«Mi país es ahora un régimen de apartheid»: Así habla el ex fiscal general de Israel 

El ex fiscal general de Israel ha comentado la posición del país sobre Palestina.

Michael Benyair, ex fiscal general de Israel, ha escrito en The Journal, donde ha tomado las declaraciones de Amnistía Internacional que califican a Israel de «un cruel sistema de dominación y un crimen contra la humanidad».

«La continua dominación de Israel sobre estos territorios es una gran injusticia que debe rectificarse urgentemente. Con gran tristeza también debo concluir que mi país se ha hundido a tales profundidades políticas y morales que ahora es un régimen de apartheid. Es hora de que la comunidad internacional reconozca también esta realidad», expresa Benyair.

«Desde 1967, las autoridades israelíes han justificado la ocupación alegando que es temporal hasta que se pueda encontrar una solución pacífica entre israelíes y palestinos. Sin embargo, han pasado cinco décadas desde que estos territorios fueron conquistados e Israel no muestra interés en rescindir este control. Es imposible concluir lo contrario: la ocupación es una realidad permanente. Esta es una realidad de un solo Estado, con dos pueblos diferentes que viven con derechos desiguales», continúa.

«Violando el derecho internacional, Israel ha trasladado a más de 650.000 de sus ciudadanos judíos a vivir en asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este. Estos asentamientos se establecen en áreas que rodean aldeas palestinas, fragmentando intencionalmente a las comunidades palestinas entre sí, para evitar en última instancia la posibilidad de un estado palestino contiguo. En Jerusalén Este, las leyes de propiedad discriminatorias están obligando a los palestinos a abandonar sus hogares en una política respaldada por el estado de judaizar la ciudad», explica.

«Es el gabinete ministerial israelí para los asentamientos el que aprueba todos los asentamientos ilegales en los territorios ocupados. Fui yo, en mi papel de Fiscal General, quien aprobó la expropiación de tierras privadas palestinas para construir infraestructura como carreteras que han arraigado la expansión de los asentamientos», confiesa.

«Son los tribunales israelíes los que defienden las leyes discriminatorias destinadas a expulsar a los palestinos de sus hogares en Jerusalén oriental y de sus tierras en la Ribera Occidental. Sus proveedores de atención médica operan a través de la Línea Verde. Y los ciudadanos israelíes en última instancia pagan impuestos que subsidian el afianzamiento del control y la dominación del gobierno en estos territorios», especifica.

Entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, es Israel el que está privando permanentemente a millones de palestinos de sus derechos civiles y políticos. Esto es el apartheid israelí.

«Hay dos posibles soluciones democráticas que pueden resolver este statu quo. La primera es otorgar a todos los que viven bajo control israelí la ciudadanía plena y la igualdad», sentencia.

«Desafortunadamente, este escenario conduciría a una pérdida de la mayoría judía y a la «balcanización» de todo el territorio, aumentando la probabilidad de un conflicto intratable. La segunda solución posible sería que Israel se retirara de los territorios ocupados y estableciera un Estado palestino que viviera junto a Israel. Esto no solo garantizaría la división justa de la tierra entre los palestinos indígenas y el pueblo judío que han sido perseguidos durante miles de años. También garantizaría tanto una solución sostenible al conflicto israelo-palestino como el fin del apartheid», concluye.