El CGPJ abre expediente al juez Adolfo Carretero tras su esperpéntico interrogatorio a Elisa Mouliaá 

900 denuncias contra un juez que revictimiza a las mujeres y normaliza el acoso.

El expediente abierto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al juez Adolfo Carretero tras su cuestionable interrogatorio a Elisa Mouliaá pone de manifiesto un problema estructural en la justicia española: la revictimización de quienes denuncian violencia machista. Más de 900 quejas y denuncias han llegado al CGPJ después de que se hicieran públicas las grabaciones del interrogatorio, que incluyeron preguntas que han sido calificadas como humillantes y fuera de lugar.

El problema no es un juez aislado, sino un sistema judicial que perpetúa el machismo. La falta de formación especializada en perspectiva de género, aún opcional para muchos jueces, alimenta dinámicas donde las víctimas no solo deben revivir el trauma, sino que se enfrentan al escepticismo y a insinuaciones de culpabilidad. Este tipo de interrogatorios no busca esclarecer la verdad, sino cuestionar la legitimidad del dolor de las denunciantes, asumiendo implícitamente que deben justificar su sufrimiento ante un tribunal que las mira con desconfianza.

Preguntas como “¿Usted le dijo que parara?” o “¿Sabe usted para qué se sacó el miembro viril?” no solo son innecesarias, sino violentas. Estas palabras reflejan un intento de situar la responsabilidad sobre la denunciante, en lugar de sobre el acusado. En un caso tan grave como el de Mouliaá, que relató sentirse dominada y paralizada durante los hechos, el enfoque debería estar en garantizar un entorno seguro y respetuoso para la víctima, no en revictimizarla.

Este episodio no es un caso aislado. El acoso institucional, a menudo invisibilizado, forma parte del día a día de muchas mujeres que buscan justicia. La ministra Pilar Alegría expresó públicamente su dolor tras ver las imágenes, calificándolas como “incómodas” y señalando el profundo impacto emocional que han tenido en muchas mujeres del país. Sin embargo, el problema no se resuelve con declaraciones de indignación. La revictimización tiene nombres, apellidos y estructuras que la sostienen.

LA URGENCIA DE UNA REFORMA JUDICIAL INCLUSIVA

El caso de Carretero demuestra una vez más que no basta con aprobar leyes progresistas si quienes deben aplicarlas carecen de sensibilidad y formación. Aunque la ley de eficiencia en la justicia, mencionada por el ministro Félix Bolaños, pretende introducir cambios relevantes, los protocolos y cursos diseñados para sensibilizar a los magistrados siguen siendo insuficientes y, en muchos casos, opcionales. Esto significa que cualquier juez, independientemente de su preparación, puede presidir un caso de violencia machista.

Expertas en violencia de género han subrayado cómo la falta de formación lleva a situaciones “lamentables”, como este interrogatorio. Según un estudio de la Asociación de Mujeres Juezas de España, menos del 50% de los jueces y magistrados han recibido formación en violencia de género. Este dato resulta inaceptable en un país donde cada año se registran miles de denuncias por violencia machista.

Las cifras de quejas al CGPJ no deben ser vistas como un logro de la sociedad civil, sino como una vergüenza institucional. Que más de 900 personas hayan tenido que alzar la voz contra un juez refleja el nivel de desesperación ante un sistema que falla a las víctimas. ¿Cuántas mujeres más deben ser humilladas para que se implementen cambios reales?

Además, este caso pone sobre la mesa otro tema preocupante: la filtración de imágenes sensibles de las declaraciones de Mouliaá. La publicación de estos vídeos no solo vulnera la privacidad de la víctima, sino que refuerza la normalización de la exposición mediática de casos que deberían manejarse con el máximo respeto y confidencialidad. La ministra Alegría lo expresó con claridad: “Estas imágenes me han dolido profundamente”. Pero el dolor no basta; hace falta una acción concreta.

La formación obligatoria en perspectiva de género, junto con la creación de secciones especializadas en los juzgados, debe ser una prioridad. No es suficiente con ofrecer cursos; la formación debe ser continua y exigible para todos los magistrados y magistradas. De lo contrario, seguirán repitiéndose episodios como el de Elisa Mouliaá, donde la justicia se convierte en un nuevo agresor.

La indignación pública y el expediente del CGPJ no resolverán el problema de fondo si no se abordan las raíces estructurales de este machismo judicial. Cada revictimización, cada pregunta humillante y cada silencio institucional son un recordatorio de que la justicia, tal y como está, no es para todas y todos.