalidad democrática cuando se viola la propia esencia de la democracia (el gobierno del pueblo), permitiendo que el poder económico se vaya convirtiendo cada vez más en un monstruo de incalculable poder (superando al del propio Estado), expresado (entre otras muchas manifestaciones) en el terrible e inmenso poder de la banca privada, de las grandes multinacionales, de los gigantes fondos de inversión, de los holdings y corporaciones transnacionales, de los grandes medios de comunicación, de las fusiones empresariales…y todo ello mientras se violan los derechos fundamentales de la ciudadanía a la vivienda, a la energía, a la educación, a la sanidad, al trabajo, etc. No puede existir jamás plena normalidad democrática (ni siquiera existe democracia a secas) cuando los grandes agentes del poder económico poseen tanto poder que someten diaria y descaradamente al poder político (entre otros medios mediante las llamadas “puertas giratorias”, tan pródigas en nuestro país).

En fin, pensamos haber justificado nuestra postura con creces, cosa que no hacen los/as firmantes del Manifiesto. En vez de tanta crítica torpe y malintencionada, podrían haber argumentado, como acabamos de hacer nosotros, cuáles son los motivos por los que piensan que nuestro país es plenamente democrático. Pero es más fácil limitarse a criticar…

Rafael Silva

(Blog “Actualidad Política y Cultural”, http://rafaelsilva.over-blog.es)