El asesinato de una cuidadora en Badajoz expone el abandono de los pisos tutelados 

La muerte de María Belén C.F. revela las carencias de seguridad y la precariedad laboral en los centros de menores bajo la gestión de la Junta de Extremadura

María Belén C.F., una trabajadora de 35 años, fue asesinada el pasado domingo en un piso tutelado de Badajoz, presuntamente a manos de tres menores bajo medidas judiciales. La brutalidad del crimen —asfixiada con un cinturón y golpeada— ha conmocionado a la opinión pública, pero también ha destapado una realidad incómoda y peligrosa: las condiciones de precariedad y desprotección en las que trabajan las y los cuidadores de menores en centros gestionados por la Junta de Extremadura.

Tres menores, de entre 14 y 17 años, fueron detenidos por el crimen. Tras acabar con la vida de María Belén, huyeron en el coche de la víctima y terminaron sufriendo un accidente cerca de Lobón. A pesar de ello, lograron hacer autostop y regresar a Badajoz, donde fueron arrestados a primera hora del lunes.

Lo ocurrido ha desatado una oleada de indignación entre las y los profesionales del sector. La víctima había denunciado días antes a uno de los agresores por amenazas, lo que evidencia que la situación de violencia e inseguridad en estos centros no era desconocida. Sin embargo, las autoridades no actuaron para prevenir lo que finalmente acabó en tragedia.

La gestión de estos pisos tutelados está bajo la supervisión de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, pero la responsabilidad directa recae sobre una empresa privada contratada por la Junta. Esto añade otra capa de negligencia institucional a un sistema que ya estaba al límite. Las denuncias de agresiones, amenazas y condiciones laborales precarias llevan años acumulándose sin que las autoridades tomen medidas efectivas.

FALTA DE SEGURIDAD Y PRECARIEDAD: UNA COMBINACIÓN MORTAL

El asesinato de María Belén C.F. no es un hecho aislado. Es la consecuencia directa de un sistema de protección de menores que prioriza la gestión privada y el ahorro de costes sobre la seguridad y el bienestar de los trabajadores y los menores.

En el piso donde trabajaba María Belén no había cámaras de seguridad ni personal de vigilancia. La trabajadora estaba sola en el turno, lo que implica una vulnerabilidad extrema ante cualquier situación violenta. Los sindicatos y las y los trabajadores llevan años denunciando estas carencias, pero las autoridades han ignorado sistemáticamente las advertencias.

Los pisos tutelados, como el de la urbanización Guadiana de Badajoz, acogen a menores que cumplen medidas judiciales en régimen semiabierto. Esto significa que, a diferencia de un centro de internamiento, el nivel de vigilancia es muy inferior. Sin embargo, los perfiles de los menores ingresados y el tipo de medidas judiciales que cumplen deberían haber llevado a un refuerzo de las medidas de seguridad.

En el momento del crimen, en el piso solo trabajaba María Belén. Según sus compañeras y compañeros, la situación era insostenible desde hace semanas. Las amenazas y las agresiones eran frecuentes, pero la dirección de la empresa y la Junta de Extremadura optaron por mirar hacia otro lado.

El caso del centro de menores Marcelo Nessi, también gestionado por la Junta, es igualmente alarmante. Las y los trabajadores del centro llevan tiempo denunciando agresiones constantes y falta de personal. La muerte de María Belén es la prueba definitiva de que la política de ahorro y externalización ha puesto en peligro la vida de quienes sostienen el sistema de protección de menores.

Este asesinato era evitable. La denuncia previa de María Belén y las advertencias sobre la falta de seguridad deberían haber servido para activar protocolos de protección y reforzar las medidas de vigilancia. No se hizo nada. Las y los cuidadores de estos centros trabajan en condiciones de vulnerabilidad extrema, lidiando con situaciones de violencia sin el respaldo institucional necesario.

El asesinato de María Belén C.F. no es solo una tragedia personal. Es el resultado directo de una política de precariedad y abandono institucional. La Junta de Extremadura y la empresa gestora son responsables de haber dejado sola a una trabajadora en un entorno de alto riesgo.