Critican el “derroche” de los viajes internacionales… mientras los cobran puntualmente
El partido de Santiago Abascal vuelve a morder la mano que le da de comer. Según una investigación de elDiario.es, los diputados de Vox han participado en 15 viajes oficiales al extranjero en lo que va de legislatura y han cobrado al menos 5.850 euros en dietas internacionales. Es decir, exactamente lo mismo que denuncian como “gasto injustificado”.
DOBLE MORAL Y CAJA LLENA
El régimen económico del Congreso establece una compensación de 150 euros por persona y día para los diputados que viajan fuera de España en misión parlamentaria. Se trata de una dieta fija destinada a cubrir manutención y desplazamientos, aunque los viajes suelen incluir comidas oficiales y traslados ya cubiertos por la institución. En otras palabras, dinero público que muchos apenas necesitan gastar, pero que igualmente se embolsan sin tener que justificar ni devolver.
Aun así, la portavoz de Vox, Pepa Millán, acusó esta semana al Congreso de ser un pozo sin fondo: “Los diputados no tienen por qué gastar absolutamente nada, porque van en una comitiva en la que son atendidos. Y no tienen que devolver las dietas. Se las quedan”. Lo que omitió es que sus propios compañeros de bancada hacen exactamente eso.
Fuentes del Congreso confirman que no consta ni una sola devolución ni renuncia a las dietas por parte de ningún diputado ultra. Ni siquiera de aquellos que han viajado varias veces. La respuesta oficial de Vox, cuando se les preguntó por qué no rechazan lo que denuncian, fue tan genérica como cínica: “Se participa en los viajes según la coyuntura política y la utilidad del momento”.
EL QUE MÁS VIAJA, CONDENA INCLUIDA
El campeón de las dietas internacionales en la bancada ultra es Carlos Flores, diputado por Valencia condenado por violencia machista. Según los registros de la Cámara, Flores ha participado en cinco viajes internacionales, entre ellos un desplazamiento a Bruselas del 8 al 10 de abril de 2024.
Tres días de hotel, avión y comidas que costaron 1.319 euros por persona, más 450 euros de dietas para cada miembro de la delegación. Todo pagado.
En la mayoría de informes de viaje, se detalla que las comidas ya estaban incluidas. Pero eso no impide que los representantes de Vox cobren los 150 euros diarios adicionales, los mismos que critican cuando el viaje lo hacen otros.
En total, siete diputados y diputadas de Vox han representado al grupo en misiones internacionales desde el inicio de la legislatura. La última fue Carina Mejía, que acudió el pasado septiembre a Copenhague en una conferencia sobre innovación económica.
Pepa Millán, en cambio, centró su ataque mediático en un viaje a China —uno al que Vox ni siquiera asistió— para denunciar que “los diputados se embolsan 1.200 euros cada uno”. Lo cierto es que desde entonces el Congreso ha organizado 20 desplazamientos más, y Vox ha participado en seis de ellos. Pero de eso, ni una palabra.
COBRAR Y DENUNCIAR: LA ESTRATEGIA
El discurso de Vox es conocido: hay que “acabar con el despilfarro público”, “eliminar los privilegios de la casta” y “defender el dinero de los españoles”. Sin embargo, cuando ese “derroche” pasa por su cuenta bancaria, la austeridad se convierte en amnesia selectiva.
El grupo de Abascal justifica sus cobros asegurando que “cuando tengan suficiente representación”, cambiarán el sistema. Hasta entonces, prefieren aprovecharlo. Predican la pobreza ajena mientras disfrutan del confort institucional que critican.
En 2020, la Mesa del Congreso —bajo la presidencia de Meritxell Batet— recuperó el sistema de dietas fijas instaurado en 2006, con las mismas cantidades: 150 euros diarios en el extranjero y 120 en territorio nacional. Fue una reversión de la reforma de 2017 impulsada por el Partido Popular, que obligaba a justificar los gastos. Vox dice ahora querer volver a ese modelo, pero no ha renunciado ni a un solo euro del actual.
Y mientras sus portavoces se indignan con las “facturas sin justificar”, su partido sella pactos con el PP para tumbar leyes de memoria democrática, como la de Baleares.
La coherencia, al parecer, no cotiza en las dietas parlamentarias.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
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No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
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