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La SAVE America Act impone pruebas de ciudadanía que amenazan el derecho al voto de hasta 70 millones de mujeres en Estados Unidos
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el 12 de febrero la llamada SAVE America Act (Safeguard American Voter Eligibility Act) por 218 votos a favor y 213 en contra. Todos los republicanos respaldaron la medida. Solo un demócrata, el representante texano Henry Cuellar, votó a favor. La ley, apoyada por el presidente Donald Trump, obliga a presentar un pasaporte o un certificado de nacimiento para registrarse como votante y elimina el registro online.
El relato oficial habla de “sentido común” y lucha contra el fraude. La realidad documentada es otra. Según el Brennan Center for Justice, unos 21 millones de estadounidenses tendrían dificultades para conseguir su certificado de nacimiento. Y apenas la mitad de la población dispone de pasaporte. No se trata de reforzar la democracia. Se trata de estrecharla.
La norma llega a nueve meses de las elecciones de medio mandato de noviembre de 2026, en las que se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. El contexto no es neutro. Trump insiste desde 2020 en que hubo fraude en las elecciones que perdió frente a Joe Biden. No existen pruebas que respalden esa narrativa. Pero sí existe una estrategia: sembrar sospecha, endurecer requisitos y limitar el acceso al voto.
UNA BUROCRACIA DISEÑADA PARA EXPULSAR
La SAVE America Act afecta de manera desproporcionada a las mujeres. Lo denunció la congresista demócrata Teresa Leger Fernández, quien alertó de que casi 70 millones de mujeres en Estados Unidos no utilizan el mismo apellido que figura en su certificado de nacimiento, tras haber adoptado el de su esposo al casarse. Si el nombre actual no coincide exactamente con el documento original, el registro puede ser rechazado.
No es una hipótesis teórica. Es una consecuencia directa del texto legal. La identidad femenina convertida en obstáculo administrativo.
Las mujeres votan en tasas más altas que los hombres en todas las elecciones presidenciales desde 1980. El dato no es ideológico. Es estadístico. Y en un país donde la movilización femenina ha sido decisiva en las últimas décadas, imponer requisitos que penalizan cambios de apellido no es casualidad.
Las latinas pueden verse aún más afectadas. El uso de dos apellidos, los nombres compuestos o las tildes generan discrepancias en bases de datos oficiales. La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) ha advertido de que la norma golpeará “primero y con mayor fuerza” a la comunidad latina. No es una exageración. Es una constatación demográfica.
También las personas mayores de 65 años afrontan un problema añadido. Cuanto más antiguo es el certificado de nacimiento, más complejo y costoso resulta recuperarlo. Y la ley obliga a realizar el registro de manera presencial, eliminando la posibilidad de hacerlo online. En zonas rurales, eso implica horas de desplazamiento. En familias de bajos ingresos, implica dinero que no sobra.
EL MITO DEL FRAUDE Y LA REALIDAD DEL PODER
El presidente de la Cámara, Mike Johnson, defendió la medida alegando que se exige identificación para conducir o abrir una cuenta bancaria. La comparación es falaz. El derecho al voto no es un servicio. Es un pilar constitucional.
Los extranjeros no naturalizados no pueden votar según la Constitución estadounidense. Y el fraude electoral es estadísticamente insignificante. Lo han demostrado múltiples investigaciones estatales y federales tras las elecciones de 2020. Sin embargo, el discurso del fraude se ha convertido en herramienta política.
Desde el Center for American Progress señalan una ironía reveladora: las mujeres conservadoras son las más propensas a cambiar su apellido tras el matrimonio. Y las tasas más altas de posesión de pasaporte se concentran en Estados costeros tradicionalmente demócratas. En siete Estados rurales republicanos, menos de un tercio de la ciudadanía dispone de pasaporte. La ley no discrimina solo por ideología. Discrimina por renta, por territorio y por género.
Además, la norma restringe el voto por correo y endurece las formas de identificación aceptadas el día de la votación. Se excluyen identificaciones estudiantiles y documentos tribales sin fecha de caducidad (la mayoría no la tiene). La democracia se redefine a golpe de lista de requisitos.
El paralelismo con distopías literarias no es casual. Cuando el acceso al voto depende de coincidencias exactas en documentos históricos, cuando el apellido de una mujer se convierte en trampa administrativa y cuando el registro presencial sustituye al digital en un país de dimensiones continentales, lo que se erosiona no es solo un procedimiento. Se erosiona el principio de igualdad política.
La Constitución delega la gestión electoral en los Estados. Trump ha expresado su deseo de “nacionalizar” los comicios. Centralizar el control y restringir el acceso forman parte de una misma lógica. Una lógica que entiende la democracia como campo de batalla y no como espacio común.
No es una ley técnica. Es una ley ideológica. Cuando votar se convierte en privilegio documental, la democracia deja de ser universal y empieza a parecerse demasiado a un filtro social con rostro de mujer.
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