El expresidente brasileño se convierte en el primer mandatario juzgado y encarcelado por tramar un golpe tras perder unas elecciones.
UN JUICIO HISTÓRICO EN BRASILIA
La escena es inédita en la historia de Brasil. Jair Bolsonaro, expresidente ultraderechista, ha sido condenado a 27 años y 3 meses de prisión por intentar un golpe de Estado contra el Gobierno de Lula da Silva. La decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) rompe con décadas de impunidad presidencial y abre un precedente que descoloca tanto a las élites brasileñas como a Washington.
Tras tres jornadas de juicio, la Primera Sala del STF cerró con cuatro votos a favor de la condena y uno en contra. Carmen Lúzia, única jueza mujer en el proceso, lo dijo sin rodeos: “La presente acción penal es un encuentro de Brasil con su pasado, con su presente y con su futuro”. A Bolsonaro se le consideró culpable de intento de golpe de Estado, abolición violenta del Estado democrático, organización criminal armada y daños contra el patrimonio público.
El expresidente, que ya había perdido la inmunidad y estaba en prisión domiciliaria por obstrucción a la justicia, pasará ahora previsiblemente al Complejo Penitenciario de Papuda, en Brasilia. Un centro de máxima seguridad que Bolsonaro teme como castigo adicional: no será una prisión militar, sino la común que corresponde a cualquier ciudadano.
EL GIRO TRUMPISTA Y LA SOMBRA DE WASHINGTON
El fallo provocó alivio en Brasilia y furia en Washington. El Gobierno de Donald Trump presionó durante todo el proceso con amenazas abiertas. El secretario de Estado, Marco Rubio, llegó a advertir que “Estados Unidos responderá” ante lo que llamó persecución política. Incluso la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, deslizó la posibilidad de que Trump usara “medios militares” para defender a Bolsonaro.
No es casual. La condena al brasileño es también un mensaje hacia fuera: ningún dirigente debería estar por encima de la democracia. Pero la Casa Blanca prefiere hablar de “caza de brujas”. Trump no ocultó su simpatía: “Lo conocí como presidente de Brasil, era un buen hombre. Esto es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo”. El espejo norteamericano es evidente.
La votación del Supremo dejó al desnudo las tensiones internas. El magistrado Luiz Fux votó en contra tras una intervención de 13 horas plagada de contradicciones. Hace un año calificaba los ataques del 8 de enero de 2023 en Brasilia como “repugnantes e inaceptables”, pero ahora habló de “turba desordenada”. Condenar a cientos de participantes y absolver al jefe de la trama es un sinsentido jurídico que solo se entiende en clave política, señaló la diputada Duda Salabert.
Analistas ven en Fux un movimiento táctico: posicionarse para ser ministro de Justicia si la extrema derecha regresa al poder en 2026 de la mano de Tarcísio de Freitas. El voto de Fux alimenta el discurso bolsonarista, pero la sentencia final lo deja aislado.
El magistrado Alexandre de Moraes, relator del caso, fue tajante: las amenazas del expresidente contra el Supremo no son libertad de expresión, son ataques directos a la democracia. Y el juez Flávio Dino recordó que “hubo menos pruebas en el golpe de 1964 que en este intento de 2023”.
UN ANTES Y UN DESPUÉS
Bolsonaro cayó por lo que él mismo intentó imponer: la fuerza. Desde 2021 había empezado a tejer lo que la Fiscalía llamó “máquina del golpe”. La narrativa de fraude electoral, el estímulo a los asaltos de enero de 2023, la connivencia con sectores militares y el montaje de una organización criminal quedaron demostrados en el Supremo.
Nunca antes un expresidente brasileño había sido condenado por intentar abolir el Estado democrático de derecho. Lula respira, pero el bolsonarismo no desaparece: la condena puede reconfigurarlo como fuerza de resistencia y victimismo, con Trump como aliado global.
La defensa de Bolsonaro ya prepara recursos y pide prisión domiciliaria por motivos de salud. Pero la revisión de la sentencia es improbable. Lo que sí es seguro es que, a partir de ahora, Bolsonaro será recordado como el presidente que intentó destruir la democracia brasileña y terminó derrotado en los tribunales.
La frase de Carmen Lúzia resume el momento: “Este juicio no es solo un acto jurídico. Es un encuentro con el futuro de Brasil”.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
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THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
El Pentágono ha dado un paso sin precedentes: poner la toma de decisiones y la estrategia militar en manos de la inteligencia artificial. Patricia Salvador te cuenta en este #ReportajeSR cómo, a…