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El proyecto y las obras se llevaron a cabo por el Gobierno de Esperanza Aguirre desoyendo las advertencias de los informes técnicos.
El año pasado los bomberos desalojaron a toda prisa el bloque que hace esquina en las calles Rafael Alberti y La Presa, en la localidad de San Fernando de Henares, por un peligro latente de derrumbe en los que se había detectado.
Ese edificio pertenecía a la ‘zona cero’ de los daños causados por las obras de la Línea 7B de Metro que fue impulsada por Esperanza Aguirre, que desoyó las advertencias de los informes técnicos al respecto.
Cabe recordar que en 2008 un grupo de geólogos de la Universidad Autónoma de Madrid advirtió en un estudio sobre las dificultades que presentaba el terreno sobre el que se había construido la línea.
Y así fue, posteriormente y habiendo ignorado las informaciones, con el daño ya hecho, el Gobierno autonómico reconoció públicamente que la situación que se vive en San Fernando de Henares tiene relación directa con las obras del tramo de la línea 7B.
«El Gobierno regional envió a las familias a unos aparta-hoteles en un polígono industrial cercano, en los que la mayoría sigue viviendo a día de hoy pero que tendrán que abandonar el 20 de septiembre, porque el Ejecutivo madrileño ha decidido ahora no renovar la orden de emergencia que le permite financiar esos alquileres», informan desde elDiario.es.
“Nos dejan con una mano delante y otra detrás. Completamente tirados”, denuncian los vecinos que ahora no pueden hacer frente a los costes.
Ahora, por otro lado, la línea 7B de Metro de Madrid, también conocida como Metroeste se lleva a cabo la novena interrupción de la circulación de trenes en esta línea del suburbano comienza este miércoles y, de momento, se desconoce cuánto tiempo durará.
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Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
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Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
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