Ayuso, fiscalía y mentiras de Estado: el correo que desmonta al novio presidencial 

El mismo hombre que denunció una filtración por parte del fiscal general ocultó que había enviado su confesión a terceros ajenos a la causa.

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, mintió al Tribunal Supremo. Así, sin rodeos. La Fiscalía ha destapado que el empresario envió un correo clave, el 2 de febrero de 2024, en el que reconocía haber cometido dos delitos fiscales por valor de 1,7 millones de euros. A cambio, ofrecía una confesión para evitar la cárcel. Lo hizo a la Fiscalía de Delitos Económicos, pero también, ese mismo día, a un abogado del Estado que ni siquiera estaba personado en el caso. Un detalle que él y su defensa han ocultado sistemáticamente al Supremo en su ofensiva judicial contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Este correo es el pilar sobre el que se sostiene la querella por revelación de secretos presentada por González Amador, alegando que fue la Fiscalía quien filtró su confesión a la prensa. Pero el nuevo descubrimiento cambia el tablero por completo. Porque, si el correo no solo se envió a la Fiscalía sino también a un tercero ajeno a la causa, la supuesta confidencialidad que tanto defiende se convierte en una mentira calculada para manipular a la opinión pública y desacreditar al fiscal general.

En el texto enviado el 2 de febrero, González Amador admitía haber falseado una decena de facturas y simulado gastos por casi dos millones de euros para evitar el pago de 350.000 euros en impuestos. Se trataba de un acuerdo de conformidad, es decir, un pacto a cambio de rebajar la pena de cárcel a ocho meses. Un trato ventajoso para quien ha defraudado de forma tan burda y sistemática.

EL USO POLÍTICO DE LA JUSTICIA Y LA FABRICACIÓN DEL VÍCTIMA

La defensa de González Amador —y, por extensión, la presidenta madrileña que le respalda— ha montado todo un relato victimista para acusar a la Fiscalía de vulnerar derechos y lanzar una caza política. Pero ese relato hace aguas. Según señala la Abogacía del Estado, el hecho de que el correo se enviara voluntariamente a alguien externo a la investigación demuestra que ni el contenido era confidencial ni existía voluntad real de protegerlo.

La Fiscalía del Supremo subraya que este gesto anula la tesis de la revelación de secretos y apunta a un intento deliberado de instrumentalizar los tribunales para encubrir delitos fiscales y deslegitimar a sus perseguidores. No solo eso. Según fuentes de la defensa de los fiscales imputados, el propio González Amador habría engañado al Supremo al hacer creer que solo la Fiscalía tenía acceso a ese correo, cuando él mismo lo habría compartido con más de un destinatario. Es decir: el acusado, que denuncia una filtración, fue el primero en romper la confidencialidad.

Este nuevo giro demuestra que la causa contra el fiscal general —el último cartucho del PP para salvar la imagen de Ayuso— está construida sobre falsedades, omisiones y medias verdades. El juez Ángel Hurtado, instructor del caso, había descartado ya los testimonios que apuntaban a que los medios conocieron el correo antes de que lo hiciera la Fiscalía. Pero ahora, con la aparición del envío paralelo a la Abogacía del Estado, todo apunta a que la denuncia de González Amador no solo es falsa, sino deliberadamente fabricada para atacar a la Fiscalía.

Y mientras tanto, Isabel Díaz Ayuso sigue ejerciendo su cargo como si nada ocurriera, blindada por una derecha que ha normalizado el fraude fiscal como una travesura y la mentira como herramienta política. La presidenta no ha dado explicaciones públicas sobre las actividades de su pareja. No ha condenado la confesión de delitos. No ha asumido responsabilidad alguna. La corrupción, al parecer, duerme en su misma cama y no le quita el sueño.

En un país donde las y los trabajadores son perseguidos por una factura mal hecha o una ayuda mal cobrada, ver a las élites fiscales manipulando el sistema judicial para eludir sus propios crímenes no es solo indignante: es obsceno.