Todos los médicos del Hospital Clínico San Carlos de Madrid que pueden realizar un aborto son objetores de conciencia y derivan los casos a clínicas privadas, aunque peligre la salud de la madre.
El aborto, o mejor dicho el derecho de las mujeres a abortar en centros sanitarios públicos ha copado este jueves la sesión de control en la Asamblea de Madrid, donde la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que ella no obligará «a ningún médico de la Sanidad pública madrileña a practicar un aborto contra su conciencia».
La portavoz de Más Madrid y médico, Mónica García, ha recordado a Ayuso los casos en los que mujeres no han podido abortar en hospitales madrileños por la objeción de conciencia de sus médicos. Se refiere García a un caso que esta semana ha desvelado la cadena Ser en el hospital Clínico de San Carlos, un centro público que se negó a practicar un aborto pese a la inviabilidad del feto y el riesgo para la mujer.
«Desconozco el caso del que me habla, pero créame que yo no voy a obligar a ningún médico de la Sanidad Pública madrileña a practicar un aborto contra su conciencia, que es el motivo el cual fue compañero suyo de carrera, una persona que empezó a estudiar Medicina para salvar vidas y no para hacer lo contrario», ha manifestado Ayuso. «A lo mejor usted si, yo es que la tengo muy tranquila», ha zanjado.
La historia de Marta
Marta Vigara, médica de Hospital Clínico San Carlos de Madrid, decidió llevar su gestación en el mismo lugar donde trabaja ya que le aportaba más seguridad «estar en casa», pero a los cuatro meses de embarazo, una rotura de bolsa complicó la situación. Sin líquido amniótico las probabilidades de supervivencia del feto eran muy bajas, por lo que los médicos del hospital le recomendaron interrumpir la gestación, pero ninguno de los ginecólogos del centro le practicaría el aborto.
Resulta que todos los médicos del Hospital Clínico San Carlos que podrían realizar el aborto son objetores de conciencia y se negaron a realizarlo. Marta tuvo que acudir a una clínica de interrupción voluntaria del embarazo.
Marta Vigara denunció con su testimonio lo que asegura que va en contra del código deontológico de su profesión: que exista una objeción de conciencia colectiva. Según ha podido saber el mismo medio, todos los médicos del departamento de Ginecología se declararon en 2009 objetores de conciencia y, desde entonces, derivan a las mujeres a clínicas privadas.
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