La Comunidad de Madrid ya ha pagado 11 millones de euros a la productora de Ana Rosa Quintana.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado las personalidades que recibirán las Medallas de Honor de la Ciudad de Madrid en la próxima edición de San Isidro. Entre las tres personas seleccionadas se encuentran la periodista Ana Rosa Quintana, la artista Alaska y el fallecido alcalde Melchor Rodríguez.
Ana Rosa Quintana, conocida por ser una de las mayores defensoras de las ideologías de la derecha en España, ha sido señalada en múltiples ocasiones por difundir noticias falsas y apoyar discursos que han sido considerados peligrosos por algunos sectores de la sociedad. Alaska, por su parte, ha sido criticada por defender a los negacionistas de la pandemia y por alabar a políticos del Partido Popular.
La decisión ha sido tomada por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, presidida por Almeida, quien ha justificado la elección de las personalidades al señalar que son «de reconocido prestigio y amplia trayectoria». Sin embargo, estas justificaciones no han sido suficientes para calmar la indignación de muchos ciudadanos, quienes han cuestionado la verdadera motivación detrás de la elección.
Además de las Medallas de Honor, el Ayuntamiento de Madrid puede otorgar otros títulos y distinciones, como el Título de Hijo Predilecto o el de Hijo Adoptivo de Madrid, el Título de Alcalde Honorario, la Medalla de las Artes y las Letras de la Ciudad de Madrid y el Título de Embajador o Embajadora de Madrid. Sin embargo, la elección de las Medallas de Honor es especialmente relevante debido a su naturaleza excepcional y al hecho de que se otorgan a personas que han destacado por sus méritos personales y por haber prestado servicios muy relevantes a la ciudad.
Las críticas hacia Almeida no solo se han centrado en la elección de las personalidades, sino también en su labor al frente del Ayuntamiento de Madrid. En los últimos años, Almeida ha sido objeto de numerosas críticas por su gestión del espacio público y su política urbanística, así como por sus decisiones en torno a la memoria histórica y el patrimonio cultural. La decisión de mantener la calle de la División Azul, que luchó al lado de los nazis, mientras se eliminan calles dedicadas a figuras destacadas del movimiento obrero, ha sido especialmente controvertida y ha generado una fuerte oposición por parte de algunos sectores de la sociedad madrileña.
11 millones a Ana Rosa
El Gobierno de Ayuso ha destinado 11,5 millones de euros a la productora de Ana Rosa Quintana, Unicorn Content, a través de Telemadrid desde que Ayuso es presidenta hasta finales de 2022. En total, han sido ocho programas diferentes desde 2019, incluyendo el buque insignia de la productora, 120 minutos, así como programas especiales y otros programas como Vuelta al Cole o El Club del Tupper.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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