Ayuso se cuelga medallas con dinero del Estado: así manipula la Comunidad de Madrid las ayudas al transporte 

La presidenta madrileña oculta que la gratuidad del abono para menores de 15 años es una medida estatal financiada con 355 millones de euros

Una vez más, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso convierte la mentira en estrategia institucional. El pasado martes, la Comunidad de Madrid anunció con entusiasmo que el abono transporte mensual será gratuito para menores de hasta 14 años a partir del 1 de julio. Lo hizo a bombo y platillo, sin mencionar ni una sola vez que la medida no es suya. La financiación corre a cargo del Gobierno central, que destina 355 millones de euros a subvencionar este y otros descuentos para fomentar la movilidad sostenible.

Ocultar el origen de los fondos públicos es una forma de propaganda institucional que vulnera la legalidad. Así lo ha recordado el Ministerio de Transportes, encabezado por Óscar Puente, quien ya ha advertido de que este incumplimiento del Decreto Ley 1/2025 podría acarrear sanciones. La normativa es clara: cualquier comunidad autónoma que se beneficie de las ayudas al transporte debe dejar constancia pública de que los fondos provienen del Estado.

Pero en Madrid la propaganda pesa más que la transparencia. El mensaje que el martes difundió el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) —organismo dependiente del Ejecutivo autonómico— no hacía ninguna referencia al papel del Gobierno estatal. Se presentaba la medida como una iniciativa propia, en un ejercicio de manipulación política que recuerda a los peores tiempos del caciquismo. “La Comunidad de Madrid amplía la gratuidad del abono transporte hasta los 14 años”, tuiteaban. Mentira a medias: la amplía el Estado, y Madrid lo oculta.

Casi 600.000 niñas y niños madrileños se beneficiarán de esta medida. También continuará siendo gratuito el transporte para mayores de 65 años —más de un millón de personas usuarias—, otra de las políticas de bonificación que, sin embargo, Ayuso se atribuye sin rubor. Pero la opacidad no termina ahí: no se ha aclarado todavía si los jóvenes de entre 15 y 25 años seguirán pagando ocho euros al mes o si se aplicará la rebaja del 50% anunciada también por el Ministerio. De momento, silencio.

CUANDO LA PROPAGANDA SUPLANTA A LA POLÍTICA SOCIAL

Lejos de rectificar, el Gobierno regional ha reaccionado con su habitual altanería. “Quieren buscar polémica donde no la hay”, ha dicho Miguel Ángel García Martín, portavoz del Ejecutivo madrileño. Una respuesta que no solo evade responsabilidades, sino que refleja el desprecio constante hacia las normas que regulan el uso de fondos públicos.

El objetivo de esta política estatal es claro: aliviar la carga económica de las familias, fomentar el transporte público y avanzar hacia una movilidad más sostenible. El programa incluye también una rebaja del 50% para jóvenes hasta los 25 años y descuentos del 40% para otros tipos de abonos. Todo esto será posible si las comunidades autónomas lo solicitan antes del 30 de abril. Pero en Madrid, en lugar de celebrar la cooperación institucional, se opta por la apropiación indebida del mérito.

No es la primera vez que Ayuso utiliza fondos públicos para hacer propaganda partidista. A principios de año, se generó un caos informativo con la supuesta suspensión de los descuentos del 60% en el abono mensual. La causa: la ley ómnibus que contenía las ayudas no había sido aprobada aún. Pero sí se aprobó más tarde, y las bonificaciones se extendieron hasta el 30 de junio. En cada paso, el Gobierno regional ha intentado responsabilizar al Ejecutivo central de sus propios vaivenes y decisiones.

Lo mismo ocurre con Cercanías. Aunque su gestión depende del Estado, la Comunidad de Madrid no ha propuesto ni una sola medida concreta para mejorar la movilidad ferroviaria, mientras sí presume de ampliar líneas de metro con fondos europeos. Atribuirse lo que no le corresponde es parte de su estrategia. Mentir, también.

La ciudadanía madrileña necesita una política de transporte público eficiente, universal y verdaderamente sostenible. Pero lo que recibe es propaganda, manipulación de cifras y un gobierno regional que se apropia del trabajo de otras administraciones para alimentar su relato de autosuficiencia.

Convertir la movilidad en un campo de batalla ideológica es un desprecio absoluto a quienes dependen del transporte para vivir.