Dana en cifras oficiales: 89 personas desparecidas y 62 cuerpos sin identificar 

Mientras la cifra de desaparecidos asciende a 89 personas en la Comunitat Valenciana y 62 cuerpos permanecen sin identificar, la falta de información oportuna y transparente por parte de las autoridades ha sido terreno fértil para bulos y teorías de la conspiración. Hasta ahora, solo familiares y conocidos de las y los desaparecidos se han atrevido a cruzar el umbral de las comisarías para denunciar su ausencia y aportar datos biológicos, en medio de la desesperación y el dolor.

Es preocupante que las autoridades hayan tardado días en ofrecer información crucial, dejando espacio para que el vacío informativo se llene de especulaciones y mentiras. Esta carencia de comunicación pública en un contexto de tragedia revela, nuevamente, las grietas de un sistema que no prioriza a las víctimas ni a sus familiares. Se han difundido rumores que afirmaban que los cuerpos de las y los fallecidos superaban los cientos en un aparcamiento subterráneo del centro comercial Bonaire de Aldaia. Sin embargo, una exhaustiva inspección de las instalaciones no encontró ni una sola víctima allí.

INFORMACIÓN ESCASA Y BULOS AL SERVICIO DEL MIEDO

Los medios de comunicación y las redes sociales han amplificado el impacto de una tragedia que ha dejado a miles de personas en la incertidumbre. A falta de datos confiables y completos, los bulos se multiplican, abonados por quienes buscan sacar partido del miedo y del dolor ajeno. Es indignante que partidos como Vox contribuyan a la desinformación, insinuando sin pruebas que el Gobierno oculta cadáveres. Es el caso de su secretario general parlamentario, José María Figaredo, quien este martes ha acusado al Ejecutivo de ocultar cientos de víctimas, basándose en teorías infundadas y sin respaldo.

La gestión de la catástrofe deja mucho que desear, y el manejo de la información ha sido lamentable. La comunicación sobre los desaparecidos y las víctimas debería ser clara, sin ambigüedades, ni cifras maquilladas o genéricas. La ausencia de una cifra oficial desde el primer momento solo ha agravado la desesperanza y la ansiedad entre las familias afectadas. Según expertos en gestión de desastres, no hay nada más desolador para las comunidades afectadas que la incertidumbre, una incertidumbre que fácilmente podría haberse evitado con una política informativa honesta y completa.

Esta situación, como señalan algunas y algunos especialistas, plantea la necesidad de tener un plan de comunicación adecuado y coordinado ante catástrofes, donde la claridad y la transparencia sean las prioridades para evitar que el sufrimiento de la gente se vea multiplicado por bulos y manipulaciones.

LA CRISIS CLIMÁTICA, UNA RESPONSABILIDAD ESQUIVADA POR LAS AUTORIDADES

A medida que las lluvias torrenciales, como las causadas por esta dana, se vuelven más frecuentes y extremas, queda claro que la crisis climática es una de las causas de fondo. El cambio climático no solo está detrás de estos fenómenos, sino que, cada vez más, está dejando un rastro de muerte y destrucción. Sin embargo, poco se está haciendo a nivel estatal para responder a este desafío. No hay planes de prevención adecuados ni recursos para fortalecer la infraestructura, y mucho menos una política efectiva para proteger a las y los ciudadanos.

La catástrofe de Valencia es un testimonio vivo de la dejadez en la planificación urbana, en la inversión en infraestructuras resilientes y en la protección de los cauces naturales. La construcción en zonas inundables y la falta de medidas de contención adecuadas han hecho que muchas personas paguen con sus vidas el precio de la desidia. Las y los responsables de la gestión pública han ignorado las advertencias de la ciencia durante décadas, priorizando siempre el beneficio inmediato por encima de la vida y seguridad de la gente.

Es innegable que fenómenos como el de esta dana son cada vez más comunes, pero la falta de previsión no tiene justificación. Mientras se continúa priorizando el desarrollo económico por encima del bienestar colectivo, quienes sufren las consecuencias son siempre los mismos: las personas trabajadoras y las comunidades más vulnerables. Con cada nueva inundación o evento climático extremo, las autoridades anuncian medidas para que no vuelva a ocurrir, pero es evidente que esto solo se traduce en palabras vacías y promesas rotas.

En el caso de Valencia, la población afectada, que ha perdido a sus seres queridos y sus hogares, no solo sufre las consecuencias del desastre natural, sino también de la ineptitud y falta de empatía de un sistema que falla repetidamente en protegerlas y protegerlos. Mientras el ministro de Transportes, Óscar Puente, afirmaba que “no es previsible que la cifra de fallecidos definitiva vaya a incrementarse de manera sensible”, muchas familias se encuentran sumidas en el horror de la espera, sin respuestas claras sobre el paradero de sus seres queridos.

La tragedia de Valencia no es un episodio aislado, sino el resultado de un modelo de gestión basado en el olvido de la responsabilidad y en la ausencia de una verdadera política de protección ciudadana.