Ayuso ficha como candidato al único alcalde del partido fascista España 2000 

España 2000 es un partido abiertamente fascista que reivindica y se identifica con el legado del dictador Benito Mussolini

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a ser noticia por su controvertida política de fichar a políticos ultraconservadores y fascistas. En esta ocasión, ha incorporado a la lista de alcaldes al único alcalde que el partido heredero del fascismo España 2000 ha conseguido en la historia de la democracia. El PP de Madrid ha fichado a Lázaro Polo para que se presente como candidato a la alcaldía de Santos de la Humosa, un pequeño pueblo de 2.500 habitantes de la cuenca del Henares.

España 2000 es un partido abiertamente fascista que reivindica y se identifica con el legado del dictador Benito Mussolini. En su página web, el grupo reivindica en efecto el fascismo, indicando que “la única ideología realmente novedosa que alumbró el pasado siglo XX fue el fascismo”. Además, su líder, José Luis Roberto, afirma que su partido está más cerca del fascismo que del capitalismo y del comunismo.

La decisión de Díaz Ayuso de incluir a un político de España 2000 en sus listas ha generado una gran controversia en la sociedad española. Este movimiento supone una regresión hacia ideologías y prácticas políticas que deberían haber quedado en el pasado. Además, este tipo de medidas pueden fomentar la polarización y la división social.

Esta no es la primera vez que Ayuso ficha a políticos ultraconservadores y fascistas. En el pasado, ha incorporado a sus listas a políticos de Vox, un partido que también tiene una posición muy conservadora y que ha sido criticado por su retórica xenófoba y homófoba. Además, Ayuso ha purgado a los alcaldes afines a Pablo Casado, el líder del Partido Popular a nivel nacional, y ha demostrado una clara voluntad de controlar la estructura del partido en la Comunidad de Madrid.

Lla estrategia de Ayuso de fichar a políticos ultraconservadores y fascistas puede tener consecuencias graves para la democracia y la convivencia en España. Este tipo de medidas suponen una amenaza para los derechos y las libertades fundamentales de los ciudadanos.